Saltar menúes de navegación e información institucional Teclas de acceso rápido
JUSTICIA

Advierten que se intenta reformular un hecho forzando los plazos legales

La defensa del imputado señaló que la reformulación del hecho y la incorporación de evidencia al legajo de Fiscalía, a partir de la muerte de la víctima, cuando la causa ya fue remitida a juicio por jurados, es improcedente y quebranta la garantía de la defensa en juicio, el debido proceso y los principios non bis in ídem y de congruencia.

El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Gervasio Labriola, escuchará esta mañana los argumentos de las partes para resolver el conflicto que se suscitó a partir del pedido del fiscal, Laureano Dato, que lleva la causa con su par, Melisa Saint Paul, cuando resolvió citar al imputado para reformular el hecho “primigeniamente imputado” y “hacer conocer la evidencia recientemente incorporada al Legajo Fiscal”.

La causa investiga las circunstancias en las que Lautaro Bertoldi recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza. El hecho ocurrió el 2 de febrero de 2022. La causa se elevó a juicio como homicidio en grado de tentativa. La víctima falleció el 2 de agosto.

Boris Cohen, defensor del imputado, Silvio Raúl Martínez, un ex penitenciario, rechazó el pedido del fiscal sosteniendo que “en este estadio procesal, es absolutamente improcedente”, porque “quebranta la garantía de la defensa en juicio, el debido proceso, el principio non bis in ídem (N de la R: principio que sostiene que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho), y el principio de congruencia, debiéndose rechazar el pedido de la fiscalía, haciendo esta parte reserva de recurrir en apelación y del caso federal suficiente”.

Cohen expuso que fue notificado por el fiscal del pedido “formulado a esta judicatura para trasladar a mi defendido a los fines de reformular el hecho primigeniamente imputado en esta causa, haciendo conocer la evidencia recientemente incorporada al Legajo Fiscal, en salvaguarda de la garantía de la defensa en juicio y la afectación del principio de congruencia derivado de aquella garantía, justamente el efecto contrario es el que se suscitaría de hacer lugar al pedido fiscal y permitir fuera de todo termino, plazo y forma procesal quebrantar no solo los principios que el fiscal dice querer resguardar sino también está quebrantando el principio del debido proceso, faltando a la verdad en cuestiones que voy a dilucidar a continuación”.

Cohen realizó un detallado recorrido de la causa precisando que el 7 de julio de 2022 se realizó la audiencia de elevación de la causa a juicio, que fue solicitada por Fiscalía ante la jueza de Garantías, Paola Firpo, con la Investigación Penal Preparatoria (IPP) concluida y cerrada.

El 2 de agosto, la jueza resuelve elevar la causa a juicio por jurados. Sin embargo, a pesar de lo resuelto en aquella audiencia, la remisión fue notificada a las partes el 9 de agosto, una semana después.

Esto ameritó un llamado de atención de la jueza a los responsables de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) “a fin que en el futuro no incurran en similares conductas y se notifique en término”.

El dato que complejiza el proceso consistió en que la víctima falleció el 2 de agosto. En este punto, el defensor planteó que “tal circunstancia, la muerte de Bertoldi, fue informada por el policía Blasón (N de la R: Horacio Blasón, jefe de la División Homicidios) al fiscal Dato el 8 de agosto de 2022, desconociendo esta defensa el porqué de su demora”.

El mismo 9 de agosto, el fiscal notificó a la defensa el fallecimiento de Bertoldi y solicitó la historia clínica de la víctima y pidió que se convoque a Martínez a prestar declaración de imputado.

El 11 de agosto se emitió el pase a juicio por jurados y se ordenó el sorteo del vocal que presidirá la audiencia de debate, recayendo la responsabilidad en Labriola, que fue sorteado el 16 agosto.

El 2 de septiembre se prorrogó, de común acuerdo y de manera verbal entre las partes, las medidas de coerción que Martínez venía cumpliendo en la modalidad de arresto domiciliario.

Finalmente, el 12 de septiembre, el MPF solicitó el traslado para recabar declaración de imputado reformulando el hecho, lo que fue considerado por la defensa como “en franco quebrantamiento de los mismos principios que dice querer preservar el fiscal”.

CONSENTIDO

Cohen señaló que “…el plazo de la IPP está concluido, la causa ya elevada a juicio, el auto de remisión a juicio quedó firme y consentido por el fiscal, siendo que el MPF fue notificado el 9 de agosto de 2022, de tal circunstancia procesal, teniendo ya en su poder la información del deceso de Bertoldi un día antes y que pese a ello no apeló el auto de remisión a juicio, resultando que fue informado el día anterior a la notificación del artículo 405 del Código Procesal Penal (CPP) de Entre Ríos de la novedad que ahora pretende introducir extemporáneamente y habiendo ya concluido la IPP”.

Así, Cohen sostuvo que “no puede ser incorporada nueva prueba luego de concluida la investigación, tal circunstancia es inadmisible y debe ser rechazada” y citó la situación que se suscitó con el fiscal, Ignacio Aramberry, a quien en una causa por Lesiones graves dolosas y Hurto agravado, “la judicatura resolvió que ‘no corresponde considerar evidencia producida a posteriori de dicho acto’ (la remisión de la causa a juicio, artículo 405 CPP).

Caso complejo

Fuentes judiciales consultadas entendieron que “se trata de un caso complejo porque el fiscal no podría iniciar otra causa distinta porque la raíz del hecho es la mismo, no puede iniciar otro proceso aparte y seguir tramitando el que ya fue elevado a juicio por jurados, sería incongruente. Tampoco puede el mismo fiscal dejarlo sin efecto y regresar sobre sus pasos sin que se declare la nulidad de todo lo actuado a partir de la indagatoria por la nueva circunstancia”.

Así, se añadió que el fiscal “debería fundar ante un juez la nulidad de todo lo actuado y retrotraerse al momento de la declaración de imputado, pero no puede hacerlo él, requiere de un acto judicial, es un problema del fiscal”.

También añadió que “se debe analizar si la causa de la muerte de la víctima obedece a la lesión por el disparo o si hubo alguna complicación ajena por completo a aquella causa, ha pasado que víctimas fallecieron tiempo después pero por circunstancias totalmente distintas. En este caso pasaron muchos meses entre el hecho y el lamentable deceso. Es muy difícil sostener que fue por el disparo, eso lo deberán determinar los forenses. No se puede hacer una causa nueva y menos aún continuar esta y pretender el día de mañana una imputación mayor a la que le fue imputada. Así como está no podrían condenarlo por homicidio”.

Fuente: EL DIARIO / RADIO LA VOZ.
JUSTICIA

Teclas de acceso