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Reforma judicial

A las promesas se las lleva el viento; a la institucionalidad, la inacción

La apertura del 142° Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial se producirá en un contexto de tensión entre la Política y la Justicia. La última llega jaqueada por los efectos del femicidio de Fátima Acevedo, que aún con peso específico propio se potenció con un caso espejo en Buenos Aires: el femicidio de Úrsula Bahillo. La primera llega incomodada por un peligroso silencio, impropio de un poder del Estado en el que se debate la política y los destinos de los entrerrianos.

El 22 de febrero comenzará el juicio contra Jorge Nicolás Martínez por su presunta responsabilidad en el femicidio de su ex pareja, con quien tenía un hijo, Fátima Acevedo. La audiencia de juicio por jurados será presidida por la jueza María Carolina Castagno. La acusación pública, en representación de todos los entrerrianos, estará en manos de los fiscales Leandro Dato e Ileana Viviani.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) enviará a sostener los cargos contra Martínez a uno de los fiscales que mientras Acevedo estaba con vida, no le dio la importancia que requerían los numerosos pedidos de auxilio que la joven gritó a los cuatros vientos. Es justo señalar que la responsabilidad, o mejor dicho la irresponsabilidad judicial, no alcanza sólo al fiscal, sino que comprende a otros fueros del único Poder del Estado en el que sus miembros no son elegidos por el voto popular y cuyos cargos son vitalicios. Alcanza a la jueza de Familia, Rosario Moritán; y a las defensoras civiles con competencia en cuestiones de Familia, Noelí Ballhorst y Yamila Frate.

Expectativa

El lunes 15 el gobernador Gustavo Bordet dará inicio al 142 período de sesiones ordinarias de la Legislatura entrerriana. En la zona de influencia de Plaza Masilla en el centro cívico de Paraná, donde confluyen la Casa Gris, Tribunales y se concentra gran parte de la burocracia provincial, se vive una exasperante expectativa sobre cuál será la posición que sostendrá el primer mandatario provincial en relación a uno de los ejes inconclusos del período anterior, cuando prometió que iba a impulsar los mecanismos para profundizar la necesaria reforma judicial. Hace un año exactamente, Bordet proponía reformas para todos y todas y proponía lograr los consensos necesarios “para lograr un Poder Judicial ágil en la provincia de Entre Ríos”.

En aquella apertura, de cara a los legisladores y ante miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el gobernador manifestó: “Hay ciclos en la vida, como el de un gobernador o el de un legislador que tiene que ser electo cada tanto; o el de un profesor universitario que tiene que presentarse a concurso cada tanto para revalidar una cátedra. Por eso tiene que haber un tope o un límite para que los jueces no permanezcan eternamente en un cargo y haya posibilidad de recambio”. Bordet también incluyó en su visión de cómo debería ser el Poder Judicial a fiscales, defensores y otros funcionarios del Poder Judicial, los que por prescripción constitucional mantendrán sus cargos, según sostuvo, “mientras dure su buena conducta”.

¿Igualdad?

El gobernador también sostenía: “Tenemos que avanzar en normas que den previsibilidad y garantía a los ciudadanos entrerrianos. Todos somos iguales ante la ley. Tenemos que tener los instrumentos necesarios para poder garantizar que cualquier ciudadano tenga derecho a un juicio justo, y por eso trabajaremos en la reforma de distintos códigos, algo que en algunos casos ya se está llevando adelante”.

Lo que ha quedado muy claro, por el devenir del funcionamiento de la “Justicia”, es que no todos “somos iguales ante la Ley”. Dos casos, entre otros, pueden servir de ejemplo para comprender por qué es así. La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, pudo ser sometida a un jury por haber dictado embargos que excedieron el objeto de la investigación en la causa que investiga la existencia de Contratos en la Legislatura, por los que los supuestos beneficiarios sólo recibían una pequeña suma de dinero a cambio de prestar su nombre.

Los embargos dictados avanzaron sobre las cuentas sueldo de algunos imputados, a quienes por normativa no se les puede embargar más del 20 por ciento de los haberes. También sobre todos sus bienes, sin discriminar cuáles pudieron ser adquiridos con el usufructo del dinero supuestamente mal habido. La medida fue entendida como una maniobra de presión sobre los imputados, al igual que el dictado de prisiones preventivas en la cárcel sólo contra un grupo identificado con un sector del gobierno anterior, que sólo cesaron en su arbitrariedad y se permitió a aquellos cumplir la medida en la modalidad de arresto domiciliario cuando intervino la Sala Penal del STJ, la más alta instancia judicial de la provincia.

Fuentes judiciales explicaron que la causa para habilitar el nunca siquiera esbozado jury se encuentra en el artículo 15, inciso 2, de la Ley 9.283 de Honorable Jurado de Enjuiciamiento. Allí se prescribe que se podrá impulsar el mecanismo cuando el funcionario exhiba “falta de idoneidad para el cargo o ignorancia inexcusable del derecho o de la legislación vigente revelada por su errónea aplicación en sentencia, autos o decretos”.

La procuradora fiscal adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, negó en una audiencia oral y pública tener una relación comercial con uno de los imputados en aquella causa. La relación, que data de años antes de la sustanciación de la mega causa, quedó corroborada porque no tenía con el imputado una transacción sino dos, según se supo por los medios de comunicación. Esto no constituye ningún delito. Sí es preocupante que haya mentido ante el juez que presidió la audiencia ¿Qué pueden esperar los ciudadanos comunes con problemas ante la Ley Penal del sistema de Justicia, si la segunda al mando del organismo encargado de la persecución penal en la provincia falta a la verdad nada más ni nada menos que en una audiencia oral y pública? La pregunta admite pocas respuestas.

En el primer caso, para la Justicia, no hubo nada que investigar ni objetar. En el segundo, un pedido de informes al Superior Tribunal de Justicia de un ex diputado, espera pacientemente, tal vez desentendidamente, respuesta. De esto hace ya tres años.

¿Dedo?

El sitio APFDigital publicó el 1 de diciembre de 2020 que “el propio Ministerio Público Fiscal (MPF)” informó a través de su página que “siete de de cada 10 fiscales no lograron su cargo por concurso ni cuentan con el aval del Senado para ejercer la acusación pública en Entre Ríos”. La información añadía que “seis departamentos ni siquiera cuenta con un titular en su territorio y las investigaciones son hechas por interinos o suplentes. El Consejo de la Magistratura mantiene además sin definición 21 concursos para cubrir 41 fiscalías en distintos lugares de la provincia”.

La de por sí anómala situación exhibe su gravedad en hechos concretos. El ex fiscal interino de Nogoyá, Federico Uriburu, fue denunciado por una abogada de aquel foro por un supuesto incidente de violencia de género. La causa fue archivada, tras sortear distintas instancias “amigables”, por decisión del procurador general de la provincia. Es decir, por decisión de su jefe. No obstante, el archivo fue apelado, pero Uriburu no fue apartado momentáneamente de su cargo, sino que fue trasladado, por decisión de su jefe, a Rosario del Tala.

Vale preguntar y pensar si los fiscales se consideran “funcionarios públicos” a quienes alcanzan las normativas que comprenden a todos los funcionarios públicos. La reflexión viene a poner en exhibición que el gobernador, en otra importante señal, dijo que no permitiría que siguieran en sus cargos funcionarios denunciados. Esto fue motivo de la renuncia de un par de funcionarios “políticos”. Pero no de ningún funcionario judicial. Parece que los fiscales no se sienten alcanzados por aquella importante posición del gobernador.

Salud

La judicialización de la Política y su expresión más despiadada, el Lawfare, goza de buena salud. Aún después de toda la información de que dio cuenta de los mecanismos y las vinculaciones que lo sostienen. En Entre Ríos es claro el direccionamiento de la persecución penal en una dirección: el Partido Justicialista. El resultado de la ecuación sería: lo que no puedo lograr en las urnas lo consigo a través del sistema de “Justicia”.

En el fuero Federal las cosas son un poco más complejas. La investigación de la causa que comprendió al ex intendente de Cambiemos, Sergio Varisco, es un ejemplo de ello. Varisco y el concejal de la UCR, Pablo Hernández, y la ex funcionaria de aquella gestión, Griselda Bordeira, fueron condenados por el delito de Narcotráfico. Sin embargo, a pesar de que fue imputado del mismo delito y con las mismas evidencias, el entonces edil de Cambiemos, Emanuel Gainza fue desvinculado de la causa por el juez federal Leandro Ríos. Se dictó la falta de mérito y luego su sobreseimiento.

Para algunos la causa fue una manera de “sacarse” de encima a Varisco, a quien no pocos veían como el único vencedor de la interna de Cambiemos y serio adversario para las elecciones generales. La causa fue la manera que encontró Cambiemos para dirimir su interna en la provincia, a favor de un hombre del PRO. En una lectura con “códigos judiciales” ¿se necesitan más “evidencias” para entender que la persecución judicial apunta a dar de lleno contra la Política? ¿hace falta más “indicios” para advertir que aquella persecución pretende instalar “líderes” que no van a gestionar a favor de los sectores mayoritarios del país? Nicolo Maquiavelo, autor de El Príncipe, dijo alguna vez que “el que no detecta los males cuando nacen, no es verdaderamente prudente”. Es hora de despertar a la prudencia.

Fuente: entreriosplus.com
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