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SEGUNDA PARTE

Guillermo R. Mulet y Rubén A. Pagliotto:
“EL LABORATORIO DE LA IMPUNIDAD EN ENTRE RIOS Y LAS DOS G COMO LOS FANTASTICOS ALQUIMISTAS”

Por Guillermo R. Mulet y Rubén A. Pagliotto

8.-Uno de los indicadores del Miedo a García (en adelante I.M.A.G., por sus siglas en idioma castellano) de nuestra dirigencia, pero que a su vez exhibe el rostro más desesperanzador de la decadencia institucional de Entre Ríos, es que ninguno de los dirigentes políticos de envergadura, salvo honrosísimas excepciones (Diputado Eduardo Solari, Ex Senador Raymundo Kisser, Ex Secretario de Justicia Rubén Virué, Ex Pte. STJER Emilio Castrillón, Ministra Sonia Velázquez, y no muchos más) se animan siquiera a enmendarle la plana y mucho menos a solicitarle el Jury de Enjuiciamiento, reglamentado encima por un galimatías normativo, lleno de lagunas, imprecisiones y mala factura legislativa, aunque estamos persuadidos que si existiera una ley clara sobre el mecanismo para ello, tampoco lo harían, porque de a poquito y juntando causa tras causa donde están involucrados funcionarios de los poderes legislativo y ejecutivo, este procurador tiempista, acomodaticio, inescrupuloso y huérfano de política criminal seria y concreta alguna para Entre Ríos, logró rendir a toda la dirigencia política a sus pies y someterlos a su voluntad y caprichos como verdaderos rehenes, en una suerte también-digámoslo de una buena vez y sin eufemismos- “de toma y daca”, donde ha asegurado irse a su casa sin haber tenido que soportar un proceso en su contra debido al cúmulo de irregularidades cometidas in crescendo y cada vez con más descaro y soberbia, desde que Jorge P. BUSTI, casi al final de su mandato, muy probablemente de buena fe y siguiendo los consejos de Rosario Romero y José C. HALLE (en idéntica época él y el Procurador General fueron jueces correccionales) que ya conocían bien al ilustradísimo Jorge García de entonces (muy distinto al actual, al menos en apariencia), tomó la pésima decisión (visto en retrospectiva, claro) de proponerlo para que sea el jefe máximo de los Fiscales en la Provincia de Entre Ríos, comenzando que es muy poco adepto al trabajo concreto, acaso porque la mayoría del tiempo de su existencia lo invierte en elaborar teorías jurídicas, sobre todo procesales y de política criminal inentendibles, muchas veces disparatadas y exponerlas con imposturas de pavo real en ciertos espacios académicos, donde anidan sus admiradores que, de yapa, le hacen de claque y a la vez, cautivos cursantes de carreras de posgrados, que no dictan gratuitamente los embajadores sin plácet del funcionalismo sistémico, pero que para muchos es un requisito no dicho pero implícito, para acceder al Poder Judicial entrerriano, donde han logrado merced a los temulentos representantes que han poblado el Consejo de la Magistratura (con contadas excepciones), ejercer el monopolio del mismo, a través de socios de su club de privilegios y agencia de colocaciones, donde se producen los milagros laborales más grandiosos del orbe. Y así, por ejemplo, donde hoy te atiende un informal y descontracturado joven que adeuda la última materia de su carrera de abogacía y a la semana, apenas, te sentás en un juicio a escuchar la acusación del novel letrado y fiscal auxiliar, con una dinámica elitista y propia de gueto judicial.

9.- Con un solo ejemplo, trataremos de mensurar y explicar la enorme peligrosidad de esta medida y todos los cientos de cabos que deliberada y peligrosamente deja sueltos la Procuración, en clandestino aunque explícito acuerdo con mujeres y hombres del Poder, que seguramente, sino todos, la enorme mayoría de los lectores desconocen y que incluso nosotros hasta hace poco tiempo también.-

Esta asociación ilícita cuya jefatura, salvo para García y Goyeneche, era manejada y usufructuada (política y personalmente) en no menos del 80% de los fondos saqueados por quienes en distintos momentos fueron factótum del poder Legislativo y Ejecutivo Provincial, pero principalmente del primero, hacían inversiones agro-ganaderas y desarrollos inmobiliarios fundamentalmente (ni les fiscales reales del caso conocen todas ellas ni a todos los invitados al convite). Tales inversiones, en general, incrementaron a un buen ritmo de crecimiento el flujo inicial de capitales aportados y, lógicamente, en esa dinámica, generaban dividendos, utilidades o retornos, más allá del origen espurio de esos fondos.-

Un caso señero, que bien conoce el Procurador o debería conocer si por un rato se dignara a abrir los expedientes y a leerlos con objetividad y sin prejuicio alguno, es el del señor Hugo MENA y el CPN y funcionario todo terreno Juan Domingo “Palito “ORABONA (muy bien tratado en esta causa y seguramente muy pronto beneficiado con un abreviado con exigua pena). Resulta ser, que como para desdibujar la cosa y no dejar rastros, un bien inmueble, concretamente un terreno importante emplazado en la ciudad de Concordia que era en realidad del Cr. Juan D. Orabona, y que de mentirita nomás simulaba ser propiedad de don Hugo Mena (comprado por el prestanombre a los hermanos Carlos María e Inés María SOCAS, según informes de AFIP), quien concurrió a la capital del citrus un día, y a instancias de la Escribana María del Luján ORABONA, hermana de Juan Domingo (Palito), extendió un Poder General de Administración a favor del multi funcionario, como resultado de cuyas gestiones el inmueble se vendió y allí se organizó y fundó un barrio privado donde solamente acceden sectores acomodados económica y socialmente, quien compró allí un lote a Hugo Mena a través de su amigo y funcionario de mayor confianza, en épocas en que el actual Gobernador fungía de Intendente de la ciudad de Concordia.

Nos cuentan allegados a la causa, con muchos papeles en mano, que también lucen agregados en el legajo de Investigación Penal Preparatoria (IPP), que hasta quien fue –al menos en la fecha en que se vendieron estos lotes donde se asentaría el lujoso barrio- Jefe de la Delegación de AFIP en Concordia adquirió de estos lotes y, a la vez, habría dado ciertas seguridades al propio Orabona y sus allegados, de que la operación no corría riesgos de ser auditada por el organismo recaudador, dándoles cierta tranquilidad a sus arriesgados y abnegados desarrolladores inmobiliarios. Como somos abogados inquietos y estamos acostumbrados a que todo lo que se afirma debe ser probado, accedimos a los informes oficiales de la AFIP, y allí constan todas las operaciones inmobiliarias que se efectuaron con estos terrenos, quiénes vendieron, quiénes compraron y qué Escribanas o Escribanos intervinieron en cada operación de compraventa de los inmuebles, con las respectivas fechas en que se hicieron cada una de ellas.

Recordamos, por si acaso, que la compra del inmueble por parte de Hugo Mena y Flavia Beckman a los hermanos Socas, fue a través de la intervención notarial de la Escribana María Dolores MOULIÁ, allegada de la Escribana María del Luján ORABONA, hermana de Juan Domingo ORABONA, imputado en la causa.- Y que posteriormente, pero a través de la intervención notarial de María del Luján ORABONA, Mena y Beckman lo apoderan al Cr. Juan D. ORABONA, para que lo administre y se encargue de las gestiones que fueren menester, entre ellas, ventas de lotes a terceras personas.

Como se imaginarán los lectores, este bien inmueble que NO era de Hugo Mena sino de Orabona y demás jefes de la estructura non sancta, era el producto de regalías o dividendos generados por el dinero saqueado al Estado y cuyo arquitecto financiero y sistémico –según información probablemente mala que tenemos- fue el mismísimo CPN Juan D. ORABONA, quien ocupó la estratégica Dirección Administrativo-Contable de la Cámara de Senadores y desde allí causalmente se dio comienzo al desarrollo de esta matriz delictiva, donde claramente la jefatura la ejercieron a través del tiempo las más altas autoridades legislativas, aunque también fueron beneficiarios directos de los frutos mal habidos de las mismas gobernadores y Ministros, lo que también la Procuración muy bien conoce desde hace mucho tiempo ya, diríamos desde las indagatorias de los actuales imputados.

Pero también decimos con seguridad de que el mentado inmueble emplazado en la capital del citrus NO era en realidad de Mena, por el hecho de que de curiosos nomás, leímos un mensaje de whatsapp del Cr. Gustavo Pérez a la Escribana Ma. Del Luján Orabona (que también lo conoce y evaluó fiscalía), donde el primero le dice a la segunda que la harán figurar también a una persona llamada Flavia Beckman de la operación de compra del loteo del inmueble en la localidad de Concordia, con lo cual, nos queda claro entonces, que en esa fecha (05/08/2009), el Director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, era el Cr. Orabona y no Pérez, como que la Sra. Flavia Beckman no pertenecía al staff de planta o con cargo político en la Legislatura, por lo cual, no se entiende qué debería andar ordenándole Orabona a Pérez, sobre una operación inmobiliaria en la que aparecen personas vinculadas a la actividad política y a la propia AFIP.

Para ser más claros y explícitos - sin que esto sea interpretado como una acusación, empero no podemos omitirlo como hipótesis de investigación que fue desechada apriorísticamente por los pesquisas judiciales, la ciudad con mayor cantidad de pobres y pobreza del país, dicho y certificado por el INDEC y no por los autores de esta nota.- Se advierte entonces hasta dónde se ha llegado y cómo en esta causa más que en ninguna, se deben investigar todas las hipótesis (TODAS!!!), a fondo, caiga quien caiga, con apego a las garantías constitucionales y en el marco del respeto irrestricto de las leyes procesales y de fondo, sin incurrir en arbitrariedades y actos de intolerable discriminación, como pretende hacer e hizo el Procurador General Jorge García, en función de garantizar impunidad para algunos habitantes del poder entrerriano.

Y por si todo ello no fuese suficiente, para sorpresa de los autores de esta nota – aunque no pareciera ser así para el MPF- el inmueble donde funcionaba el estudio notarial de la Escribana María del Luján ORABONA, hermana del Cr. Juan Domingo Orabona, sito en calle Domingo F. Sarmiento Nº 957 de la ciudad de Concordia, era o es “propiedad” de los Sres. Hugo Mena y Flavia Beckman.

10.- Epilogando ya, pues para muestra sobra un botón, no pueden quedar dudas de que por las conductas o inconductas precedentemente expuestas y acreditadas con profusa prueba objetiva, ni la Procuradora Adjunta Cecilia GOYENECHE ni el Procurador General Jorge Amílcar GARCÍA, pueden permanecer un solo minuto más en esos cargos y deben, de no dar un paso al costado (deberían hacerlo si tuvieran un mínimo de dignidad y vergüenza), ser removidos por vía del Jury de Enjuiciamiento, aun conscientes ambos letrados autores de esta posición, de que no están dadas las garantías de que tal proceso prospere en razón de las falencias y lagunas de la diabólica ley y por la situación de rehenes del Procurador de la mayoría de quienes, como máximos dirigentes políticos con representación institucional, deberían generar las condiciones necesarias para que el máximo fiscal fuera sometido junto con su adjunta al jurado de enjuiciamiento, con serias y concretas posibilidades de ser removidos por las causales aludidas.- Sin perjuicio de lo cual, a la par, estamos explorando seria y desapasionadamente formular la pertinente denuncia penal contra ambos funcionarios judiciales de la Procuración General, donde por supuesto y desde ya, recusaremos ex antes a todes les fiscales del MPF, solicitando puntual y expresamente que se sorteen los mismos entre les abogades de la matrícula.

Se ha llegado a tal punto de cinismo y de atropello de la legalidad y racionalidad jurídica, que hay pedidos de pena, como el del Cr. Gustavo PÉREZ, a dieciocho (18) años de prisión, que además de exorbitar la ecuación injusto/pena (aspecto retributivo como necesidad y como merecimiento), nos invita al final de este artículo a hacer una necesaria reflexión: si para los imputados de los niveles medio se hicieron pedidos de pena de esa envergadura, menos mal de que no existe en nuestro país la pena capital, porque siguiendo este criterio desmedido de mensuramiento punitivo, a los jefes legislativos que se llevaron la parte gorda del botín a las obscuras cuevas de su voracidad material, los hubiera esperado la horca o la silla eléctrica, y hasta quizás sin darle el cristiano derecho al último deseo.

Por las dudas, si algún justiciero y republicano de ocasión, quisiera “enmendarnos la plana”, aclaramos que no estamos pidiendo (escuchen bien, hasta ahora, Fiscales García y Goyeneche) que no se investiguen los hechos de corrupción, para nada, ni mucho menos que se les entreguen galardones a la excelencia ciudadana a les imputades (no estamos para juzgar ni acusar a nadie, porque no somos jueces ni fiscales), sino que lo que pretendemos y exigimos, claramente, es que se aplique la ley en forma rigurosa y pareja, sin hacer intolerables discriminaciones, donde para algunos cabe la cárcel por años y para otros, ni siquiera la posibilidad de ser investigados.

Concretamente, no queremos impunidad, pero tampoco investigaciones sesgadas, mentirosas, que en verdad terminan siendo una parodia, una burda y rústica puesta en escena, que encubren más que lo que muestran y que premian más de lo que castigan.

Debe terminarse de una buena vez y para siempre la existencia del laboratorio de la impunidad en Entre Ríos y junto con ello producirse el necesario y obligado recambio de las dos “G”, sus fantásticos alquimistas, por profesionales del derecho – que los hay, afortunadamente- que le devuelvan con su probidad y transparencia a la Procuración General la credibilidad de los ciudadanos y que el organismo sea lo que jamás fue, desde su creación: responsable de la política criminal de la Provincia y celoso custodio de la extraviada legalidad.

Sólo así y nada más que así, se honraran sin cortapisas la Constitución y leyes de la Provincia, restablecerán los fines fundantes y específicos del MPF y recuperarán para el organismo el respeto perdido y la dignidad dilapidada.-

Autor: Guillermo R. Mulet y Rubén A. Pagliotto
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