Saltar menúes de navegación e información institucional Teclas de acceso rápido
PANORAMA PROVINCIAL

Judicialización de la política y politización de la justicia local

Nuestra intuición, nada original, es que la judicialización de la política ha llegado a la provincia. El escenario en torno a la merecida condena penal a Sergio Urribarri y el Jury que destituyó a la ex Fiscal Cecilia Goyeneche, deja como dato relevante la idea de que Entre Ríos parece sumergirse en un clima similar al de la política nacional en los últimos tiempos del gobierno de Cristina que se consolidó durante la gestión de Mauricio Macri: la judicialización de la política y la politización de la justicia.

Los neoliberales, como Juntos por el Cambio, no le pueden decir a la ciudadanía cuáles son sus propuestas de gobierno, porque son ajuste y quita de derechos sociales y laborales, por lo cual construyen su discurso en la descalificación del adversario político. En esta estrategia, cómo no hay propuestas ni políticas, existe un tránsito que va desde la oposición irracional y estridente a la denuncia penal infundada como mecanismo de ataque político. Esta preocupante lógica se pretende instalar en Entre Ríos.

Sobre la justa condena al ex gobernador Urribarri, nada se dijo que se realizó durante el curso de un gobierno justicialista y que no existió intromisión alguna del Ejecutivo provincial ni del peronismo en el accionar de Poder Judicial. Las instituciones funcionaron y la división de poderes exhibió una sólida calidad, como debe ser. El relato político opositor no toma nota de esto.

En el caso de la Procuradora Goyeneche, convirtieron un tema judicial en una causa política, utilizando la presión mediática porteña con el argumento de que era una “perseguida”. El discurso opositor giró en torno a cuestiones que nada tenía que ver con enjuiciamiento a la ex magistrada. En lugar de abordar los hechos, la oposición política y mediática la defendió con en acusaciones mediáticas, agraviantes y políticas, ignorando totalmente de lo que se la imputó.

Se dedicaron, con el apoyo de los grandes medios porteños, a agredir al Gobierno provincial y a los integrantes del Superior Tribunal a quienes denunciaron penalmente. El conflicto escaló con ataques de que debieron soportar los que intervinieron en el Jury, que culminó la semana pasada con escraches de afiches anónimos con calumnias y difamaciones. Desde Juntos por el Cambio no salió una sola condena a estos hechos repudiables que desbordan el cauce jurídico e institucional que siempre debió tener el proceso.

Desde el Frente de Todos se asocia a la ex fiscal con la campaña electoral de sectores de la oposición, que impulsan a Rogelio Frigerio. El diputado porteño dijo: “Es una pésima señal para la Justicia. Es muy preocupante”. ¿El macrismo provincial está detrás de esta maniobra que pretende presentar a Entre Ríos como una provincia semifeudal donde las instituciones no funcionarían? Es indudable que festejan el accionar judicial cuando los fallos los favorecen, y cuando esto no ocurre, lo reprueban, porque hacen política mediante denuncias penales contra sus adversarios.

Y ahora, el diputado nacional radical, Pedro Galimberti, pretende prohibir al gobernador Bordet que proponga los nuevos miembros del Superior Tribunal, lo que es claramente su facultad constitucional. ¿No recuerda el ex intendente radical que Sergio Montiel, a quien homenajeó hace días, cuando fue gobernador designó a reconocidos dirigentes radicales y notorios antiperonistas como el ex diputado nacional por la UCR, Bernardo Salduna, en el Superior Tribunal?

En nuestra provincia, el relato del republicanismo y la justicia “independiente” de la oposición se desploma con el recuerdo histórico. La última vez que gobernaron, con Montiel se creó la inconstitucional Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), designando a Oscar Rovira, denunciado por sus vínculos con la dictadura militar, que se ocupó de fabricar causas penales para difamar a cuanto dirigente peronista había, en procesos que luego se demostraron como burdas operaciones políticas.

En su último paso por el poder, el anti peronismo impulsó la polémica Rente Vitalicia apretando a los miembros del STJ para que renuncien y ubicar jueces amigos. También contrataron una agencia de inteligencia ligada a ex miembros de la CIA yanqui para investigar al saliente gobierno de Jorge Busti, en una acción que colisiona contra cualquier idea del Estado de Derecho. En aquel entonces existieron sectores de la Justicia provincial que acompañaron este atropello institucional. ¿Esta es la “justica independiente” que pretenden imponer en Entre Ríos?

El peronismo debe tomar debida nota que el macrismo entrerriano irá más allá, en un sendero ya transitado por Juntos para el Cambio, de judicializar el debate electoral. Si consiguen lo que exigen, celebrar. Si se rechaza, salir de raje a denunciar impunidad. Y encontrar actores judiciales para sus denuncias, en la campaña de 2023, que impulsen la ingobernabilidad. Frigerio es porteño y no conoce la realidad entrerriana, no debería ser jamás parte de una operación de desprestigio de una provincia a la que aspira a gobernar y menos sumarse a quienes, sin mosquearse, faltan a la verdad denunciando que no hay justicia en Entre Ríos.

Fuente: LAOPINIONPOPULAR.COM.AR
PANORAMA PROVINCIAL

Teclas de acceso