El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó una ordenanza que establece que todos los funcionarios municipales electos deberán someterse a pruebas de narcotest cada seis meses.
La medida, impulsada por el concejal del oficialismo Diego Casado, cuenta con el respaldo del intendente y candidato a gobernador Martín Llaryora. Además contó con el aval de la mayoría de la oposición, marcando un importante consenso en la lucha contra el narcotráfico.
A diferencia de propuestas anteriores a nivel nacional, que generaron polémicas sin llegar a concretarse, esta ordenanza tiene el objetivo de garantizar la transparencia y la integridad de los funcionarios públicos. Los resultados de los narcotest no serán públicos, pero se exigirá que los funcionarios presenten un certificado negativo de consumo de sustancias psicotrópicas.
