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UNA MUJER DURA

El pliego de Josefina Etienot mueve la estantería de las políticas de género en la provincia de Entre Ríos.

El poder ejecutivo entrerriano, elevó el pliego de la ex viceintendenta de Paraná, Josefina Beatriz Etienot, para ocupar el cargo de jueza de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Diamante, según el expediente Nº 13.922.

Etienot, en su rol de viceintendenta, en una sesión que se realizó el 3 de noviembre de 2016 y cuya parte sustancial se puede ver en este link https://www.youtube.com/watch?v=hArcDheVwOU&ab_channel=AgenciadeNoticiasDERF, les dijo a las mujeres de su bloque, el bloque Cambiemos, que había llegado a aquel lugar porque no se acostó con nadie.

Mientras el Gobierno de Entre Ríos da cuenta a través de sus decisiones la centralidad de las políticas de género, que incluso, fuentes confiables sostienen que próximamente se inaugurará el Ministerio de la Mujer que tiene como firme candidata a la ex Senadora Nacional Sigrid Kunaht, a simple vista, se advierte una contradicción entre la decisión de proponer nada más ni nada menos que como jueza de Familia, a una mujer que parece expresar mejor que cualquier hombre los profundos mandatos patriarcales.

Una pregunta que surge inmediatamente es ¿está capacitada Etienot para ejercer con perspectiva de género el cargo de jueza de Familia? Máxime si se tiene en cuenta que Josefina Etienot es una militante del pañuelo celeste.

Sus antecedentes, publicados en la página del Senado de la provincia, dan cuenta de que egresó como abogada de la Universidad Nacional del Litoral en 1999; que tiene una Especialización en Derecho de Familia (2000/2001); entre sus antecedentes laborales se consignó que “ejercicio de la profesión liberal, (1999); Vice intendenta de la Municipalidad de Paraná (2016 al 2019)”, acá cabe otra pregunta, ¿no es un acto de servicio ocupar un cargo público electivo?; “asesora Convención Constituyente de la Provincia de Entre Ríos”.

Es interesante el ítem Vice intendenta de la Municipalidad como si ello fuese ser mérito suficiente para el cargo de una Jueza, más aún, si compartió formula con el condenado por narcotráfico y confirmado por la Cámara de Casación Penal Nacional, Sergio Varisco.

Además, da cuenta que en el ítem “Congresos, Jornadas, Cursos, Seminarios” cursó “Jornadas Preparatorias para el Congreso Internacional de Derecho de Familia (1997); Curso interdisciplinario de Actualización en Infancia y Adolescencia (2004); X Congreso Provincial de Derecho de Entre Ríos (2008)”.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos presidida por el Dr. Amavet publicó que el pliego se encuentra en Comisión, lo que permite a la ciudadanía y organizaciones en general, el ejercicio del derecho a manifestarse fundadamente y por escrito respecto de las calidades y méritos de la candidata propuesta dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la segunda publicación y ante esta Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (Art. 19 Inciso b) Reglamento Honorable Cámara de Senadores.

Si la propuesta por el Poder Ejecutivo del pliego de quien púbicamente en la sesión de noviembre de 2016 se autocalificó como “una mujer dura” puede interpretarse como un borrar con el codo lo que se escribió con la mano en materia de igualdad de género y avance en los derechos de las mujeres, el sistema quedaría en falta porque se habría pasado por alto que Etienot aún es afiliada al “pequeño sueño de partido chico”, en referencia al PRO, que no tiene “la territorialidad de un partido centenario”, en referencia a la Unión Cívica Radical (UCR).

Según surge del último padrón del PRO, Etienot figura como afiliada número 337. Esta situación le impediría ocupar el cargo para el que pretende concursar. Los artículos 37 y 196 de la Constitución de la provincia son claros al respecto.

El 37 prescribe que “los funcionarios y empleados públicos de los tres poderes del Estado, de los municipios y de las comunas, sirven exclusivamente a los intereses del pueblo. Deben observar, en el ejercicio de sus funciones, una conducta acorde con la ética pública, la que constituye un valor social que hace a la esencia del sistema republicano.

Una ley de ética para el ejercicio de la función pública deberá contemplar, entre otras, las siguientes conductas: –Observar los principios de probidad, rectitud, prudencia, justicia, equidad, eficiencia y transparencia de los actos públicos. –Presentar, al tiempo de asumir y cesar en el cargo, manifestación de bienes. –Abstenerse de intervenir desde la función en actos en los que tengan vinculación, sea personal o a través de terceros que él represente o patrocine o cuando tuviera un interés particular, laboral, económico o financiero. –No aceptar gratificaciones, obsequios u otras prestaciones de significación con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones. –No podrán desempeñar otras actividades, incluyendo el ejercicio de la docencia, cuando afecte u obstaculice la asistencia regular a las tareas propias del cargo”.

El 196 es más claro aún: “Los magistrados y funcionarios judiciales no podrán formar parte de corporación o centro político, inmiscuirse, en grado o en forma alguna, en actividades políticas, ni ejercer su profesión en ningún foro ni ante ningún tribunal. La violación de estas normas implicará una falta grave a los efectos de su enjuiciamiento en la forma prevista en esta Constitución”.

Además, la Ley Orgánica del Poder Judicial manifiesta en el artículo 6: “Actividad Política. Los magistrados y funcionarios judiciales, no podrán formar parte de los partidos políticos o centros de carácter político partidista, ni intervenir en acto alguno de propaganda electoral. (Texto s/Ley 8065 – BO. 11/5/88)”.

En consonancia, la Ley Partidos políticos sostiene en el artículo 24 que “no pueden ser afiliados: a) Los excluidos del padrón electoral, a consecuencia de las disposiciones legales vigentes; b) El personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas de la Nación en actividad, o en situación de retiro cuando haya sido llamado a prestar servicios; c) El personal superior y subalterno de las fuerzas de seguridad de la Nación o de las provincias, en actividad o retirados llamados a prestar servicios; d) Los magistrados del Poder Judicial nacional, provincial y tribunales de faltas municipales”.

No es un dato menor la militancia y adhesión al PRO de la candidata a Juez de Familia, teniendo en cuenta este contexto político judicial, en el que las sentencias terminan militando cuestiones políticas y no la ley.

Mientras tanto, la candidata a Jueza de Familia de la ciudad de Diamante ya ha alquilado una casa, por lo que todo hace pensar que los operados que sostienen su designación están absolutamente seguros que la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Acuerdo del Senado, cumpla su función de escribanía.

Fuente: lavoz
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