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JUICIO POR JURADO

La Sala Penal del STJ excluyó a los menores imputables de la posibilidad de acceder al Juicio por Jurados.

El juez de menores Pablo Barbirotto, explicó por qué considera – en contra de la sentencia del STJ – que la realización de juicios por jurados a menores es perfectamente viable.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos excluyó a los menores de edad involucrados en la comisión de delitos, de la posibilidad de que los mismos sean juzgados bajo el procedimiento de Juicio por Jurados.

La Resolución, fechada el 18 de marzo de 2021, plantea que la aplicación de la ley provincial que establece el novedoso mecanismo deja “varios interrogantes abiertos, entre ellos, cómo se garantizarían la publicidad y al propio tiempo la privacidad del menor y/o como debería conformarse un jurado especializado, constituido por pares, sin perder de vista a todo esto que uno de los requisitos para ser jurado en nuestra provincia es ser mayor de 18 años”.

Según la Sala, “en la actual situación y con la legislación vigente, se interpreta que no es posible por el momento hacer extensiva la aplicación del procedimiento de juicio por jurados a la justicia penal juvenil entrerriana, donde solo cabe diferenciar aquellos supuestos de procesos conjuntos de personas menores y mayores de edad - en los que no es posible llevar adelante juicios simultáneos y/o paralelos sobre un mismo hecho - que podrían seguir aquel procedimiento con la expresa salvedad que la eventual audiencia de integración de sentencia, en caso de arribarse a la consiguiente declaración de responsabilidad del menor, deberá estar siempre a cargo de un juez penal especializado para resguardar precisamente ese principio fundamental, de orden convencional”.

Un punto de vista diferente.

El Juez Penal de Menores Pablo Barbirotto, en un trabajo titulado: “JUICIOS POR JURADOS ¿ES POSIBLE SU APLICACIÓN A PERSONAS MENORES DE EDAD ACUSADAS DE COMETER UN DELITO? - Análisis de Ley Provincial N°10.746”, analizó la norma aplicable a la cuestión, y concluyó que dicha norma “establece como regla general en su artículo 2° la obligatoriedad e irrenunciabilidad del Juicios por Jurados para el juzgamiento de toda persona -cualquiera sea su edad- acusada de la comisión de delitos cuya pena máxima en abstracto sea de veinte o más años de prisión o reclusión”.

El análisis continúa de la siguiente manera:

En sus fundamentos, la propia ley expresa que el sistema de jurados nace como una garantía a ser juzgado por los pares, pero también como derecho inalienable de la ciudadanía a participar directamente en la administración de justicia cuando se juzguen los así llamados “crímenes” (arts. 24 y 118 de la C.N). Como puede observarse, no surge del texto de la norma una prohibición expresa para el juzgamiento por medio de jurados de personas menores de edad acusadas de delitos que superen la pena establecida en el artículo 2°. Es más, al ser una garantía constitucional –ser juzgados por sus pares – sería contrario a nuestra carta magna privarlas de este derecho.

Debe mencionarse que por pares deberá entenderse por ciudadanos, no por personas menores de edad como integrantes del jurado. Asimismo debemos recordar que el Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos, de aplicación supletoria a la ley N° 10.450 , establece en su artículo 1° inc. J) que “deberán ser juzgados obligatoriamente en juicios por jurados los delitos que determine la ley de juicio por jurados”. Avala esta postura a favor de la instrumentación del juicio por jurados para el juzgamiento de personas menores de edad lo indicado por el Comité de Derechos Humanos en la Observación General Nº 13, párrafo 16, en cuanto a que " Los menores deben disfrutar por lo menos de las mismas garantías y protección que se conceden a los adultos en el art. 14 del Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos”. En este sentido, debe señalarse que a las personas menores de edad le corresponden los mismo derechos y garantías penales y procesales que a los adultos, más un plus que es atender a ese peculiar proceso de formación especialmente cuando el déficit cultural, social y educativo lo han colocado en contacto con el sistema penal.

Por lo tanto, entendemos que no existiría obstáculo legal alguno para el juzgamiento de una persona menor de 18 años por medio de este procedimiento, pues si consideramos al juicio por jurados como una garantía constitucional que poseen los acusados adultos en su beneficio, con mayor razón aun deberían poseerlas las personas menores de edad. Posibles limitaciones. Reglamentación Como se expuso, en principio no existen impedimentos para la instrumentación del juicio por jurados para juzgar a personas menores de edad. Pero surgen algunos interrogantes que analizaremos a continuación:

a) Participación conjunta de personas menores y mayores de Dieciocho años de edad en el delito:

Queda fuera de toda duda que cuando una persona menor de dieciocho años de edad sea acusada de cometer un delito -con pena de veinte años o más de prisión o reclusión en abstracto- conjuntamente con un adulto, ambos deberán ser juzgados por un mismo jurado popular.

Esta solución surge de la propia ley N° 10.450 al disponer que “cuando en relación a los mismos hechos penales hubieran participado conjuntamente personas menores y mayores de dieciocho años de edad, serán competentes para entender en la investigación del hecho los jueces de garantías y de juicio establecidos en el Código Procesal Penal.” (Ley 9.861.Art. 82). En este supuesto, de conformidad a lo establecido en el artículo 82° de esta ley, el Magistrado deberá limitarse a establecer la responsabilidad penal en la causa, de acuerdo al veredicto del jurado y en caso de ser hallado culpable, remitirá al Juez Penal de Niños y Adolescentes - organismo especializado-, para que este determine las medidas judiciales – art. 105 y 106- y lleve a cabo la audiencia integrativa de sentencia a los fines de resolver la necesidad de aplicar o no una sanción.

Caso contrario, si ante la comisión de un delito conjuntamente por un adulto y un menor de edad -coautoría- se optara por realizar dos juicios diferentes, al adulto por jurados y al menor de edad por un juicio común, podría suceder el escándalo jurídico que uno sea condenado y otro absuelto por un mismo hecho, sin mencionar el dispendio jurisdiccional de producir dos veces la mismas prueba y la desconfianza que generaría en la ciudadanía el procedimiento del juicio por jurados ante las sentencias contradictorias, que sin lugar a dudas los detractores del juicio por jurados sabrán aprovechar para descalificar este instituto.

b) Participación exclusiva de personas menores de dieciocho años de edad en el delito:

El interrogante en cuanto a la posibilidad de instrumentación del juicio por jurados podría formularse cuando el delito fuera cometido exclusivamente por personas menores de edad. En este caso consideramos que estaríamos en condiciones de afirmar que su realización no solo es posible, sino también apropiada y deseable.

Quienes se oponen a su aplicación consideran que con la participación de una persona menor de edad en un juicio por jurados violaría la de la garantía de reserva de la investigación, de respeto a la intimidad y dignidad del encausado.

Entendemos que esta crítica carece de fundamentos, pues lo miembros del jurado no son personas ajenas a la causa, todo lo contrario, son las encargadas de juzgarlo y decidir sobre su culpabilidad o no en el hecho que se le endilga.

Además esta crítica pierde sustento porque, acorde a lo estipulado en el artículo 90° de la ley N° 10.746, “los miembros del jurado están obligados a mantener, en todo momento, absoluta reserva de su opinión y la forma en que han votado”. Es más, podríamos interpretar que el propio Comité de los Derechos del Niño, máximo intérprete de la convención, deja la puerta abierta al juicio por jurados para personas menores de edad acusadas de cometer delitos. Pues la Observación general N° 24/ 2019 párrafo 67, al referirse a la interpretación de los artículos 16 y 40 b. VII de la Convención sobre derechos del niño, en relación al pleno respeto de la vida privada, establece textualmente que “ si el veredicto y/o sentencia se dicta en público en una sesión del tribunal, no se debe revelar la identidad del niño."

Aquí, al término veredicto debemos entenderlo como la decisión final pronunciada por un jurado sobre la culpabilidad o no culpabilidad de un acusado.

Aspectos a tener en cuenta en la reglamentación de la ley N° 10.746.

a) Juicio por Jurados optativo cuando el delito fuera cometido exclusivamente por personas menores de edad

Consideramos que en una futura reglamentación de la ley N° 10.746 debería disponerse que en el supuesto de participación exclusiva de una persona menor de edad en delitos que superen la pena establecida en el artículo 2°, podrá llevarse adelante el juzgamiento por jurados populares cuando este procedimiento sea expresa y voluntariamente solicitado por la persona adolescente y su defensor. En este caso, el juez competente, de conformidad al artículo 81° de la ley N°9.861, deberá ser el juez de la especialidad. Por lo tanto, el juicio por jurados debería ser optativo cuando el delito fuera cometido únicamente por personas menores de edad y obligatorio cuando hubieran participado en el hecho conjuntamente con personas adultas.

b) Audiencia de Integración de sentencia.

Asimismo debería establecerse que la intervención de los jurados populares se limitará a la decisión sobre la responsabilidad de la persona menor de edad como autora o participe penalmente responsable del delito que se lo acusa (Culpable o no culpable). Posteriormente, y a los fines de hacer realidad el principio de especialidad en materia penal juvenil consagrado en el artículo 40.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, deberá llevarse a cabo la audiencia integrativa de sentencias (Art.107 ley 9.861), una vez verificados los requisitos enunciados en el artículo 4.1 del decreto ley 22.2788 , a cargo del juez técnico de la especialidad, a los fines de resolver la necesidad de aplicar o no una sanción, conforme la evaluación de las medidas judiciales impuestas en la sentencia.

Fuente: lavoz
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