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INTOLERABLE INDIFERENCIA RESPECTO AL CRITERIO DE LA SALA

Formulan un severo llamado de atención a la Cámara de Casación de Paraná

El señalamiento sobrevino porque hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el Relator del Ministerio Público Fiscal, quien no está habilitado por la Constitución provincial para impulsar tales actuaciones. Además, se sancionó con un apercibimiento a la jueza de Ejecución de Penal y Medidas de Seguridad de Paraná por no “poner debida atención en la ausencia de potestad y competencia del agente que promovía el recurso invocando una inexistente representatividad del Ministerio Público Fiscal”. Fuerte señalamiento a la reiterada “indiferencia” a la jurisprudencia de Tribunales superiores.

El 30 de diciembre de 2020 la Sala Nº 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), integrada por Miguel Ángel Giorgio, Claudia Mizawak y Daniel Carubia, resolvió “declarar la nulidad de la resolución del 23 de abril de 2020 que concediera el recurso de casación y de todo lo actuado en consecuencia”; aplicar “sanción de apercibimiento a la señora Jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Cecilia Bertora, la que una vez firme deberá comunicarse al Superior Tribunal para su registro en el legajo y libro respectivo”; y formuló “un severo llamado de atención a los Vocales integrantes de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti a fin de que adopten los recaudos pertinentes para el debido contralor de la legitimidad de los funcionarios intervinientes”.

Indiferencia

La compleja e insólita situación, habida cuenta que exhibe la reiterada “indiferencia” de dos instancias judiciales respecto de la jurisprudencia sentada por Tribunales superiores y una transgresión de los roles asignados por la Constitución de Entre Ríos a sus funcionarios, se desarrolló en el contexto del proceso de ejecución de la pena de un hombre condenado por un crimen. La defensa de aquel acudió en queja ante la Sala por el fallo de la Cámara de Casación, que denegó la concesión de la impugnación extraordinaria articulada contra la sentencia de la misma Cámara que hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el Relator del Ministerio Público Fiscal, Lisandro Álvarez. En consecuencia, la Casación anuló la resolución dictada por Bértora, quien había concedido la prisión domiciliaria al condenado, “ordenando reenviar las actuaciones al organismo de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho”.

Reiterado

La Sala Penal del STJ resaltó que ambas situaciones revelaron “una severa e intolerable indiferencia respecto del criterio sentado por esta Sala Penal del Superior Tribunal frente a un supuesto similar proveniente, precisamente, de los mismos organismos jurisdiccionales intervinientes en este caso”, en referencia a tres casos, “en los cuales se formularon sendos severos llamados de atención a la señora Jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, con motivo de hacer caso omiso de lo ya decidido sobre el particular por este STJ, tratándose además de un criterio larga y repetidamente sostenido por este Tribunal ante similares circunstancias provocadas por funcionarios del Ministerio Público de la Defensa”.

Obstinada

Además, se añadió que “respecto de la pretensa intervención del MPF en expedientes de Ejecución de Penas mediante una ilegítima representación a cargo de un funcionario del MPF no legitimado para ello, lo cual se advierte por entero desoído por los magistrados intervinientes en el sub examine; por tanto, frente a la obstinada reiteración del incorrecto e infundado proceder de la señora Jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, Cecilia Bértora, provocando un innecesario dispendio judicial y la invalidación de lo actuado, corresponde a esta Alzada ejercer la potestad disciplinaria que emerge de su deber legal de velar para que la actividad judicial se desarrolle dentro de un ambiente de orden, respeto y probidad, reprimiendo las infracciones que se verifiquen en las actuaciones judiciales, aplicándole la sanción de apercibimiento…”.

Distraídos

La Sala señaló que “en el fallo del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, dictado el 20 de abril de 2020, Bértora precisa que la vista conferida al MPF fue contestada por el ‘Representante de dicho organismo’, transcribiendo el dictamen del mismo en su pronunciamiento. Empero, de las constancias digitalizadas de la causa, surge que dicho dictamen fue emitido por Lisandro Álvarez, quien se desempeña como Relator del MPF, y además, interpuso el recurso de casación, que fue lisa y llanamente concedido por la señora Jueza de Ejecución de Penas y al cual la Cámara dio tratamiento normal, sin poner debida atención en la ausencia de potestad y competencia del agente que promovía el recurso invocando una inexistente representatividad del MPF”.

Inconcebible

La Sala dejó en evidencia que “una vez más, una inconcebible particularidad dentro del proceso, que impide avanzar en cualquier otra consideración sobre lo actuado y sobre el pronunciamiento aquí puesto en crisis, toda vez que, la llamativa circunstancia de que la pretendida intervención del MPF estuviera a cargo del ‘Relator’ del organismo y que pacíficamente fuera tácitamente conformada por los magistrados actuantes en las decisiones jurisdiccionales en cuestión, no siendo posible para esta Alzada dejar de señalar con vehemencia, una vez más, que el mencionado funcionario -Relator del MPF- carece por completo de competencia para emitir dictámenes en causas judiciales en trámite, no pudiendo convalidarse esta indebida actuación que contradice el expreso imperativo del artículo 45 de la Constitución de Entre Ríos…”.

Mayúsculas

La sentencia de la Sala señaló la “extralimitación funcional de Álvarez, en su carácter de RELATOR (en mayúsculas en la resolución) de la Procuración General, al haber asumido funciones atribuidas al Agente Fiscal, las cuales exceden el ámbito de incumbencia de su legítimo cargo y de las funciones propias del mismo, en cuanto aquel funcionario no cuenta con los atributos mínimos de la Constitución para el ejercicio de una válida representación en juicio del MPF”. También destacó que en la ilegal actuación “se verifica que un funcionario que reviste el carácter de Relator, detenta y usufructúa facultades que no son inherentes a tal cargo, sino de otros que precisamente no ostenta, en razón de no haber sido designado por los mecanismos constitucionales vigentes”.

Fuente: EL DIARIO
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