Una vez más la estrategia de estigmatización es utilizada para intentar disolver la conciencia nacional respecto del valor fundamental que deben tener para las y los ciudadanos los recursos estratégicos de nuestra Patria; valoración positiva que debe seguir presente en la conciencia popular si es que queremos avanzar hacia el desarrollo social y el crecimiento económico del país en un marco de verdadera soberanía.
“Uno por uno, quiénes son los legisladores que votaron la estatización de YPF en 2012” es el título con el que el diario La Nación pretende abordar la cuestión desde una óptica cargada de valoración negativa hacia las y los legisladores nacionales que en su momento tuvimos el orgullo de ser parte de la recuperación de YPF a través de nuestro voto en el Congreso de la Nación.
El sesgo de escrache tiene miras más altas que sólo señalar personas sin argumento alguno para desacreditarlas, apunta a desalentar cualquier intento de defender los recursos estratégicos de nuestro país pretendiendo desmoralizar a quienes aún creemos que la función más importante de la política es consolidar la soberanía nacional.
El Poder Judicial de Nueva York dictó un fallo adverso contra la Argentina en este tema, pero en modo alguno esto debe ser utilizado para avasallar las legítimas facultades del Estado argentino puestas en acción para tomar decisiones convenientes al bienestar de su Pueblo, y que en este caso apuntaron a recuperar el control de una empresa cuyo rol es fundamental para el desarrollo de la Argentina.
En el año 2012 tuvimos la oportunidad de aportar en nuestro rol de legisladores al cumplimiento de un anhelo siempre presente no sólo en la política argentina sino en el sentir de la sociedad; recuperamos el 51% de las acciones de YPF, que fuera fundada en 1922 durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, siendo el coronel Enrique Mosconi el creador del proyecto y director de la empresa estatal.
En el planteo que se lleva adelante en los Estados Unidos participan fondos buitres que adquirieron el derecho de litigar contra nuestro país, y que discuten la forma en que se llevó a cabo la nacionalización, sosteniendo que resulta perjudicial a los intereses de ciertos accionistas porque el país tendría que haber hecho una oferta de adquisición por toda la empresa como establece el estatuto, mientras que Argentina defiende su legítimo derecho a expropiar por sobre cualquier otra norma. Pero esto no debe llevarnos a considerar que fue un error recuperar una empresa de importancia vital para la economía nacional.
La Argentina debe continuar dando la batalla para defender los intereses nacionales apelando este fallo. No me arrepiento ni me avergüenzo de la participación que tuve en aquella maravillosa tarea, porque sigo creyendo que YPF es de las y los argentinos, porque los recursos estratégicos de la Argentina deben pertenecer al Pueblo y deben estar al servicio de su bienestar.
