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¿MALA PRAXIS?

La cooperativa del fiscal Uriburu, otra vez en un caso delicado

César Roberto Cepeda está denunciado por abuso a dos niñas de 4 y 6 años en la comunidad de Lucas González, departamento Nogoyá. También pesa una denuncia por acoso a otra joven de 14 años. El imputado estaba cumpliendo una prisión domiciliaria luego de que el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú con la firma del juez Mauricio Derudi decidiera reformular la medida que lo tenía en la Jefatura Departamental de Policía. El abogado defensor es Walter Martínez.

Este domingo se venció la prisión dictada a Cepeda, funcionario de Enersa en el distrito, y quedó en libertad. Esto no debiera haber ocurrido si se hubiese presentado -como ocurre comúnmente en estos casos de delitos sexuales – el pedido de prórroga que no realizaron ni el fiscal Federico Uriburu quien patrocina la investigación (legajo 738/20) ni el querellante Mariano Navarro. ¿Mala praxis o acuerdo?

Las víctimas menores están bajo tratamiento psicológico para luego poder someterse a los procesos de develación, como el sometimiento a una cámara gessel. Todo esto podría ser entorpecido si las menores conocen que Cepeda está en libertad y no en su domicilio rural donde había sido destinado en el marco de la pandemia. Los medios locales locales no informaron nada sobre el caso, no precisamente por protección a las víctimas.

Dupla

Los apellidos de Uriburu y Navarro vuelven a aparecer, ahora, en un mismo legajo en el que se investiga un tema delicado, como es un abuso de menores. Hace unas semanas Página Judicial contó el accionar del fiscal y letrado que preside el Colegio de Abogados de Nogoyá.

Navarro, como presidente de la entidad, hizo oídos sordos cuando recayó en su escritorio la denuncia que pesa sobre el fiscal acusado de violencia de género, causa que fue archivada en Nogoyá y desarchivada por la Cámara Segunda de Apelaciones Civil y Comercial de Paraná.

Uriburu se desempeña en carácter de interino. No cuenta con el respaldo institucional de haber sido evaluado por el Consejo de la Magistratura, ni el acuerdo del Senado como lo dispone la Constitución. Pero esos son detalles para la institucionalidad en Entre Ríos.

El fiscal está en buenas manos. En Nogoyá lo defiende una mayoría mediática, mientras que en Paraná corre con la protección del procurador general Jorge García y ahora con el patrocinio de Julio Federik y Leopoldo Lambruschini.

La supuesta división de poderes hace – como siempre – que la pelota vaya de mano en mano para garantizar el silencio. Para el Poder Ejecutivo es una cuestión del Judicial (entonces nadie dice nada, ni siquiera el secretario de Justicia, en el marco de la no intromisión de un poder a otro). Para el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que es el organismo que ejerce el gobierno de ese poder es un tema del Ministerio Público Fiscal, órgano autónomo. Para el Ministerio Público Fiscal es una cuestión del Ministerio Público Fiscal. Y punto.

Fuente: Pagina Judicial
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