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Que fueron presentados en julio

La fiscal Goyeneche pidió rechazar el jury en su contra

La Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, solicitó al Jurado de Enjuiciamiento que rechace el pedido de jury en su contra que presentaron en julio tres abogados.

La denuncia contra Goyeneche fue presentada, primero, por el abogado Guillermo Reggiardo –conocido por defender al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi- y, luego, por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet –quienes, entre otras causas, son conocidos denunciantes del exgobernador Sergio Urribarri-. El primero denunció sólo a Goyeneche, mientras que sus colegas lo hicieron también contra el Procurador General Jorge Amílcar García. Ambos expedientes fueron acumulados por el Jurado de Enjuiciamiento.

Tras la presentación, el Jurado le corrió traslado a los denunciados. Goyeneche, con la representación del abogado Enrique Máximo Pita, presentó un escrito en el que respondió a cada una de las acusaciones.

Según pudo reconstruir Entre Ríos Ahora, la funcionaria judicial planteó que la denuncia está plagada de datos falsos e inexactitudes, y que el fin de la presentación es intimidar a los integrantes del Poder Judicial que investigan delitos de corrupción. Se trata de uno de los argumentos que también esgrimió el 5 de agosto el Procurador García durante un acto de jura de fiscales.

Además, sostuvo que nunca tuvo una relación comercial con el imputado en la causa de los contratos en la Legislatura Pedro Opromolla y que éste tuvo un vínculo de amistad con Luis Sebastián Orlando Bertozzi, su esposo, a fines de los noventa. También explicó que participó de dos fideicomisos de construcción en los que estaba el contador Opromolla, pero que no se trató de una relación comercial.

Por otro lado, negó haber tenido un trato diferencial entre Opromolla y otros acusados de la causa Contratos y recordó que los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry piden 6 años de cárcel para el contador en el escrito de remisión de la causa a juicio. Asimismo, rechazó la acusación de que amenazó al abogado Miguel Ángel Cullen (defensor de Gustavo Pérez, exadministrador del Senado, imputado en la causa Contratos) durante una audiencia celebrada el 7 de diciembre de 2018.

La acusación

Entre otras cosas, los abogados Pagliotto y Mulet le endilgan a la Fiscal Anticorrupción su participación en la causa Contratos en la Legislatura. La acusación, dice: «En fecha 7/12/2018, en ocasión de llevarse a cabo ante la jueza María Carolina Castagno la audiencia pública y videograbada para tratar el recurso de apelación deducido por las defensas técnicas de los ciudadanos imputados Gustavo Pérez y Ariel Faure con motivo de haberse dictado la prisión preventiva de ambos por parte de la jueza de Garantías Marina E. Barbagelata, la Procuradora Adjunta Cecilia A. Goyeneche, fungiendo a unísono de Fiscal Anticorrupción (designada por el propio Procurador General, obviando la clara manda constitucional local del art. 208º), enfáticamente niega, a la vista y oídos de todos, tener vínculos comerciales o societarios de ninguna naturaleza con el imputado en esa causa, Cr. Pedro Eduardo Opromolla, a raíz de una nota publicada en fecha 05/12/2018 en el matutino El Diario de Paraná (escrita por el periodista Néstor Bellini) en la que se daba cuenta de que el aludido encartado y la referida Procuradora Adjunta, eran condóminos o copropietarios de un inmueble (departamento) sito en calle 9 de Julio Nº 165 de la ciudad de Paraná, lo que la Dra. Goyeneche atribuyó enfáticamente a una furibunda campaña de desprestigio montada contra los investigadores de este caso por parte de las defensas y ciertos medios de prensa, habiendo usado en la ocasión la estridente frase: ´Es falso su señoría´, discurso que es de público y notorio conocimiento y que se acompaña como prueba con este memorial de promoción de Jury».

El descargo

Entre Ríos Ahora pudo averiguar que Goyeneche sostuvo en su descargo lo que desde hace un tiempo se afirma en el Ministerio Público Fiscal: que la investigación sufrió desde el inicio una campaña de desprestigio a través de la publicación de información «falsa» o «tergiversada» distribuida a los medios por la organización investigada.

En cuanto a la afirmación de que tuvo un vínculo comercial o societario con el imputado Pedro Opromolla, y que su esposo, Luis Sebastián Orlando Bertozzi, era socio en el estudio contable Integral Asesoría, clave en la maquinaria de la organización de los contratos en la Legislatura, señaló que esa afirmación es falsa. Además, reiteró la explicación que dio al Procurador General, Jorge Amílcar García, al apartarse de la causa el 29 de abril de 2019.

Aquella vez sostuvo que cuando se trabó un embargo patrimonial sobre los imputados, con el objeto de asegurar el recupero del producto del delito, se dispuso un embargo sobre el 50% de titularidad de Pedro Opromolla, de un inmueble ubicado en calle La Paz N° 236, Oficina ´B´, de Paraná, pero que ese departamento, que figuraba a nombre de Opromolla, fue adquirido por Goyeneche “por boleto de compraventa por la suscripta en fecha 9 de marzo de 2017”.

Al igual que en su escrito de 2019 –cuando se apartó de la causa-, se supo que explicó que el inmueble fue adjudicado por escritura pública del 14 de diciembre de 2016 y que el 9 de marzo de 2017 adquirió el 50% indiviso restante. Respecto del fideicomiso de calle 9 de Julio Nº 165, dijo que sólo fue fiduciaria adherente en una mitad indivisa compartida con Opromolla, entre la adhesión al fideicomiso, ocurrido el 25 de agosto de 2016 y la cesión a su sobrina, Maricel Micaela Goyeneche, que tuvo lugar el 1º de noviembre de 2018. En ese punto, subrayó que un condominio no constituye una sociedad ni comercial ni civil, sino que es un derecho real, transitorio y precario.

Por otra parte, también trascendió que rechazó la acusación de que se omitió investigar el período en la Cámara de Diputados –entonces presidida por el exgobernador Jorge Pedro Busti- que va del 12 de diciembre de 2007 al 12 de diciembre de 2011; y negó haber amenazado al abogado Cullen en la audiencia del 7 de diciembre de 2018, cuando se discutían las prisiones preventivas para los imputados.

Cómo sigue el proceso

Según la Ley de Jury, el Jurado de Enjuiciamiento dispone de 60 días hábiles para resolver si acepta o desestima la denuncia contra los funcionarios enjuiciables. Los mismos se distribuyen de la siguiente manera: 20 días hábiles para el jurado del primer voto; 6 para cada uno de los 8 jurados restantes; y 4 días para el ordenamiento y compilación de los votos, redacción final y firma de la sentencia.

El Jurado está integrado por el presidente del STJ, Martín Carbonell, los vocales del STJ Daniel Carubia, Miguel Ángel Giorgio, el senador provincial Armando Gay, el diputado provincial Gustavo Zavallo, y las abogadas Sonia Mabel Rondoni y Elsa Margarita Jachuk. Cabe recordar que los denunciantes pusieron en cuestión que en el Jurado se encuentre la vocal del STJ Claudia Mizawak, a quien denunciaron en 2017; y al diputado Zavallo, ante la posibilidad de que se viera afectada la objetividad del mismo por ocupar una banca durante el período en el que se investigaron los contratos de la Legislatura.

Que fueron presentados en julio

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