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ALBERTO PÉREZ DENUNCIÓ A LA MESA JUDICIAL

Gestapo Macrista: "He sido ilegalmente espiado por quienes fueran los máximos responsables del gobierno provincial"

Pidió ser querellante. Solicitó que se investigue, por violación de la ley de Inteligencia, a María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y al procurador bonaerense Julio Conte Grand y al exjefe de gabinete Federico Salvai.

“He sido ilegalmente espiado junto a distintas personas de mi entorno y a centenares de opositores” por “quienes fueran los máximos responsables del gobierno provincial”, dice la denuncia que concretó este martes Alberto Pérez, exjefe de Gabinete de Daniel Scioli. La “información ilegal”, explica, “era entregada a medios periodísticos afines y vaya uno a saber a quién más, con el objeto de realizar campañas mediáticas y nutrir de información a fiscales y jueces para alentar persecuciones judiciales también manifiestamente ilegales”. Su presentación ante el juez Ernesto Kreplak, en la que pide ser querellante, lleva una prueba adicional de fuerte peso, que son los audios que se le atribuyen al subcomisario Hernán Casassa, quien participó del allanamiento a su vivienda y a propiedades de Scioli, que describen un circuito de recolección ilegal de datos sobre diversas personas con base en el área de Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Buenos Aires. El pedido de investigación por violación a la Ley de Inteligencia lleva nombres concretos: la exgobernadora y hoy diputada María Eugenia Vidal, el exministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo –hoy diputado e integrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia–, el actual procurador Julio Conte Grand y el exjefe de Gabinete Federico Salvai.

Pérez llevó su denuncia a la causa sobre la “Gestapo antisindical”, nombre que alude a la frase del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, quien expresó su deseo de tener “una Gestapo” para “terminar con todos los gremios”. Pero extiende hasta las máximas autoridades bonaerenses los alcances de la “mesa judicial” que fue denunciada, y muestra que también fueron blanco dirigentes de la política.

En el expediente original se investiga la reunión del 15 junio de 2017 en el Banco Provincia donde Villegas les explica a un grupo de empresarios de la construcción, hasta con un instructivo en mano, cómo armarían causas judiciales contra dirigentes, en acuerdo con jueces, fiscales y la Procuración. Hablan puntualmente, además, del dirigente de la Uocra Juan Pablo “Pata” Medina. Había otros funcionarios presentes, como el entonces subsecretario de Justicia, Adrián Grassi, el intendente plantense Julio Garro, el senador Juan Pablo Allan y tres jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI): Juan Sebastián De Stéfano, de Asuntos Jurídicos, Darío Biorci, exjefe de gabinete de la central de espías, y Diego Dalmau Pereyra, exjefe operacional de contrainteligencia. Todo quedó filmado y fue hallado por la actual gestión de la AFI. De los audios entregados por el exjefe de Gabinete de Scioli surgen más nombres y posibles mecanismos de persecución. Su escrito pide identificar e imputar a “coautores, partícipes o instigadores”. Lo entregaron sus abogados Pablo Slonimsqui y el excamarista federal Jorge “Paty” Ballestero.

Los audios

Pérez señaló que en los audios que se le atribuyen al subcomisario “es inopinablemente preciso al describir el accionar de una mesa judicial en la provincia de Buenos Aires, que se reunía en el Ministerio de Seguridad de La Plata, en la sede del Banco Provincia y eventualmene en la Agencia Federal de Inteligencia, y que contaba, a su vez, con la colaboración de la Unidad de Información Financiera, la AFIP y Migraciones, siempre actuando al margen de la ley”, sin orden judicial ni nada que dotara de legalidad a sus actos. A Pérez y otros exfuncionarios les abrieron, con esa recolección trucha de datos, una causa judicial cuyo disparador fue una denuncia de Elisa Carrió.

Uno de los tramos claves del primer audio es el que dice: “Con respecto a como viene Asuntos Internos con (Guillermo) Berra es exactamente la oficina donde por orden de ritondo buscaban toda la información para empapelar las causas. Era el armado judicial, la mesa judicial que tenían, con Salvai, Vidal, Conte Grand, que era una locura que esté ahí, y Ritondo. Esa oficina tenía acceso a los Nosis, hablaba con la UIF, pedía información de todos lados (...) la usaban como mesa para juntar la información”. Berra era el titular de Asuntos Internos.

En el segundo se escucha: “Hablando de la mesa judicial, y que era el grupo de tareas, que era Asuntos Internos, donde se armaba la información, esa mesa judicial donde estaba Conte Grand junto con Vidal, que era imposible por la división de poderes no pueden tener contacto, eran los que armaban la causa y que con el fiscal de Avellaneda lo destrozaron a Moyano que lo quisieron meter preso. Ellos se juntaban en la Side (...) una vez que tenían todo armado le pedían a la UIF que armen ese carpetazo, esa información, y mágicamente aparecía en las manos de Carrió, y Carrió metía la causa, o manda a uno de sus secuaces a denunciar”.

Nuevas medidas y pendientes

El juez Kreplak completó algunas medidas pendientes: pudo allanar el despacho de Allan en el Senado bonaerense con su consentimiento, sin esperar a la autorización de ese cuerpo; también obtuvo el celular y dispositivos Biorci, que él mismo entregó y que no habían sido secuestrados en los procedimientos de la semana pasada. También puso fechas entre el 10 y el 3 de enero para la apertura de las computadoras, celulares y otros dispositivos secuestrados e informó a los imputados que pueden designar sus peritos. El análisis de los aparatos lo hará la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal.

Mientras tanto, el juzgado deberá definir otros asuntos, como la recusación que presentó De Stéfano, quien anunció que pretende llevar la causa a Comodoro Py. Desde ese edificio, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene a cargo la megacausa del espionaje durante el gobierno de Cambiemos, le había pedido a Kreplak acceso al video u otras pruebas que puedan incidir en su investigación. Fue en función de un planteo del abogado Alejandro Rúa y la abogada Graciana Peñafort, quienes señalaron que las imágenes y la grabación demostraban que el espionaje ilegal no fue un asunto de cuentapropismo, como afirmó la Cámara Federal. Por ahora, Kreplak le dijo a su par que todo el material vinculado con la AFI se puede consultar, pero en sede judicial. Más allá de esa gran causa de espionaje a políticos, sindicalistas, periodistas, entre otros, en los tribunales de Retiro hay desde noviembre de 2019 un expediente que inició el propio Pata Medina por el armado de causas y la mesa judicial que salió a la luz. El fiscal es Carlos Stornelli, quien se negó en dos oportunidades a la investigación. El abogado de Medina, César Albarracín, preparaba a última hora una denuncia contra Stornelli por encubrimiento, incluso de Mauricio Macri.

Fuente: PAGINA12
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