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CAUSA ALLENDE

La Fiscalía de Estado pretende otro destino para las viviendas del ex legislador

El Fiscal de Estado, Dr. Julio Rodríguez Signes, dialogó con Radio La Voz sobre la causa que involucra a Allende y al Estado provincial.

"No somos parte estrictamente pero fuimos citados, Allende fue imputado de dos procesos que tiene contenido patrimonial: uno es una negociación incompatible con la función pública y la otra es enriquecimiento ilícito.

Entonces dentro de lo que se estaba planteando en ese juicio, que era el decomiso de bienes; primero había que establecer o se nos cita para saber si estábamos de acuerdo con el decomiso en sí, con el acuerdo. En segundo lugar había un destino que estaba planteado para los bienes, en caso que se apruebe el acuerdo; no tenemos nada que ver con la acción penal porque la promueve el Ministerio Público Fiscal y nosotros promovemos la acción civil" aclaró.

"La postura de la Fiscalía fue expresada ayer, nosotros con el tema de la cuantía de los bienes decomisados nos conformamos con la investigación que hizo el Ministerio Público Fiscal. Hizo una investigación, determinó el monto del enriquecimiento y entonces el decomiso procede sobre bienes cuyo monto es igual al del enriquecimiento, esa sería la lógica".

"Ahí sí nosotros expresamos nuestra discrepancia –el destino- porque en el acuerdo los bienes estarían, sobre todo uno que está frente al Centro de Convenciones, se proponía que se afectara al Concejo de la Magistratura y nosotros sostenemos que; al igual que en otras causas, la adjudicación del bien a un organismo le corresponde al gobierno, es decir al Poder Ejecutivo. Es decir según la interpretación que se hace del Código Procesal Penal de la provincia nosotros interpretamos que corresponde al Poder Ejecutivo destinar un bien o afectarlo a un organismo.

El juicio pasó a cuarto intermedio, al 22 de Octubre. Respecto a la causa, me parece que la intervención de las víctimas es un tema discutido porque, de mi parte estoy acostumbrado a que los juicios se desarrollen con las partes del proceso y en este caso las partes eran el Ministerio Público Fiscal como acusador y la Defensa. La intervención de la víctima es más discutible pero estaban presentes e hicieron sus manifestaciones, alegatos e intervenciones" aseveró.

"Acá ahora el 22 tienen que retornar las partes y el Tribunal, terminar con el proceso porque entiendo yo porque quedó inconcluso; hubo algunas preguntas sobre las pericias y sobre todo el enriquecimiento ilícito, sobre las cuestiones contables y las pruebas. Una vez terminado, el Tribunal decidirá si aprueba o no el acuerdo; y lo puede corregir parcialmente, en el planteo de los bienes podría estar de acuerdo, podría homologar el convenio pero podría corregir o modificar la parte del destino de los bienes".

Sobre el pago de una deuda, expresó que “entiendo que entra a la cuenta de la provincia de Entre Ríos, no tiene una afectación específica”.

"En el caso de Yedro, terminó siendo la legislatura quien aprobó un proyecto de ley; al principio el gobierno había planteado lo de la Aldea Productiva, después se varió y terminó siendo la legislatura quien estableció el destino final" contó.

"Entonces nosotros hicimos en el caso de un bien de Pacayú, se instaló una comisaría; se va decidiendo conforme al procedimiento legal, a veces el gobernador tiene un poco más de libertad o discrecionalidad para decidir. No estamos de acuerdo en que sean las partes del proceso quienes determinen el destino del bien, podemos coincidir porque por qué no pero formalmente corresponde que sea el Poder Ejecutivo quien determine el destino".

Sacar dinero y no rendir cuentas, hechos de corrupción

"Acá se da una situación en que los organismos de control participaron relativamente, en el sentido de que este es un juicio abreviado en el cual no se ejerció la acción civil sino que nosotros fuimos citados en carácter de qué manifiesta la fiscalía con relación a los bienes nada más. Normalmente la responsabilidad de los funcionarios públicos viene por el lado del Tribunal de Cuentas, es decir los controles son el control preventivo que hace la contaduría general de la provincia previo a que se apruebe algún acto donde hay un movimiento de las finanzas públicas, donde hay recursos que se gastan; ahí interviene la contaduría a través de todo su cuerpo de delegados, ese es el control preventivo" apuntó.

"La Fiscalía de Estado hace un control de legalidad preventivo antes de que se emita el acto administrativo pero no tiene un cuerpo de delegados en cada oficina, el Tribunal de Cuentas hace un control posterior, es decir revisa la inversión de los recursos. Yo diría que durante todos estos años todos los organismos de control han estado funcionando, noto que hay un mayor celo, antes no se hablaba tanto de organismos de control ahora están a la orden del día. En la Constitución de la provincia se elevaron de categorías, se estableció el sistema de concursos para el Tribunal de Cuentas que ahora se está definiendo y noto una mayor intensidad en la consideración de los organismos de control. Es como que las autoridades están teniendo una mayor prudencia y muchas veces hay mayor respeto por los organismos de control, en esos casos el Derecho Penal existió y va a existir siempre. Eso supone, lamentablemente delitos se cometen todos los días así es la sociedad humana, en el ámbito de la administración ha habido muchos casos de juzgamiento".

"Son situaciones sensibles como el caso Yedro, Pacayu, las situaciones que se han dado en la Cámara de Senadores, la Causa Becman; hay trabajo, hay intervención; los organismos de control y el Ministerio Público Fiscal están operativos y trabajando intensamente, ayer fue un ejemplo de eso" finalizó el fiscal.

Fuente: RADIO LA VOZ.
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