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Sobre llovido mojado

En la batalla por el acceso a la información pública, se metió la fiscalía de Estado pidiendo la nulidad del caso

Dr Ruben Pagliotto fue entrevistado por un medio radial de la costa del Uruguay, y brindó detalles de lo que ha ocurrido en el amparo que llevan adelante junto al Diputado Solari contra el Ministerio Público Fiscal y la intimación para acceder a la información pública en las causas por Corrupción.

Si bien la justicia no tiene la responsabilidad total de lo que sucedió y sucede en el país, sin embargo sí tiene una enorme cuota de ese paquete responsabilidad la justicia; digamos tiene una parte muy importante, y además tampoco sería justo hablar de toda la justicia. Porque uno a veces usa la categoría gen de justicia, política, legisladores de una forma tan genérica que termina siendo injusto pero en rigor yo celebro lo dicho –por el conductor- porque al menos la justicia tiene responsabilidad en no castigar lo que se hace mal.

Es decir lo que ingresa al campo de lo delictual y sobre todo cuando de funcionarios públicos se trata porque son ni más ni menos los que administran los fondos públicos y las cosas del Estado que son las cosas de todos.

Para separar la paja del trigo y ser preciso y muy claro en este aspecto, la justicia tiene como un sistema de tres carriles. El Ministerio Público Fiscal, es decir la Procuración General encabezada por un uruguayense; un hito de esa ciudad, el Dr Jorge Amílcar Luciano García, es la encargada de velar, de garantizar la legalidad de llevar adelante todas las acciones tendientes a investigar, a perseguir y a lograr que se enjuicie a aquellos que han cometido delitos.

Hay una Defensa Pública que es la que cuando los ciudadanos o ciudadanas carecen de recursos para afrontar la defensa, es cuando el Estado a través del Ministerio Público le provee de una defensora o defensor. Y finalmente la síntesis es ese otro carril, ese otro vector de la justicia que es la Magistratura, el juez, la jueza, y son los encargados de aplicar la ley una vez que escuchan las dos tesis; la acusatoria y la defensiva.

Me parece a mí que el gran déficit, al menos en el renglón que atañe a los delitos contra la Administración Pública, son aquellos delitos que tienen mucha afectación, una afectación extendida y social. Porque a ver si a Hugo Barreto, a Rubén Pagliotto o al que fuere le sustraen dinero de su casa, ingresa un grupo de maleantes y se llevan el televisor, el microondas y las toallas; es una cuestión que tiene una incidencia directa en el seno familiar de la familia Barreto, la familia Pagliotto y algún costo patrimonial en nuestros patrimonios. Pero cuando se agrede la hacienda pública, es decir cuando se sustraen dineros, se especula, se estafa, se defrauda a la Administración Pública con negocios incompatibles desde la función pública se prestan al cohecho activo y pasivo, es decir, a la coima como vulgarmente y en lenguaje coloquial decimos en el barrio.

Allí hay delitos de enorme incidencia social, porque se trata del patrimonio público, es decir del patrimonio de los fondos estatales que cada vez que cada vecino y vecina con su esfuerzo ayudan a conformar a través del pago del tributo. Con lo cual, si a eso le sumas, que debieran los funcionarios públicos por su condición de tal ser ejemplares ciudadanos; y a quienes, por supuesto, se les exige una medida de eticidad mayor que a cualquier ciudadano común.

Ahí estamos llegando al reclamo que siempre me ocupa, me preocupa y me insume mucho tiempo que es exigirle a la Procuración general de la provincia, al procurador Jorge García, que diseñe seriamente y finalmente una política criminal, es decir un proyecto, un manual de procedimiento. Una serie de normas estándares que tiendan a tener eficiencia, eficacia y tiendan a alejarse del tome y daca político donde muchos delitos son perseguidos en los primeros momentos con gran dedicación pero después se amesetan hasta que en la conciencia colectiva empiezan a ser invisibilizados hasta que desaparecen. Pongo por caso la noticia, quizás más importante, que tuvo repercusión nacional, en la entrevista quien fuera Troboni; ahí ya no tiene nada que ver el procurador García porque fue un delito que lo encarrilamos por el lado del fuero federal. Pero hasta ahora cero noticias, alguna vez hace un año y pico fuimos citados con el Dr. Guillero Voulet ante el fiscal García Escalada de Paraná que en grado de colaboración, nos tomó una audiencia testimonial para que nos explayáramos sobre aquella confesión.

El conductor comenta que fue citado por dicha causa, y ante el juez Federal ratificó todo lo que decía, pero no supo más nada.

De todas maneras un momento nosotros fuimos recibidos en el juzgado, entonces a cargo del Dr Bonadío quien en grado de colaboración, con buen tino; pienso que en ese momento nos recibió y le acercamos este material porque tenía una vinculación directa y específica con la famosa causa de Los Cuadernos. Además creo que fue el primer y único, más allá de que después vino esta catarata y arremetidos, pero Victor Petroboni contó con pelos y señales cómo era ese famoso proceso de carterización, de toma y daca en el ámbito de la obra pública entre empresarios y el Estado.

Accionar de García en el caso Solari

El 28 de Febrero del año en curso, el Diputado Eduardo Solari, a quien yo asesoro; soy asesor jurídico de su despacho, me convoca a mí, a un politólogo que él también tiene de asesor; tiene un equipo muy chiquito no más de cuatro o cinco personas que asesoramos al Diputado en distintas áreas.

Una de las preocupaciones centrales del Diputado Solari, es el tema de la transparencia en la administración, en los procedimientos administrativos sobre todo en la selección de contratistas del Estado y fundamentalmente la batalla, dura y pareja, contra actos de corrupción. Sobre todo aquellos cometidos por funcionarios públicos de cualquiera de los tres poderes en ejercicio de sus funciones. Nos convoca para que trabajemos en un diagnóstico serio y cierto para poder saber en qué situación, en qué estadio nos encontramos. Y si la política criminal existe, y si existe, si es deficiente, qué habría que ajustar, cuáles procedimientos preventivos se podrían llegar a hacer para tratar siempre de romper esa inercia que llegamos a trabajar siempre ante hechos consumados; y no digo evitar porque es inevitable, osea la corrupción cero pero por lo menos propender a ese ideal para que cada vez tengan más obstáculos los funcionarios o funcionarias corruptas para llevar adelante un acto contrario a la transparencia, a la ética pública.

Entonces lo primero que hicimos fue tratar de ver qué datos, qué había, qué podíamos tratar de encontrar en la página del Ministerio Público Fiscal. Nos encontramos con que la página existe, fuimos al link que dice ‘corrupción’ y clickeando ahí aparecía sólo un pequeño link que tenía por denominación ‘casos resonantes’ o ‘casos importantes; no recuerdo exactamente el nombre… Casos Relevantes, así se llamaba, y nos encontramos solamente que sobre 75 causas que nosotros creemos que había entre 60 y 80 causas, nos encontramos que figuraban 9; y de esas 9, 6 o 7 eran antiquísimas. Por ejemplo, causa Rossi, causa Moralde, Castoldi y Mori, la causa Alaniz y otras cuantas más ya juzgadas. Nos pareció insuficiente, por lo que creímos pedirle por nota formal al procurador general, que es el responsable de rediseñar la política criminal en la provincia, que nos informara en el término del Decreto Ley 1169/05 que es el que instituye via Decreto reglamentario el Derecho de Acceso a la información pública y bueno, le hacemos un par de preguntas.

Nada que no se pudiese, nada que perforara las limitaciones que tiene el Ministerio Público Fiscal a fin de garantizar la correcta investigación; le pedimos las causas, quiénes estaban imputados, en qué fiscalía tramitaban, cuáles eran los montos de las causas de Corrupción y si había elevadas cuántas podrían llegar a juicio, es decir el estado procesal de las causas, eso era todo.

A los pocos días, el 2 de Marzo en una lacónica y escuetísima nota que ni siquiera suscribía el procurador sino que la suscribe el Dr. Oscar Dosvat que es el Secretario de la Procuración; nos dice en tres renglones que ‘todas las fiscalías de la provincia están a disposición para que usted recabe los datos que necesite, saluda Atte.’; con lo cual eso y decir nada o no me importa es lo mismo, son cuatro o cinco renglones nomás.

El Dr. Garzón que después interpretó en el amparo, usted imaginese al Diputado Solari tomando el auto y yendo fiscalía por fiscalía… Es una total falta de cortesía, de tacto, de alteridad social; una guarangada como diría mi querida abuela fallecida. Porque entendimos que no había entendido bien para darle una nueva chance y la derecha, reiteramos la nota con un tono más subido donde sí le intimamos perentorio e improrrogable plazo de diez días hábiles administrativos. Como marca el Decreto reglamentario 1169, enmarcado esto en el Art 43 de la Constitución Nacional, 56 de la Constitución provincial; en las propias normas que a él lo obligan a informar en carácter de titular de la Procuración General y de Pactos y Tratados Internacionales que a esta altura, nadie, absolutamente nadie, discute. ¿Qué hizo? Cri, cri, cri… Nunca respondió y sobrevino la suspensión de todos los plazos a raíz de la pandemia por el Covid-19 y entendimos que debía, el día 1 de Junio porque se reanudaron todos los plazos el día 26 de Mayo, y comenzaron a correr los días del amparo; interpusimos el amparo, manifestamos todo esto y el Dr. Garzón en un fallo ejemplar.

En un fallo que yo mismo lo compartí con constitucionalistas importantes de la República Argentina, ha recibido solamente caracterizaciones de ser un fallo excelente, sólido, ajustado a los nuevos tiempos, muy fundado y sobre todo muy moderno porque ha incorporado todos los últimos principios y todas las últimas jurisprudencia nacional e internacional en lo que a derecho a la información pública corresponde. Hasta acá la cuestión normal, nos alegramos por supuesto como era de esperar, la fiscalía en el término de Ley apela. Antes produjo el informe, yo interpongo el amparo, se le corre vista al Ministerio Público Fiscal para que produzca el informe del Art. 8 de la Ley 8369 de Procedimientos Constitucionales, responde la procuradora adjunta, la Dra. Piñeiro negando todo, diciendo que es temporáneo, que fiscalía puso todo a disposición, incluso acompañando una nómina; y acá empezamos a caminar el terreno de lo delictual… Paradójicamente una actividad o un accionar o conducta delictual protagonizadas por el propio Procurador, vaya paradoja que es el encargado de perseguir las conductas delictuales; donde nos acompaña un largo listado de causas y nos damos cuenta que no estaba entre los días 25 de Febrero de 2020 y el 4 de Marzo que fue en esa semana donde nos avocamos con el Diputado Solari a hacer la búsqueda de todos los antecedentes, la incorpora después.

Pero quiere hacerle creer a Garzón, que el Juez Garzón no lo compra, muy lúcidamente se da cuenta ‘como que Solari y su equipo no buscamos bien o que directamente no buscamos pero bueno acá la tienen’. En el último de los casos el hombre intenta que la cuestión quede abstracta porque pensó ‘bueno acá van a dar cuenta como contestada la información y listo’. Primero que no la podía dar como contestada porque era atemporánea pero si hubiera estado no hubiera sido atemporánea pero no hubiera respondido ni el 40% esa información nueva a todo lo que nosotros habíamos requerido. Garzón nos dá la razón y lo condena a García a dos cosas: a darnos toda la información requerida en el perentorio plazo de 48 horas y lo condena, no al Estado provincial, no al Poder Judicial sino al Dr. Jorge Amílcar Luciano García a pagar él de su peculio la suma de 25 mil y chirolas; que eran los honorarios que por ley de aranceles profesionales le reguló el Juez Garzón.

Apela y vuelve a mentar toda esta cuestión y al rato, se sortea; ya una vez sorteados ya cinco de los nueve… Al ratito me notifican que además se suma a toda la apelación, pidiendo la anulación de todo lo actuado, la Fiscalía de Estado; el Dr. Rodríguez Signes, una cosa rarísima. Diciendo que en realidad el Estado como uno solo con tres manifestaciones: la legislativa, ejecutiva y judicial, que por tanto imperativo Constitucional y leyes respectivas, el Estado en cualquiera de sus manifestaciones debe promiscuamente estar representado por la Fiscalía de Estado. Por lo tanto tengo dos contendientes, tengo a García y a Goyeneche respondiendo haciendo la apelación, y sumándosele en otro escrito independiente, Rodríguez Signes pidiendo la nulidad por no haber sido comunicada la fiscalía.

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