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Incumplimiento del DISPO Y ASPO

En el Juzgado Federal de Paraná se labraron 28 mil actas

El fiscal federal, Carlos García Escalada, informó que desde el inicio de las restricciones -emitidas en marzo del año pasado por el Gobierno nacional debido a la pandemia de Covid-19- en esta jurisdicción se han labrado 28 mil actas por presuntas infracciones y confirmó que hay personas que deben afrontar más de un proceso por distintas violaciones a los decretos del Ejecutivo nacional.

"Desde el comienzo del dictado de medidas de restricción, el 19 de marzo del año pasado, las fuerzas de seguridad vienen trabajando en medidas de prevención y de constatación de presuntas infracciones a las sucesivas restricciones que se han impuesto. Se han labrado alrededor de 28.000 actas”, expresó el funcionario judicial.

Enseguida precisó que las mismas “son remitidas al Juzgado Federal de Paraná y a las fiscalías federales de Paraná y de Victoria. Se procesan para determinar aquellas que reúnen las condiciones para iniciar una causa judicial. Luego de ello se formula el inicio de una causa. Se han iniciado centenares de causas que se hallan en distintos niveles de investigación”. Además, “se llamó a prestar declaración indagatoria a decenas y decenas de personas”.

Recordó que “la primera causa data del 20 de marzo” y comentó que “este viernes se recibieron cuatro declaraciones indagatorias, ayer fueron seis y así permanentemente”.

Ningún condenado

“Todavía no se desarrollaron juicios. Tenemos para fijar las audiencias, pero las medidas restrictivas de reunión de personas imposibilitan realizar, por el momento, estos juicios”, dijo al ser consultado sobre la cantidad de condenas.

De seis meses a dos años de prisión

García Escalada informó además que “no está prevista la pena de multa en el Código Penal de la Nación. Lo establecido son penas de prisión de seis meses a dos años”.

“Pueden ser dictadas de ejecución condicional, pero esto genera antecedentes penales con las dificultades que provoca, por ejemplo, para poder salir del país o entrar a otros países o conseguir trabajos. Son inconvenientes para las personas que son sometidas a procesos y halladas culpables”, dijo.

Infracciones y excusas

El fiscal federal diferenció que “en las infracciones a las restricciones de movilidad muchas personas no contaban con el certificado que acreditara que estaban exceptuadas, por lo que se labraba el acta. Cuando concurrían ante el juez acreditaban que se hallaban exceptuadas. Muchas fueron sobreseídas ante las explicaciones satisfactorias”.

En cuanto a las fiestas clandestinas, “las explicaciones son más escasas. La mayoría se abstiene de declarar”, mientras que algunos dicen que “pasaban por ahí o que concurrían, pero no habían ingresado, por lo que no sabían cuánta gente había adentro. Depende de la creatividad”, reconoció. En tal sentido, confirmó que “hay personas que están sometidas a más de una causa penal”.

Identificación y agilidad

Interrogado acerca de qué ocurre cuando en ciertos domicilios quienes realizan una fiesta no permiten el ingreso de policías, García Escalada aclaró que se pueden “identificar ulteriormente a través de las medidas probatorias que se lleven a cabo”.

Finalmente, manifestó que los trámites se agilizan “todo lo que se puede, pero no se debe perder de vista que son causas penales. La obtención de pruebas y los grados de certeza que se deben adquirir para llegar a una sentencia propenden a garantizar los derechos de los imputados. El tiempo es lo que debe consumirse para adoptar el grado de seguridad que no se puede soslayar en un estado de derecho”.

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