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MEGAJUICIO POR CAUSAS ACUMULADAS

Declaró una de las imputadas y cuestionó el uso de mensajes descontextualizados por parte de Fiscalía

La contadora Corina Cargnel fue la primera de las imputadas en el Megajuicio en declarar ante el Tribunal de Juicio. Su intervención espontánea fue a los fines de señalar que la Fiscalía presenta como pruebas correos electrónicos y mensajes de texto descontextualizados y que, con ese recorte, se direcciona la interpretación para considerar esas conversaciones con testigos y otros imputados como elementos para sostener la acusación. También declaró el ingeniero biomédico Fernando Ferrar por la extracción de datos de los celulares incautados en el transcurso de la investigación

“Quisiera aclarar algunas cosas ante el Tribunal”, dijo con voz temblorosa la contadora Cargnel, imputada en el legajo denominado de “las imprentas”, en relación a que la sospecha de la Fiscalía es que las imprentas TEP y Next no pertenecen a quienes figuran como dueños (Maximiliano Sena; Emiliano Giacopuzzi y Alejandro y Luciana Almada) sino que éstos oficiaron de prestanombres del ex funcionario de Juan Pablo Aguilera, ex funcionario del Senado y cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri.

Ambas firmas, según el caso del Ministerio Público Fiscal, junto con Montañana Publicidad y Jesús José María Bustamante Publicidad habrían cartelizado la obra pública. En base a estos ejes se acusa a los involucrados de haber cometido los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Cargnel está en el centro de esta hipótesis acusatoria ya que fue la contadora de TEP y Next y además de Aguilera. Además de ella, están imputados el ex gobernador Sergio Urribarri; sus ex ministros de Turismo Hugo Marsó y de Comunicación, Pedro Báez, además de otros ex funcionarios y particulares.

Conteniendo el llanto y visiblemente conmovida, Cargnel agregó: “Se han mostrado chats, mensajes y correos en los que se me involucra. La verdad es que han sido sacados de contexto en muchos casos. Sólo se puntualizaron algunos temas y la conversación queda desvirtuada”.

La referencia fue a mails encontrados en aparatos informáticos secuestrados en el allanamiento realizado en la sede de las firmas. El principal es un disco rígido externo cuya legitimidad como prueba aún está en danza. También Fiscalía seccionó trozos de conversaciones de la contadora con testigos y otros imputados sacados del material extraído de los celulares que también se retuvieron en aquel procedimiento del 1° de agosto de 2016.

En concreto se refirió a diálogos con Alejandro Almada en el que hacía mención a transferencias de dinero. “En WhatsApp todos tenemos conversaciones en tono de burla, de chiste”, consignó. “Vale la pena aclararlo porque si no queda como que si yo manejara los contactos con funcionarios”, agregó.

La contadora también marcó que la acusación mostró ante el Tribunal fragmentos de conversaciones a los titulares de la empresa Montañana y Bustamante en los que ella pedía dinero para TEP Next. “Quedó asentado ahí (en el resto de la charla) que era para cubrir el banco. No sé si todos tienen idea de lo que significa girar en descubierto porque si no los cheques rebotan y se generan conflictos en la operatoria diaria”, consignó.

Además, señaló que las sumas de dinero que requería a los clientes de las empresas eran “ínfimos” en relación con “los números que manejan (TEP y Next) en sueldo, IVA a pagar, cargas sociales”.

Cargnel destacó que forma parte de la operatoria comercial habitual pedir a los clientes (como Bustamante y Montañana, que tenían cuentas corrientes con saldos deudores en TEP y Next) que le giren plata. “Si les pido 15 mil pesos para el descubierto del banco es para que no reboten los cheques y se generan problemas con los proveedores. Si el cliente accede al pago, lo único que hago es quedar en cero en (la cuenta corriente de) el banco. No es que hay plata para ir y sacar y disponer para hacer lo que quiera”, resaltó.

La contadora concluyó que las aclaraciones resultaron necesarias porque “no sé si se conoce cómo se manejan las empresas y cuál es el giro comercial que se tiene, la diaria con los bancos, con problemas con empleados. Se minimiza (esta realidad) en muchos casos y se piensa que uno como contadora o empleada en una empresa lo único que hacía era estar inventando o tratando de presentar expedientes” falsos ante el Gobierno provincial.

“Hay un montón de cosas que al sacarlas, desmenuzarlas y mostrar sólo una parte (se) prestan a confusión. No muestran los hechos como fueron”, remató.

Celulares

El único testigo de la mañana fue el ingeniero biomédico Fernando Ferrari, un empleado del Ministerio Público Fiscal que cumple funciones en el Gabinete de Informática Forense. Allí es responsable de la extracción de datos de los teléfonos móviles a través de un software especializado.

Su declaración duró seis horas. En el primer tramo, mostró los fragmentos de conversaciones cuya segmentación cuestionó luego Cargnel, y también partes de las conversaciones entre Aguilera y Luciana Almada, su pareja.

A raíz del contenido de estos últimos diálogos, con marcas de que se trataba de una disputa conyugal, hubo planteos de las defensas por violación del derecho a la intimidad. El Tribunal debió suspender la audiencia y decidió no hacer lugar a la objeción. Así, Ferrari dio lectura a varios tramos en los que Almada le hacía reproches a Aguilera considerándose una “empleada” y refiriéndose a “tus emprendimientos” y “tu estructura” y el rol incómodo que le tocaba padecer.

Estos datos, así presentados, podrán ser usados por la Fiscalía para sostener su teoría del caso.

En el segundo tramo de la exposición del testigo abordó una cuestión formal que ya se había cuestionado en el testimonio del empleado del MPF sobre la información captada en computadoras: la falta de idoneidad e incumbencia profesional de un bioingeniero para abordar materias informáticas.

Así, a través del contra interrogatorio de las defensas se conoció que Ferrari entró a la Justicia para montar, a pedido del Superior Tribunal de Justicia, a fin de armar el laboratorio de toxicología. Luego pasó al área de celulares de Fiscalía.

Además, manifestó que su tarea pasaba sólo por extraer datos de los teléfonos móviles sin detenerse a analizarlos. Por eso su informe es sólo eso y no una pericia. La evaluación de la información correspondería a las partes y al Tribunal, señaló. Sin embargo, luego reconoció que para ajustar la información que traslada al requerimiento seleccionaba una parte de la extracción y descartaba lo demás.

El testigo reconoció que desconocía los procedimientos jurídicos en materia de resguardo de pruebas y que no filmó ni fotografió el proceso sobre los celulares que se hizo en Fiscalía sin presencia de peritos de parte de las defensas. La controversia sobre esto último gira en torno a que la acusación dice que se notificó a la contrapartes y los abogados defensores lo niegan.

El cierre del debate giró en torno a la incorporación o no del disco externo que el MPF considera “la caja negra” del caso de las imprentas y que las defensas entienden que fue secuestrado y procesado sin respetar las garantías del debido proceso. El Tribunal escuchó los argumentos de las dos partes y postergó la definición hasta el lunes a la mañana.

Fuente: APFDIGITAL
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