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CONTRATOS DE LA LEGISLATURA

Néstor Belini:
Fiscales al borde de un ataque de nervios

Por Néstor Belini

No es la primera vez que el Ministerio Público Fiscal (MPF) reacciona en el contexto de la denominada causa Contratos en la Legislatura con el nervio destemplado. Dos situaciones exhiben que la reacción es desaforada y sin fundamentos: la investigación nunca se detuvo y tiene más volumen la información que resalta los “avances” de Fiscalía que la que informa sobre los puntos de las defensas. En el mismo sentido se destaca una ¿incongruencia? una ¿Inexactitud? que exhibiría una ¿inconsistencia? en la respuesta a lo publicado por El Diario y replicado en numerosos medios provinciales.

“Ante acusaciones falsas, injuriosas y tendenciosas que aparecieron en medios de prensa, atribuyendo irregularidades funcionales al Ministerio Público Fiscal (MPF), el organismo comunica que la documentación referida de la causa ‘Beckman’ es información pública y parte de la misma está disponible en el sitio web oficial http://mpf.jusentrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/62-2020.pdf”. Así, el MPF respondió a la información que El Diario publicó en su edición del sábado 25 de julio con el título “Las huellas de la filtración que comprometerían al MPF”.

Sin periodistas

La causa Contratos comenzó con una marcada preocupación por parte de Fiscalía sobre qué se informaba. El Diario fue el único medio que estuvo en la primera audiencia de la megacausa. Fue una tarde en los primeros días de octubre de 2018.

Los fiscales le informaron a este periodista que iban a solicitarle a la jueza de Garantías que no permitiera la presencia de los medios en la sala. La incipiente investigación lo requería, según argumentaron. Como la preocupación y la esencia de El Diario, a sabiendas de los pasos y tiempos de “la Justicia”, es informar y no ser un obstáculo en el proceso, quien escribe estas líneas se retiró de la sala y esperó pacientemente por una nueva instancia judicial en la que se permitiera informar a la sociedad de la que fue calificada por el mismo MPF como la causa de perjuicio a las arcas del Estado más importante desde el advenimiento de la democracia.

Antecedentes

El 19 de octubre de 2018 las defensas de cuatro imputados pidieron que se investigue cómo se había filtrado la lista de testigos a la prensa. Ni más ni menos. Según informó El Diario el 20 de octubre de aquel año, “en el pedido se señaló que la Procuración General del Poder Judicial de Entre Ríos emitió un comunicado en el que precisó que ‘rige la reserva absoluta de las actuaciones en el Legajo Nº 87933, caratulado “Beckman Flavia y otros /Asociación Ilícita y otros’”.

La preocupación de las defensas fue que el día antes “trascendió que medios nacionales se encuentran en Paraná para entrevistar a contratados con supuestos contratos truchos de las Cámaras de Senadores y Diputados, a lo que se sumó la presencia en un programa de televisión provincial de uno de los supuestos contratados-testigos”.

¿Inconsistencia?

El comunicado del MPF de octubre de 2018 que dictó “la reserva absoluta de las actuaciones”, al menos en lo que se refiere al levantamiento de aquella nunca fue oficialmente explicitado. Con tal antecedente y ante el “destemplado” comunicado de este lunes vale la pregunta respecto a que si la documentación era “pública” y una “parte” estaba disponible en el link cedido por el MPF ¿por qué los medios que informaron sobre tan voluminosa prueba de cargo no señalaron que la fuente era oficial?

Así todos se evitaban un dolor de cabeza y las suspicacias quedaban diluidas en el rigor de la fuente, nada más ni nada menos que un organismo del Estado.

Fideicomiso I

Es preocupante que quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante la persecución penal de acusados de cometer un delito se sientan agraviados e injuriados, al punto de perder la “tranquilidad” para hacer su trabajo. Se trata de una labor que apuntala la paz social, puesto que las víctimas de un delito ven satisfechos sus vulnerados derechos y ceden cobrar venganza por mano propia.

Los desaguisados del MPF suman hitos en una de las causas más importantes de los últimos años. La primera noticia que dio cuenta de ello fue la que informó sobre las relaciones de la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, con uno de los imputados en la causa.

El miércoles 5 de diciembre de 2018 El Diario daba cuenta de un contrato de adhesión al “Fideicomiso para construcción al costo Fideicomiso 9 J165”, celebrado el 17 de marzo de 2015, y un contrato de locación, celebrado el 30 de junio de 2017, entre Goyeneche y Pedro Opromola, sindicado en la megacausa.

Fideicomiso II

La segunda noticia se publicó dos días después. El viernes 7 de diciembre de 2018 El Diario informó sobre la existencia de una planilla Excel de gastos que exhibiría los vínculos entre Gustavo Falco, dueño del edificio donde funcionaba el estudio contable Integral Asesoría; el analista de sistemas, Nicolás Beber; el corredor inmobiliario, Renato Mansilla; y la sociedad integrada por Pedro Opromolla, Guido Krapp –todos sindicados en la causa– y Luis Sebastián Orlando Bertozzi, esposo de la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción.

Ese día la segunda al mando del MPF negó la información publicada en El Diario el miércoles 5. Incluso sostuvo que se trató de un ataque hacia su persona, propio de “la organización criminal que investigamos” dijo enérgica, añadiendo que aquella “organización” estaba integrada por “abogados, funcionarios y agentes externos”.

Un sitio digital de evidentes vínculos con el MPF tradujo “agentes externos” por “periodistas”. Meses después, tras una tarea de desgaste que puso en tela de juicio la información bridada por El Diario, Fiscalía embargaba otro departamento adquirido por la dupla Goyeneche-Opromolla. Fue en el contexto del embargo e inhibición de bienes sobre todos los imputados.

Robos y cajitas felices

El Diario siempre informó sobre la causa Contratos con una instancia judicial como sostén de la información. Así se eludió la mínima sospecha de brindar información sin el correspondiente respaldo. Si alguien debió velar por la seriedad y la rigurosidad de la investigación fue el propio MPF que debió abstraerse de situaciones que a esta altura del proceso resultan ridículas.

En este sentido, basta enumerar alguna de aquellas: en agosto de 2019 se informó sobre el “robo” de 1.227 cheques. Periodísticamente se sindicó como sospechoso a un imputado. Los cheques iban a ser incorporados al legajo de pruebas.

También se conoció la denuncia de un presunto robo a la casa de otro de los imputados en la megacausa. Ambas situaciones fueron objeto de sendas presentaciones ante el MPF. Los imputados-denunciantes temieron por “operaciones” en su perjuicio.

La denuncia fue rechazada porque Fiscalía informó que uno de los denunciantes-imputados no eran sospechosos de la misteriosa desaparición de la importante y voluminosa prueba. El MPF abrió sendas investigaciones pero nada se sabe al día de hoy sobre el resultado de las pesquisas. Es inútil aclarar que nadie más que los perjudicados se quejó de la información que puso, sin pruebas, la responsabilidad del “robo” en los imputados.

En el mismo sentido se encuentra la sorpresiva “aparición” de una caja de la firma Huevo Feliz con información contable de un período de la Legislatura, más precisamente de la Cámara de Diputados, que se “cayó” de la imputación porque ¡no existe prueba documental! de aquel período.

En la misma línea se inscriben las declaraciones del jefe de los fiscales prometiendo que iba a haber una secuela de la Causa Contratos. Una especie de Causa Contratos II en la que se “avanzará” sobre las presuntas responsabilidades políticas. Ver para creer, sostiene el dicho popular.

A esta altura del los acontecimientos y de la dinámica del proceso –hablamos de una investigación que nunca se detuvo, en la que nunca se presentaron pruebas de las alegadas presiones que les quitarían la “tranquilidad” a los fiscales para investigar, en la que las defensas gritan a los cuatro vientos que no pueden acceder a toda la prueba, entre otras situaciones- es inútil plantear que alguien pretende obstaculizar o dificultar el accionar de los fiscales.

Independencia

Una más. La última. La publicación de diciembre de 2018 sobre la relación “comercial” entre la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción y uno de los imputados motivó una defensa corporativa del accionar de Fiscalía y de la segunda al mando del MPF.

En una columna de opinión que se publicó el 23 de diciembre de aquel año, sostuve que “así, fiscales coordinadores de la provincia pretendieron defender la independencia del MPF para investigar y cuestionaron lo que consideraron un ambiente raro para trabajar ‘con independencia’. En el mismo sentido se pronunció la Asociación de Magistrados del Poder Judicial de Entre Ríos. Cabe una pequeña reflexión respecto de la proclamada independencia: si los que deben ser independientes ‘por naturaleza’ se sienten intimidados por la publicación de información, a la que denominan ataque, parecería que estarían aceptando implícitamente que no son independientes y que son influenciables a situaciones extra judiciales. Es para pensarlo”.

Dos años después vuelvo a proponer el mismo ejercicio de pensamiento y ratifico el derecho de los medios y los periodistas a informar con rigor, respeto por las partes e independencia. No solo es un derecho de los periodistas, sino de toda la sociedad.

Fuente: EL DIARIO DE PARANÁ Autor: Néstor Belini
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