Paraná
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GOBIERNO
El reclamo a la provincia se inició en 2016
La Justicia Federal, competente en millonario reclamo al Estado

Fecha: 03/01/2018  Hora: 08:00  

- Un estudio de abogados de Santa Fe, contratados durante la gestión de Sergio Montiel, reclama honorarios profesionales impagos por trabajo de asesoría; La suma superaría loa 80 millones de pesos


La Justicia Federal de Paraná se declaró competente para intervenir en juicio entablado por un estudio de abogados de Santa Fe contra la provincia y que involucra el reclamo de un pago de una suma adeudada que rondaría los 80 millones de pesos.

Se trata de una demanda que el estudio Giménez Lassaga Sociedad Civil entabló ante el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, pero que el Gobierno de Entre Ríos pretende dirimir ante el fuero federal.

En su resolución, el juez Daniel Edgardo Alonso, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Paraná, declaró “la procedencia del fuero y la competencia”, y además decretó “la prohibición de innovar y suspender la ejecutoriedad del laudo arbitral dictado por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 14 de noviembre de 2017.

HISTORIA. La historia del reclamo se remonta a la época de la gestión del exgobernador radical Sergio Alberto Montiel, cuando se contrató los servicios del estudio Giménez Lassaga.

Antes de la desregulación de los servicios públicos, que ocurrió durante la presidencia de Carlos Menem, el Banco de Entre Ríos fue una sociedad de economía mixta con mayoría del Estado, y la distribución de la energía eléctrica estuvo a cargo de una empresa pública, Empresa Provincial de Energía de Entre Ríos (Epeer).

Pero en la década de los ‘90 ambas empresas fueron transferidas a privados. En el año 2001, el paquete mayoritario del Banco de Entre Ríos SA pertenecía a Credite Agricole (Francia) y el la distribuidora eléctrica, convertida ya en la Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos SA (Edeersa), PESG Américas (Estados Unidos).

En 2002, en ambos casos, los accionistas decidieron, lisa y llanamente abandonar sus posiciones accionarias. Por entonces, era gobernador Sergio Montiel, quien contrató al estudio santafesino Giménez Lassaga para que los asesorara comercialmente en ambas situaciones para encarar el proceso de reestatización.

Respecto del Banco de Entre Ríos, la Provincia era accionista minoritaria y con relación a Edeersa, la empresa estaba unida a la Provincia mediante contrato de concesión del servicio público de energía eléctrica.

El contrato con Giménez Lassaga disponía que asesoraría a los equipos técnicos a los que le correspondería intervenir en ambas situaciones creadas. Además, establecía una remuneración a razón de $ 200 la hora (algo así como 67 dólares). Pero además se estableció una cláusula que disponía que en el caso “que se produzcan recuperos de dinero en efectivo, en especie o bajo cualquier modalidad cuantificable económicamente, el estudio percibirá una suma equivalente al 12% neto del importe correspondiente al monto dinerario, valor de tasación actualizado o estimación del valor que beneficie a la Provincia como consecuencia de la labor encomendada. Dicha suma será abonada al tiempo que la mandante ingrese o disponga el valor correspondiente, debiendo efectuar la liquidación en un lapso no superior a los 30 días de emitida la correspondiente facturación”

El reclamo no prosperó con el banco, pero sí con la distribuidora eléctrica. Giménez Lassaga pretende cobrar un 12% del patrimonio de Energía Entre Ríos SA (Enersa) calculado al momento de la transferencia del activo de Edeersa a la Provincia, que al mes de abril de 2005 ascendía a $
680.000.000. Es decir, la pretensión es de más de $ 81.000.000.

DEMANDA. El abogado Eduardo Giménez Lassaga inició en 2016 una demanda ante el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires contra la Provincia de Entre Ríos por un monto escandaloso: más de 80 millones de pesos.

El pleito lo inició en representación del Estudio Giménez Lassaga Sociedad Civil, con domicilio en San Martín 2748/2750, de la ciudad de Santa Fe, y ante lo que considera como incumplimientos del Estado entrerriano en el pago de honorarios por los servicios contratados durante la administración del radical Sergio Montiel, en 2003.

“La demanda tiene por objeto (que) se establezca la cuantía de los honorarios devengados impagos, con motivo de las contrataciones (…), los datos y perjuicios irrogados –lucro cesante, daño emergente y daño moral–, que se extiende a consecuencias mediatas e inmediatas, y su consiguiente cobro, conforme resulte de la prueba a producirse. En cada caso, los honorarios fueron pactados, en el contrato y no percibidos, no obstante labores realizadas, beneficios obtenidos y reclamaciones realizadas. El aludido rubro se compone de dos partes: a) el valor horario convenido, por el que conforme a nuestros registros surge una deuda impaga de $46.613,50, según liquidaciones del año 2004; b) el porcentaje previsto en los contratos, no puede ser estimado en este momento habida cuenta de la reticencia en proporcionarnos los elementos necesarios para su determinación, por lo que queda al resultado de la prueba a producirse”, dice el texto de la demanda.

El contrato entre el Estudio Giménez Lassaga se hizo durante la administración Montiel y el proceso lo llevó adelante el entonces fiscal de Estado, Sergio Avero. En ese tiempo que siguió a la feroz crisis económica y social de 2001, las empresas estatales que durante la década de 1990 habían sido privatizadas, volvían a manos del Estado tras el retiro del país de los grandes consorcios.

En el contrato con el estudio jurídico para que le brinde asesoramiento a la provincia se convino una remuneración por hora de 200 pesos. Pero se le agregó una cláusula al contrato que establece que además se le va a pagar el 12% de los beneficios que obtenga la provincia de la gestión de recuperación del manejo del banco y del servicio eléctrico. El Estado sólo recuperó la distribución del servicio eléctrico. “Ese canon del 12% sobre el valor de la empresa resultó una cláusula ilegal e incierta. Sin una ley especial no se puede hacer un pacto de cuota litis en el Estado porque se están comprometiendo los recursos de la provincia”, dice el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes.

Cláusula
La cláusula IV, tercer párrafo del contrato firmado el 26 de setiembre de 2003, dice que en el caso de que se produzcan recuperos de dinero en efectivo, en especie o bajo cualquier modalidad cuantificable económicamente, el Estudio percibirá una suma equivalente al 12% neto del importe correspondiente al monto dinerario, valor de tasación actualizado o estimación del valor que beneficie a la Provincia como consecuencia de la labor encomendada. Dicha suma será abonada al tiempo que la mandante ingrese o disponga el valor correspondiente, debiendo efectuar la liquidación en un lapso no superior a los 30 días de emitida la correspondiente facturación.

El reclamo no funcionó con el caso del Banco de Entre Ríos, que se fundió, y se conformó una nueva empresa, Nuevo Banco de Entre Ríos, de capitales privados. Pero sí prosperaría en el caso de Enersa, compañía vuelta a las manos del Estado.
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, contestó la demanda ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y descartó que pueda existir algún reclamo que no haya tenido respuesta en la provincia.

En el escrito señala que en la demanda, Giménez Lassaga no ha podido probar que efectivamente brindó servicios a la provincia en los procesos de estatización. “Nada ha probado al respecto. Por eso nos sorprende para mal la absurda y descontrolada pretensión del actor de este proceso, y de sus consultores, que han intentado fijar como base económica para la regulación de honorarios profesionales el patrimonio de Enersa. Se trata, por lo menos, de un dislate”, dice el escrito.


























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  (El Diario)

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