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OPINIÓN

ÁLVARO ALMARÁ:
Juicio por jurados: ¿por qué no se legisló antes? Mi experiencia en una simulación

Por ÁLVARO ALMARÁ

La Constitución de la Nación Argentina previó desde su sanción (1853/60) la implementación de los juicios por jurados. Luego de la reforma de 1994, nada cambió y se mantuvieron las normas que hacían mención al tema:

-“El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados” (Artículo 24); -“corresponde al Congreso: (...) Dictar (...) especialmente leyes generales para toda la Nación (...) y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados” (artículo 75 inc. 12.); -”Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio” (artículo 118)

Los juicios penales, según nuestra Constitución, deberían finalizar “por jurados”. Es una garantía individual y una manifestación del régimen democrático republicano.

A pesar de que la Carta Magna estableciera desde su origen las bases del Jurado Popular, son solamente seis las Provincias que lo han regulado: Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Chaco, Río Negro y Mendoza. Actualmente, Entre Ríos se sumaría como la séptima en hacerlo. En el cuerpo Constitucional entrerriano, está previsto dentro de las “Atribuciones del Poder Legislativo”, correspondiendo a éste “dictar las leyes de organización y de procedimientos de los tribunales ordinarios y la del juicio por jurados” (art. 122, inc. 123)

En el ámbito Federal, esta modalidad también está contemplada, aunque no la regula, remitiendo a una ley especial. Por decreto del Poder Ejecutivo, actualmente su aplicación está suspendida.

Como se ve, no hace falta sustento normativo para regular estos tribunales de especiales características. La sobreabundancia de preceptos que mandan a dar forma a los mismos, chocan con una realidad histórica que tiene origen en la época de las monarquías absolutas.

En el pasado, el monarca tenía la exclusiva potestad “punitiva”. La disyuntiva entre el Jurado Popular o Jurado Técnico (imperante actualmente en nuestro país) se presentó cuando el rey se vio en la necesidad de delegar esta función. Así, hubo dos alternativas: encomendar la tarea en alguna persona (funcionario) que él designe; o confiarla al pueblo a través de un jurado.

Es de amplia aceptación la opinión de que es debido a la pugna política (o “lobby”) de sectores afines a la modalidad de jurado técnico (integrado por especialistas en derecho) la colisión entre ambos sistemas y las dificultades a la hora de legislar a favor del jurado popular.

En contra de los técnicos del derecho, suele argumentarse que la forma en que se integra el Poder Judicial, tanto nacional como provincial, es un vestigio de la monarquía absoluta.

De todos modos, hoy en día parece estar zanjada la discusión, y los esfuerzos políticos estarían siendo orientados a la idea de sistemas mixtos, donde se pone el ahínco en que el elemento "popular", integrado por legos desconocedores del derecho, está limitado a un pronunciamiento del hecho (sobre si se debe abrir o no el proceso penal, absolver o condenar al imputado); quedando el elemento teórico como complemento del anterior, e integrado por especialistas en la materia, que serán quienes orienten el proceso y determinen la concreción de la ley en sentido jurídico.

Lo que suele decirse en contra del jurado popular

Los ciudadanos “comunes”, desconocedores de la técnica del derecho, pueden estar influidos por cuestiones políticas, raciales, religiosas, especialmente por pasiones personales exacerbadas por la coyuntura social. En los años ‘60, en Estados Unidos, debido a un crecimiento en la tasa de criminalidad, la opinión popular se volcó a creer que se enfatizaban más los derechos de los delincuentes que los de la víctima y su familia, quedando estos en un segundo plano. Según John Conklin, sociólogo de la Universidad de Tufts, en aquel entonces las penas no eran tan duras y por ello era tan alta la tasa de criminalidad. Hechos como “olas de crímenes”, que se circunscriben a un determinado contexto, hacen que se dude de la capacidad de juzgar de los ciudadanos.

En una suerte de “superación intelectual”, el juez técnico no estaría condicionado por los factores antes mencionados; bastaría su “sana crítica racional” para fundamentar su decisión.

A favor del Juicio por Jurado

Alcanza solo con ver las desastrosas decisiones del cuerpo judicial, tomadas en base a la subordinación de intereses políticos o de factores de poder, para enterrar los argumentos de prejuzgamiento, parcialidad, partialidad y dependencia alzados en contra de la composición de jurados legos. La realidad es suficiente.

Ya no está visto con tan buenos ojos la figura del juez omnipotente y dueño de la verdad formal.

En mi opinión, es necesario que Argentina desarrolle el sistema mixto del que hablara más arriba. No solamente por cumplir con los mandatos constitucionales, sino porque también responden a una necesidad actual de la sociedad de vincularse a las decisiones que van a afectar su vida -de manera indirecta-.

Ser jurado implica una carga pública obligatoria. Habría que ver el detalle de la Ley de Juicio por Jurados que ingresó en el día de la fecha a la Legislatura, para saber cuántas personas lo integrarían y ante qué casos intervendrán.

Para quien escribe, es un enorme acierto legislar esta temática y "abrirle la cancha" a la sociedad. Es un paso fundamental para la democratización de la Justicia.

Mi experiencia en una simulación

Corrían los años en los que cursaba Procesal Penal; la cátedra estaba a cargo de un Juez Federal y de una abogada especialista en mediación.

La modalidad consistía en un examen parcial y uno final; nada nuevo, dirán. Excepto que dicha cátedra, a la cual estoy agradecido por haberme brindado los elementos para hoy en día poder opinar sobre el asunto, el parcial consistía en simular un juicio por jurado.

Eran casos reales.

En nuestras manos, el titular de la cátedra, depositaba copias de expedientes que él había resuelto, omitiendo la parte resolutiva e información sensible. La manera de trabajar era la siguiente: dividía a la clase en grupos; tres jueces técnicos eran los encargados de dirigir el debate y comunicar la decisión del jurado popular e imponer la pena; éstos últimos decidían si era culpable o inocente de los cargos que se le acusaban al imputado (podían ser más de uno, resultando absuelto de ciertos cargos y condenado en otros); la defensa (allí el o los imputados y generalmente dos abogados); y la parte acusadora a manos de la fiscalía.

También había auxiliares de los jueces, testigos, personal policial y periodistas.

Cada uno tenía su función propia. Lo interesante de la simulación puede resumirse de la siguiente manera:

Nos dieron dos semanas para preparar el caso. Nos tocó junto a una compañera desempeñar el rol de secretarios. Eramos los únicos que teníamos el expediente completo.

Nos tocó distribuir a cada quien las secciones que eran de su incumbencia.

Los fiscales tenía solo una parte y lo mismo la defensa. Los jueces y el jurado no sabían más que del hecho por el cual iba a ser juzgado el imputado.

Los testigos debían conocer qué iban a declarar. Pero su declaración iba a ser en base a las preguntas que las partes le hicieren. Es decir, si se omitían preguntas, se omitía información clave para que el jurado pueda hacer lo suyo.

El caso que nos tocó resolver era sobre trata de personas y estupefacientes. El debate duró más de tres horas. Como secretarios debíamos seguir las órdenes del juez y los tiempos y etapas del juicio oral. Todos estábamos realmente inmersos en la piel de los personajes que nos había tocado interpretar. Uno de los fiscales se descompensó argumentando porqué el imputado era culpable y casi se olvida de pedir que la condena. La defensa se lució en los argumentos para decir que su cliente era inocente. El jurado discutía y peleaba como si no hubiese un mañana. Los secretarios tomábamos café. Los jueces, luego de dirigir todo el debate, miraban la hora y pensaban cuántos años impondrían según resultase condenado de tal o cual delito.

En fin. No voy a ahondar en los hechos de la causa, ni voy a relatar más sobre lo vivido en la simulación. Solo diré que todos estuvimos muy comprometidos, en especial los miembros del jurado. Más allá de que haya sido una condición para aprobar el cursado, se sintió muy real y fue emocionante.

Al imputado se lo condenó por uno de los hechos: por trata de personas. Por estupefacientes se consideró que no había suficientes pruebas que lo vincularan.

Curioso fue ver la cara de sorpresa del juez, ya que él había condenado por todos los cargos al imputado. Fue mérito de la defensa, concluimos.

Finalmente, la experiencia fue reveladora, en mayor medida para los miembros del jurado popular: practicar la empatía nos permitió ver que no es algo que como sociedad vayamos a tomar a la ligera. Ser jurado implica una enorme responsabilidad y es una carga pública obligatoria.

Autor: ÁLVARO ALMARÁ
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