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Arde Troya: Los Contratos legales serán investigados en el fuero Federal

Si Troya fue arrasada por el fuego griego en represalia por el rapto de Helena, ejecutado por un enamorado Paris, príncipe troyano, en Entre Ríos la decisión del juez federal Daniel Alonso de declarar la procedencia del fuero Federal y la competencia del Juzgado Federal N° 1 de Paraná –con competencia electoral-, puede llegar a hacer arder más de un despacho del fuero provincial. Sin embargo habrá que esperar para conocer quiénes son quienes más pierden con la decisión que dispuso la competencia de la Justicia Federal para investigar posibles delitos contra la Ley de Financiamiento de los partidos políticos, “raptándole” la causa al ala Cambiemita de la Justicia provincial.

Alonso sostuvo que “huelga recordar que la competencia de la Justicia Federal Electoral, en materia de faltas y delitos electorales, se encuentra estrictamente limitada, por un lado, a los delitos y faltas electorales contempladas en el Capítulo II del Título VI del Código Electoral Nacional, siendo los delitos electorales “aquellos que se cometen con motivo de las elecciones nacionales” (Fallos CNE 714/89; 858/89; 2440/98; 2571/99: 2906/01 y 3102/03) y por otro lado, en lo concerniente al financiamiento de partidos políticos federales (Leyes 26.215 y 26.571) en las condiciones antes descriptas, circunstancias que a partir de la aparición de la documental constitutiva del HECHO NUEVO, hacen absolutamente previsible el eventual desvío al financiamiento de los partidos políticos con personería nacional y las campañas para la elección de autoridades nacionales”.

El HECHO NUEVO fue la incorporación de una caja de la firma Huevo Feliz con documentación que exhibiría movimientos en la Cámara de Diputados de la provincia en el período 207-2011, período que se “cayó” de la imputación que realizó el Ministerio Público Fiscal porque no había documentación que respaldara el desempeño de los legisladores en aquel momento.

José Velázquez, defensor de Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo, dijo a La Voz que “las defensas hemos sostenido en cuanta audiencia se realizó y oportunidad que se pudo dar en los medios de comunicación, que no se trata de contratos de obra truchos o ilegítimos y que no existió ninguna asociación ilícita. Lo que pudo haber en esta causa es actividad referida a financiamiento de campañas políticas, que se debe discutir en otro ámbito distinto al de la Justicia ordinaria”.

Las defensas se cansaron de gritar que Fiscalía, en rigor, Patricia Yedro, Ignacio Aramberry y Cecilia Goyeneche, sabían de la evidencia, puesto que la tenían en sus manos. Como también tenían en su poder la evidencia que exhibe que Sebastián Orlando, esposo de la fiscal adjunta Goyeneche, era miembro de un estudio contable que fue considerado por los propios fiscales como imprescindible para darle una apariencia de legalidad al “saqueo” que se produjo durante una década en la cámara de senadores y diputados, enmascarado en contratos de obra “truchos”.

Fuente: Radio la voz 901
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