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El juez Martínez de Giorgi pidió informes para investigar a Bullrich y Arribas

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi envió oficios a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y al Ministerio de Seguridad para investigar si, desde el día que Mauricio Macri asumió la Presidencia, se compró equipamiento "de interceptación de comunicaciones electrónicas" (mails y Whatsapp) por fuera de lo que establece la Ley de Inteligencia.

Ese pedido, que recibieron Cristina Caamaño -titular de la AFI- y Sabina Frederic -titular de la cartera de Seguridad-, fue formulado en la causa por presunto espionaje ilegal, iniciada el mes pasado, por una denuncia de Caamaño. Es una de las cuatro causas por presuntos hechos de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando estaban al frente de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

"Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitarle que informe si a partir del 10 de diciembre de 2015 la Agencia ha adquirido equipamiento para interceptar comunicaciones electrónicas. En caso positivo, se requiere que especifique si se han expedido certificaciones de usuarios habilitados para su uso", solicitó Martínez de Giorgi.

La Dirección Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende del Poder Judicial de la Nación, es la única dependencia del país que hoy está habilitada por la ley para realizar intervenciones sobre las comunicaciones, explicó a LA NACION un funcionario que participa de la investigación.

"A su vez -escribió el juez-, se solicita que informe si, en el marco de la intervención a su cargo, se hallaron en dependencias de la AFI bases de datos de organismos públicos, tales como la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Registro Nacional de las Personas, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, como así también cualquier otro archivo semejante que contenga información personal de la ciudadanía".

Caamaño denunció a la administración anterior de la AFI por hechos de presunto espionaje ilegal, a partir del hallazgo de un disco rígido marca Western Digital que habría sido borrado. De esa información recuperada surge la hipótesis, llevada a la Justicia por la actual gestión de la AFI, de que se produjo inteligencia clandestina a través de la intervención de correos electrónicos de dirigentes políticos y opositores.

A principios de junio, Martínez De Giorgi ordenó las primeras medidas en la causa. En sintonía con las medidas que había pedido el fiscal del caso, Jorge Di Lello, el juez ordenó un peritaje informático sobre el disco rígido que entregó Caamaño a la Justicia.

Además, como la AFI aún no respondió a un pedido que le había hecho el juez hace dos semanas, en el oficio librado esta semana para investigar la adquisición de equipamientos de espionaje, se volvió a solicitar a la AFI información sobre la utilización y el hallazgo de ese disco rígido.

"Por último, en forma complementaria al pedido de informe cursado con fecha 2 de junio -del que aún no se ha recibido respuesta-, se le requiere que precise: si el disco rígido hallado se encuentra en el inventario de la Agencia y en su caso, cuándo fue adquirido y a qué sector o área de la repartición fue asignado; en qué computadora estaba instalado el mismo, dónde se encontraba emplazado dicho ordenador y quién era el usuario asignado para su uso; y si el área de tecnología detectó algún tipo de actividad de ese disco (computadora) violando los protocolos de seguridad; si ésta quedó registrada en el sistema, cuál fue esa actividad, en qué fecha se produjo y quién fue el usuario que la desarrolló", agregó el juez.

En el caso del pedido que recibió Sabina Frederic, el juez le preguntó si desde el 10 de diciembre de 2015 -es decir, desde que asumió Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad- se adquirió en esa cartera material para la interceptación de comunicaciones.

LA NACION consultó a Patricia Bullrich respecto de esta posibilidad y respondió: "Nunca. Además de estar prohibido, y ser ilegal, los únicos autorizados son la Dajudeco. Tampoco te venden sin autorización de la autoridad legal".

Fuente: RADIO LA VOZ.
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