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OPINIÓN

Leonel Pannoni, abogado.:
APAGÓN DE DERECHOS.

Por Leonel Pannoni, abogado.

Es un excelente ejercicio de catarsis considerar algunas frases del marketing genocida a las que nos tienen mal acostumbrados los personeros del poder de turno y someterla a análisis.

Digo catarsis porque sinceramente uno siente la necesidad de quitarse esa oscuridad desesperanzadora del alma, y el único modo es recurrir a la mirada crítica. Esa sensación de agobio comienza a desaparecer a medida que escribo estas líneas y me aproximo al centro de la cuestión.

En una entrevista que brindó a “La Nación Más” (un canal muy bien decorado que el diario de Mitre tiene en pantalla) el ex ministro de energía, Juán José Aranguren, hoy devenido en bocina mediática de la pauperización de la vida de los argentinos, pronunció una frase contundente, tan contundente como un disparo: “No estoy de acuerdo con que la energía sea un derecho humano”.

La primera impresión que me provoca es que me están quitando algo y de manera definitiva, es decir, ya no en cuotas, paulatinamente; no… Me están sustrayendo algo de manera absoluta y definitiva. “Juanjo” me dice que no tengo garantizado el derecho a acceder a la energía, en general, ni a la luz ni al gas. No es inherente a nuestra condición de personas el derecho a la energía.

Un ex funcionario del área reconoce implícitamente que su gestión estuvo signada por ese pensamiento. Es decir, desde su concepción social no es obligación del Estado elaborar políticas públicas que garanticen a la población el acceso al servicio de energía eléctrica y gas. Entonces, su obrar como ministro a cargo de decidir los tremendos tarifazos, que superaron el 1000% en el caso de luz en un período de tres años, no estuvo motivado por un objetivo de bienestar general, e inmediatamente imagino que su interés estaba más vinculado a acrecentar las ganancias de empresas como la de la ostra, de la cual por cierto fue directivo y accionista.

Ahora bien, ¿es cierta tal afirmación? Sin recurrir a grandes volúmenes de Derecho vemos que en la página oficial de la ONU se define a los derechos humanos como “inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna”.

La pregunta siguiente es sencilla, y del más elemental sentido común: ¿Cómo es posible ejercer dignamente el derecho a la vida, a libertad de expresión, a la educación, al trabajo, etc., sin que esté garantizado por parte del Estado el acceso a los servicios públicos esenciales? ¿No es acaso esa la razón fundamental por la cual se los declara servicios públicos?

Si consultamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), de rango constitucional en la Argentina, que obliga al Estado en todos sus términos, su artículo 25 nos dice: “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”. En el mismo sentido lo dispone el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).

Surge con total evidencia que un nivel adecuado de vida, la salud o el bienestar no pueden garantizarse negando el acceso a la energía, insumo esencial en el mundo moderno. La energía es parte del derecho humano a una vivienda digna expresamente consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución nacional. Es inimaginable la vida en su configuración actual sin acceso a estos servicios esenciales.

Entonces, podemos concluir que el acceso a la energía está estrechamente vinculado con la posibilidad de preservar la vida y desarrollarse como persona en un mundo que por cierto es absolutamente tecnológico. Y tanto es así que la misma Constitución Nacional en su artículo 42 dispone: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios…”. Y el artículo 30 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos establece: “…El Estado debe garantizar en los servicios públicos concesionados la fijación de un sistema tarifario justo, razonable y transparente”.

Queda claro que el bienestar general del Pueblo no puede estar supeditado a los dislates del poder de turno sino a las normas que lo garantizan, y que estas temerarias declaraciones están motivadas por el cruel objetivo de negar a la mayoría de los argentinos la posibilidad de vivir dignamente, acrecentando paralelamente y de modo obsceno las ganancias de empresarios inescrupulosos.

Pero el peor aspecto del fenómeno, de este proceso de expoliación social, quizá sea la impunidad con que se avanza sobre la conciencia de los ciudadanos instalando en el imaginario colectivo la peor versión de sociedad, la del “sálvese quien pueda”, robándose lo más valioso que está en la base misma de la constitución de un Pueblo: la solidaridad.

15:02

Fuente: RADIO LA VOZ Autor: Leonel Pannoni, abogado.
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