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ENSANCHE POLEMICO

Amplían la denuncia y podrían reclamar más de $12 millones a manifestantes de calle Racedo

En un escrito deja hecha la reserva de “reclamar el mismo (el monto indemnizatorio) a las asociaciones y/o personas que con sus acciones han impedido la ejecución de la obra en tiempo y forma”. Pide que se libre oficio a la Policía y a la Defensoría del Pueblo para que aporten documentos que puedan aportar datos sobre las personas que participaron de los hechos.

La Municipalidad de Paraná presentó una ampliación a la denuncia que habían formalizado los funcionarios Pablo Testa y Maximiliano Argento el 30 de marzo en relación a los disturbios ocurridos cuando un grupo de manifestantes impidieron el inicio de los trabajos de la obra de ensanche de calle Racedo.

En dicha ampliación, la Comuna hace referencia a un pedido de indemnización de la empresa de más de 12 millones de pesos por el retardo de los trabajos y hace reserva del derecho de reclamar ese monto “a las asociaciones y/o personas que con sus acciones han impedido la ejecución de la obra en tiempo y forma”. En el escrito presentado por el Municipio se hace referencia a los artículos del Código Penal, 241 Inc. 2, 237, 211, 212, 149 Bis y Tercero, que hacen referencia a delitos de intimidación pública y que prevén hasta seis años de prisión.

En ese marco, en la ampliación de denuncia se pide a la Policía de Entre Ríos y a la Defensoría del Pueblo de Paraná que aporten datos para poder identificar a las personas que participaron en esos hechos o que tengan representatividad de los grupos que impulsaron esos actos.

DENUNCIA. En el comienzo del escrito, se recuerda que la obra fue adjudicada a la empresa Paulina Castro de Demartín e Hijos SRL por la suma de 72 millones y con un plazo de ejecución de seis meses. También, se hace mención al amparo ambiental interpuesto por el Foro Ecologista de Paraná para impedir la concreción del proyecto pero que fuera rechazado por el Superior Tribunal de Justicia.

“Como se denunciara en el presente legajo de referencia, el inicio de la obra fue impedido por la presencia de personas en el lugar y distintos grupos que se autoidentificaban como Tribu del Salto, Foro Ecologista y otros, de los cuales dan cuentas las crónicas periodísticas de esos días, atento que los hechos fueron de público y notorio”, se señala en el escrito al que tuvo acceso EL DIARIO.

También que “la arteria se encontraba cortada con barricadas puestas por los manifestantes y que incluso algunos de ellos se interponían por ejemplo ante una garita de colectivo (que debía ser removida) a fin de impedir la obra, explicitando con actitudes y tono amenazante que no permitirían el desarrollo de las tareas de la obra pública”.

Además, se menciona la denuncia de la contratista de que “un grupo de personas no sólo impide los trabajos, sino que además una de las personas se subió a la caja volcadora de un camión de la empresa y que luego otra persona que identifica como ‘la arquitecta’, esgrimiendo un hierro con punta comenzó a amenazar a los obreros y a golpear el camión, intentando con el mismo elemento pinchar los neumáticos”.

INDEMNIZACIÓN. Debido a todos esos hechos, las obras en calle Racedo se vieron interrumpidas y en el lugar se instaló un acampe de las organizaciones ambientalistas y de vecinos.

“Comienzan así a presentarse ante este Municipio notas de pedidos (las cuales se acompañan) por parte de la empresa donde manifestaban que no podían dar inicio a las obras ante la negativa de los manifestantes de liberar la traza, aún cuando la policía se los pedía, desobedeciendo ello”, se agrega luego en la ampliación, y que la empresa hace reserva “de reclamar mayores erogaciones debido a gastos improductivos por la paralización de la obra”.

Así, la estimación del cálculo indemnizatorio por parte de la empresa fue por la suma de $ 12.335.694,04 “todo fundado en los hechos que antes describiera y que fueren resultados de las personas que impidieron la ejecución de trabajos de la obra pública licitada”.

Frente a eso, la presentación de Testa deja hecha la reserva de “reclamar el mismo (el monto indemnizatorio) a las asociaciones y/o personas que con sus acciones han impedido la ejecución de la obra en tiempo y forma”.

Finalmente, solicitó al fiscal que “se libre oficio a la Policía de Entre Ríos a fin de que se remita a este legajo copias de actas o cualquier otro asiento documental con el que cuenten del cual surjan los hechos que se produjeron en el lugar y que pueda individualizar los datos filiatorios de las personas que hayan realizado acciones como las descriptas en el presente. Asimismo, libre oficio a la Defensoría del Pueblo de la ciudad a fin de que acompañen las actas que hubiesen labrado en los encuentros realizados por el organismo, brindando información de los concurrentes y a las asociaciones que representaron”.

Los hechos que motivaron la denuncia

El lunes 19 de marzo, la empresa Demartín comenzó los trabajos de ensanche de Bulevar Racedo en medio de un clima de gran tensión.

Manifestantes, grupos ecologistas, vecinos frentistas y de la zona que se dieron cita en el lugar para impedir el corte de los árbolesse enfrentaron con obreros de la empresa, militantes de la Uocra y también con policías. Como saldo, hubo detenidos que luego fueron liberados.

“Decidimos suspender momentáneamente los trabajos porque se ponía en riesgo la seguridad tanto de los trabajadores como de los manifestantes”, señaló en esa oportunidad a EL DIARIO Norma Demartín, gerenta de la empresa a cargo de la obra.

“Cuando se quería extender una línea de marcación, venía alguien y la rompía. O en un momento que se quiso remover una garita de colectivos, los manifestantes fueron y se sentaron ahí. Es una situación muy peligrosa”, subrayó la responsable de la empresa constructora. Contó también que “continuamente están agrediendo verbalmente a los trabajadores y al personal que allí se encuentra. Por más que ellos dicen que su protesta no es violenta, todo lo que hacen es muy agresivo y violento”, consideró entonces la responsable de la empresa.

La empresaria habló también de la preocupación sobre la responsabilidad que le toca en relación al contrato: “Los tiempos de la obra siguen corriendo y si nosotros no cumplimos nos aplican multas”, remarcó. En ese sentido, subrayó que “no existe ningún impedimento de la Justicia para continuar con la obra” y que ya en enero estaban habilitados por los fallos a comenzar con los trabajos.

Fuente: EL DIARIO DE PARANÁ
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