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PRIMERA PARTE

Guillermo R. Mulet y Rubén A. Pagliotto:
“EL LABORATORIO DE LA IMPUNIDAD EN ENTRE RIOS Y LAS DOS G COMO LOS FANTASTICOS ALQUIMISTAS”

Por Guillermo R. Mulet y Rubén A. Pagliotto

Proemio.

Trataremos, sin muchas vueltas ni derroche de palabras, contarle a los lectores de esta columna, la saga del hecho de mayor impunidad ocurrido en Entre Ríos, sin dudas, el más funesto y de mayor envergadura cuanti y cualitativa, por su perversidad e impudicia.

Los Hechos.

A partir de contratos de obra apócrifos en el seno de la legislatura provincial, celebrados en el período o década comprendida entre 2008/2018, se generó un sistema de financiamiento espurio de la actividad política, sin distinción de partidos o facciones, pero también de enriquecimiento personal de determinados actores de la vida institucional vernácula.

Organización y funcionamiento.

Para tal fin, se estructuró una suerte de organización -no tan compleja como la pretende exhibir la Procuración General a través de sus fiscales causídicos- en la que algunos de sus integrantes (no precisamente los jefes) se encargaban de hacer suscribir los “contratos de obra” a terceras personas (y a veces ni siquiera las firmas pertenecían a las manos escritoras del “contratado”), mientras otros efectuaban las cobranzas de los valores emitidos desde la Legislatura, a través de sus Oficinas Administrativo- Contables (primero a través de cheques y luego, ya en los últimos años, avanzado el proceso de bancarización de haberes, por medio del depósito en cajas de ahorro de los “beneficiarios” u “hombres de paja”, a quienes se les proveía de las correspondientes tarjetas de débito, efectuándose luego las extracciones posteriores), para luego canalizar esos fondos a favor de terceros que se encargaban, con una buena parte de ellos, de llevar adelante inversiones de distinto tipo, repartiéndose los montos residuales entre jefes políticos (Legisladores, autoridades de ambas Cámaras, Ministros del P.E., entre otres beneficiarios directos y reales de los fondos apropiados ilegítimamente), sin olvidar la actividad directa y permanente de dos estructuras contables (estudios) externas, que se encargaban de los menesteres impositivos del circuito, tales como el pago del Monotributo a AFIP, las gabelas de ATER, cuestión que garantizaba la circularidad sin detenimiento del sistema y la imposibilidad de que existieran reclamos de los organismos recaudadores a los “titulares” de los contratos de obra suscriptos.- En la mayoría de los casos, a los prestanombres que figuraban como contratados por los cuerpos legislativos, explotándose vil y ramplonamente sus necesidades económicas reales, se le dispensaba una pequeña ayuda económica, que se detraía de los montos de cada contrato ficticio.

Se detectaron muchísimos casos de gente que ni siquiera sabía o conocía que estaba “contratada”, sino que algunos, mediados por apremios económicos y sumidos en la ignorancia, pensaban –de buena fe- que estaban recibiendo una suerte de subsidio mensual del Estado, para lo cual –necesariamente- debían inscribirse como monotributistas, aspecto del cual se encargaban-como dijimos- los estudios contables externos, donde en uno de ellos (Integral Asesoría-OKO), el volumen de movimientos era de tal escala y envergadura, que dentro de su estructura se encontraba una terminal de Entre Rios Servicios, a través de la cual se canalizaban los pagos a los organismos recaudadores de los tributos de los contribuyentes contratados como asesores y/o colaboradores de las Cámaras de Senadores y de Diputados, con lo cual, un poco en chiste pero también en serio, a juzgar por la enorme cantidad de “ASESORES” con los que contaba nuestro Poder Legislativo, debió ser nuestra Provincia una suerte de modelo o faro a escala mundial de proyectos de ley y de producción de legislación innovadora y de avanzada.

Los niveles de responsabilidad y beneficios de la organización.

Fácil y lógico es colegir, que semejante flujo de fondos (a valores actualizados el dictamen de les fiscales de causa calcula unos $5.000.000.000), verdaderamente millonario y con ininterrumpida circulación durante una década, por lo menos, aunque personalmente creemos que desde bastante tirmpo antes, jamás, nunca, pueden haber tenido como únicos y exclusivos “beneficiarios”, a quienes terminaron finalmente imputados y sus acusaciones remitidas a juicio oral y público, puesto que es un secreto a voces, ya que existen sobradas y variopintas evidencias y pruebas (testificales, instrumentales, documentales, informáticas y demás) que demuestran acabada e incontrastablemente que quienes usufructuaron la parte más grande del botín, fueron, precisamente, legisladores de ambas Cámaras y algunos funcionarios políticos del Poder Ejecutivo de esa década, establecida como marco temporal dentro del cual se produjo el millonario saqueo de fondos públicos.

De lo contrario, habría que pensar que quienes fungieron en el período señalado como autoridades de sendas Cámaras y Legisladores (claro que no todes, por supuesto), estaban pintados en sus bancas y que, acaso para el Guinnes de la estupidez humana, eran ineptos, irresponsables, extremadamente descuidados, pero sobre todo tremendos imbéciles con sus facultades mentales (y morales) francamente alteradas.- O sea, que en verdad y siguiendo a rajatablas la descabellada tesis acusatoria, quienes ejercieron el poder real en esta provincia durante ese lapso, fueron quienes resultaron imputados en el memorial de remisión a juicio facturado por el MPF y nadie más, con lo cual, también puede barruntarse con cierta logicidad, que nuestros abnegades representantes (Diputades y Senadores) sólo estaban ocupados en la sanción de las leyes y absolutamente desentendidos de lo que tuviera relacionado con el manejo de los fondos legislativos y las contrataciones consecuentes.

Dicho más prosaicamente, pero con la finalidad de ser claros y concretos, a juzgar por la conclusión a la que arriba el MPF: ni los vicegobernadores José E. LAURITTO (200872011), José CÁCERES (2011/2015) o Humberto BAHL (2015/2018) en la Cámara de Senadores (ni sus respectivos Vicepresidentes 1º), como que tampoco ningunos de los Presidentes de la Cámara de Diputados, como Jorge P. BUSTI (2008/2011), José A. ALLENDE(2011/2015) o Sergio Daniel Urribarri (2015/2018), como máximas autoridades políticas y administrativas de sendas Cámaras Legislativas, en el período investigado, absolutamente nada vieron o escucharon relativo a esta gigantesca defraudación al Estado Provincial, por la cual se sustrajeron millonarias sumas del Poder Legislativo Provincial, siendo todos ellos –aunque algunos más que otros- hombres muy sagaces y con los cueros bien curtidos en la fatigosa y difícil conducción de la cosa pública, sin olvidarnos que, además, pesaban sobre todos ellos, sin excepción, claros e inexcusables deberes positivos de custodia –posición de garante-, que evidente omitieron cumplir y que por esa omisión impropia no se pudo evitar el aludido latrocinio, refiriendo a este supuesto como la mejor situación procesal en que ellos podían encontrarse de haberlos investigado, e hipotetizando que no se llevaron siquiera medio centavo a sus bolsillos o lo desviaron para la “actividad política”, que con tanta pasión y vocación de servicio llevaron adelante, según sus propias manifestaciones en cuanto tribuna discursiva ocuparon.- Al margen de todo, este preliminar razonamiento, no implica ni significa abrir juicio de reproche alguno contra los aludidos, empero se trata sí de seguir sin alteraciones disruptivas ni vicios de logicidad argumental, un derrotero investigativo lógico, coherente y, sobre todo, equilibrado y creíble para propios y extraños, donde nadie pueda abrigar temor o sensación de parcialidad o falta de objetividad por parte de los funcionarios de la acusación pública.

Mentiras que matan y primeras muestras de graves irregularidades en la investigación, que convierten a la titular de la investigación en autora de conductas punibles.

Sólo para dar un pantallazo de las más significativas (por su tenor y osada desfachatez) acometidas por la Procuradora Adjunta a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, señalaremos muy brevemente las siguientes, en el orden causal que se sucedieron.

1.-Rebelación periodística que da cuenta en base a documentación relevante secuestrada, de que la Procuradora Adjunta Cecilia A. GOYENECHE, a cargo de la pomposamente llamada Fiscalía Anticorrupción (sin concursarse), estaba asociada en carácter de condómina de una propiedad inmueble con el Cr. Pedro OPROMOLLA, imputado en la causa y socio de su esposo, Sebastián ORLANDO BERTOZZI, en el Estudio que gira como Integral Asesoría, sito en calle Misiones Nº 276 de esta ciudad, la que fue rotundamente negada en una audiencia pública ante la Jueza de Garantías Marina BARBAGELATA por parte de la Fiscal aludida, frente a concretos señalamientos efectuados por los distinguidos colegas defensores, Miguel A. CULLEN y Leopoldo CAPPA.- Incluso en esa oportunidad, no sólo negó con estolidez la observación esgrimida por los letrados defensores de su imbricamiento personal con uno de los encartados, lo que exhibía una clara situación de incompatibilidad superable sólo por vía recusatoria, sino que se permitió de modo desagradable y altanero, esgrimiendo una chicana fútil y de baja factura intelectual, desacreditar a los letrados aludiéndolos como embarcados en una suerte de operaciones mediáticas tendientes a erosionar las investigaciones de los egregios fiscales de causa y a ellos mismos.

2.- Este hecho señalado, portador de ostensible gravedad y con entidad suficiente para habilitar el apartamiento de la Procuradora Adjunta de la causa, se confirmó apodícticamente con documentación objetiva arrimada y a instancia de pruebas o evidencias producidas por sus propios colegas fiscales, ni siquiera por conducto de las defensas técnicas de les imputades, con lo cual, a partir de ese preciso momento, quedaba al desnudo, como el Rey del cuento de Hans Christian Andersen, la grosera e inexcusable mentira (perjurio la llaman los americanos), en que había incurrido la representante del MPF, pero también, la pasmosa y cómplice pasividad del Procurador General, su jefe directo por imperio normativo, quien guardó-como de costumbre y si de salvar la ropa de allegados se trata -ominoso silencio, incompatible con los mínimos cartabones de eticidad que le son exigibles en proporción a su alta investidura y responsabilidad funcional.

3.- No sólo que a partir de ese momento se acredita fehacientemente la existencia de ese vínculo comercial de Goyeneche con el CPN Pedro OPROMOLLA, sino que por si algo faltara y a instancias de un informe rendido por el Registro de la Propiedad Inmueble solicitado por los Fiscales Yedro y Arramberry, se confirma ya no la existencia en condominio de un inmueble, sino de dos inmuebles, con lo cual vuelve a exhibirse de modo categórico e incontrastable la inercial tendencia a la mendacidad de la Fiscal Anticorrupción y su cerril reticencia a dar un paso al costado ante la estrecha vinculación económica con uno de los imputados en la causa, además socio de su cónyuge, lo que ha quedado demostrado no sólo por pruebas objetivas, sino por un inesperado testimonio que más adelante referiremos.- Y otra vez el Procurador General Jorge Amílcar Luciano GARCÍA, sin decir media palabra sobre el gravísimo desorden de conducta de su subordinada, lo que lo hace a él mismo claro incumplidor de deberes positivos propios y específicos de sus funciones, sumando un eslabón más a su larga cadena de desprestigio y desacreditación funcional y personal.

Recién entonces, acorralada ya por la fuerza evidencial de las pruebas producidas por sus propios colegues de la Procuración y obligada por las circunstancias adversas a sus mentiras, no le quedó otra que dar un paso al costado y “apartarse” de la causa, pues la situación era insostenible y escandalosa, tanto como el sempiterno y sepulcral silencio del Procurador General, tan sensible, muchas veces, a aplicar duras penas ante hechos significativamente menos grave que el que estamos exponiendo, claro que, cuando se trata de les “María de nadie” o de los “Juan pueblo”, huérfanos de padrinos políticos o ajenos a los espacios de poder entre los que suele moverse con un manejo envidiable del timing político , lo que hoy por hoy lo hace - sin dudas- detentar la posición de banca de la ruleta judicial, desde donde reparte con manos de acero, en medio del miedo y de cortesanas pleitesías de políticos con la cola sucia, duras acusaciones a algunos o soluciones para zafar a otros (por caso, Sergio Varisco entre los primeros y José Ángel Allende, entre los segundos).

4.- Otro hecho desopilante fue cuando en oportunidad del testimonio del cadete del Estudio Integral Asesoría, Mario DEILOFF, ante una pregunta de uno de los fiscales que comandaban el interrogatorio, responde que entre los integrantes del Estudio Contable, estaba el Cr. Sebastián ORLANDO BERTOZZI (aunque en rigor el testigo lo nombra solamente como Sebastián Bertozzi), y no sólo eso, sino que visiblemente molesta y contrariada, la Procuradora Goyeneche le pregunta al declarante si puede describirlo a Orlando Bertozzi físicamente, ante lo cual, con mucha serenidad y espontaneidad Deiloff lo refiere como “peladito y de anteojos”, características que se ajustan absolutamente a los rasgos más salientes del socio del Estudio OKO y a la par administrador de los fondos del HCD, durante la pasada gestión municipal.

5.- Baste ver con atención los registros fílmicos y sonoros de la aludida audiencia testimonial, para advertir la forma y el grado en que fue grosera y arbitrariamente sojuzgado el testigo Deiloff, a quien podría haberlo sometido a un duro interrogatorio, pero no a un hostigamiento exorbitante, quien además no trepidó en descargar su incontenible e irracional enfado contra el cadete empleado en el Estudio Contable de su esposo, con una altanería propia de los que no tienen razón y se han quedado sin argumentos y expuestos sin vueltas ante la contundencia de los hechos.

6.- Vale decir y hasta aquí, podemos colegir sin hesitación, que quedan ya configuradas gravísimas irregularidades por parte de la Procuradora Adjunta Cecilia Andrea GOYENECHE y del propio titular de la Procuración General, Dr. Jorge A.L. GARCÍA, algunas de ellas –podemos quizás equivocarnos- rayanas con delitos funcionales, es decir, que solamente pueden acometer los funcionarios públicos, constreñidos a observar deberes positivos a su cargo, que en nuestra opinión se han inobservado de modo inexcusable, insinuando ya un derrotero de futuras complicidades con ciertos niveles de mayor responsabilidad del Poder Legislativo y Político, en función de garantizarles impune cobertura, de tal suerte que queden excluidos de ser investigados por parte del MPF y, obviamente, de recibir un reproche penal que les implique un serio riesgo para sus libertades y bienes.

7.- De otra parte y a su respecto, de lo planteado hasta este momento que, vale recordarlo, es sólo una mínima parcialidad de una larga cadena de atropellos procesales y del orden del catálogo represivo también, surgen ya diáfanamente perplejidades que trataremos de exponer seguidamente.

7.1.- Por qué motivos, razones o fundamentos jurídicos y fácticos serios, concretos y reales, los ciudadanos Alfredo BILBAO y Ariel FAURE, por ejemplo, estando exactamente en la misma situación que el Cr. Pedro E. OPROMOLLA (nos alegramos sincera y respetuosamente por él, máxime cuando los autores de este artículo no somos feligreses de las prisiones preventivas por que sí o como forma de presión, contrariando la constitucional y convencional presunción de inocencia), debieron soportar un tratamiento procesal absolutamente distinto que el del segundo, habiendo perdido cautelarmente su libertad, consecuencia que no lo alcanzó a Opromolla en una situación espejo con la de los dos primeros. Mucho apreciaríamos, sobre todo por respeto al Estado Constitucional del Derecho y al sagrado principio de igualdad ante la ley, que la ilustrada Fiscal Anticorrupción le brindara a quienes contribuyen todos los meses con el pago de impuestos para sufragar su nada desperdiciable remuneración, una explicación completa y rindiera responsablemente cuentas sobre ello.

7.2.- Porque de no ser así, válido y lógico es inferir que el dispar tratamiento a unos y otro, sólo encontró algún atisbo de fundamento en que Opromolla fue su socio en dos propiedades inmuebles, además de serlo de su cónyuge Sebastián ORLANDO BERTOZZI, en el Estudio Contable que compartieron en la calle Misiones 276 de la ciudad de Paraná, donde funcionaba ese ámbito de fraudes al erario público, idéntico lugar o espacio físico en el cual -con total naturalidad y de manera espontánea- el Sr. Deiloff cuenta que el Cr. Pedro Opromolla le hizo suscribir el contrato de obra con la legislatura, es decir, el mismísimo socio comercial de la Procuradora Adjunta, que compartía el Estudio en sociedad con el cónyuge de ella.

O sea: un socio por doble vía, lo que sin dudas complica y mucho la situación de la Dra. Cecilia Andrea GOYENECHE, pero no por ser condómina del Cr, Opromolla o que éste fuera socio de su esposo (ninguna de ambas situaciones son ilegales o ilegítimas per se), sino por haber guardado ominoso silencio y peor aún por haberlo negado públicamente.

7.3.- Cómo puede sino calificarse de mendacidad grave y compromisoria con la obligada nota de Objetividad y decoro que debe guardar un o una Fiscal, la pública y reiterada negación, bajo la estridente advocación de la frase ES FALSO SU SEÑORIA, la (in) conducta de quien funge (ni más, ni menos) como titular de la Fiscalía Anticorrupción del MPF, cuando luego de tan enfáticas negativas de esa relación ante la Jueza de Garantías y con tono de reproche y reconvención hacia dos defensores técnicos, queda al descubierto que no estaba asociada al Cr. Opromolla en un inmueble sino en dos propiedades, lo que se evidencia merced a pruebas objetivas que fueron producidas bajo dos modalidades distintas: secuestro documental e informativa, por sus propios colegas de la vindicta pública.

7.4.- Por qué razones serias y verdaderas (que se puedan decir a la luz del día) la abismal diferencia de tratamiento a testigos de la causa, como por caso, cuando en lugar de preguntar con mesura y equilibrio, Goyeneche lo atacaba al Sr. Mario Deiloff (empleado del estudio de su esposo), mientras que prácticamente lo recibía con una alfombra mullida y reverencias palaciegas, al multi cobrador serial de cheques de la Legislatura, José M. Kramer, sin hacerle una sola pregunta incómoda y con tenor de buen interrogatorio. Seguramente lo que le molestó a la irritable Fiscal hasta el borde de la vesania (i.e., del paroxismo), fue que el joven Deiloff mencionara como parte del Staff de Integral Asesoría y dentro de ella al Estudio OKO (por las siglas de sus socios Opromolla, Krapp y Orlando) a su cónyuge, lo que ponía otra vez en evidencia, que ya no podía formar parte del equipo de pesquisas del MPF, pues –insistimos con deliberada y necesaria repitencia -su socio comercial (alquilaban sus propiedades en condominio) Pedro Opromolla estaba siendo investigado por el affaire económico más grande de la historia local, y además, por si algo faltaba, su propio socio en dos inmuebles, lo era también y a la par de su marido y peor todavía, había más socios de Orlando Bertozzi siendo investigados por el equipo que comandaba –paradójicamente- la multifácetica Procuradora Adjunta, incluído el propio corredor inmobiliario de la Fiscal Anticorrupción (Renato Mansilla), donde el domicilio de pago del canon locativo a la sociedad Opromolla- Goyeneche, estaba fijado –según contrato que examinamos al detalle y que luce glosado al legajo de investigación- en calle Misiones Nº 276, donde no casual sino causalmente, funcionaba el estudio que se encargaba de los menesteres contables e impositivos de los apócrifos contratos de obra en el ámbito de la Legislatura, que por si algo faltara, sus colegas fiscales, mandaron a allanar.

7.5. Ante semejantes estropicios procesales y del orden de la moral privada y pública, el Procurador General (vigilador 24 x 7 del comportamiento social desde el panóptico institucional del organismo a su cargo), nada dijo ni hizo. Ni media palabra, ni siquiera un gesto ocasional de desaprobación de quien está a él subordinada y bajo su dependencia funcional.- Allí mostró que su estatura moral coincide con la física (“niedrige moralische Statur”, Herr García).- Y cómo llamar a esta situación, sino como de promiscua complicidad del Procurador General con la Fiscal Cecilia Andrea GOYENECHE y de ambos como arquitectos y garantes de la impunidad de algunos sobre seguras condenas de otros, estando los primeros en un grado de participación criminal muchísimo más comprometido que los segundo, lo que se desprende de varios pasajes del largo memorial de remisión a juicio y que a pesar de más de dos años y medio, no han podido de individualizados (en tres mandatos legislativos, aparecen, aunque algunos se repitan, alrededor de 150 ciudadanes que ocuparon bancas, y ni siquiera uno solo de ese montón pudo ser individualizado…).

7.6.- En algunos ámbitos académicos, donde además de los contenidos teóricos interesan aspectos éticos y de deontología profesional, con enorme preocupación y asombro se preguntan, cómo este diseño de investigación criminal prohijado por las dos G, generará variopintos efectos no deseados intra causa y catastróficos precedentes judiciales, de no ponerse freno a esta deletérea situación, vía judicial o a instancias de la promoción de un Jury de Enjuiciamientos de sendos Procuradores.

Así, por ejemplo, esta forma arbitraria de recorte de los hechos y de los autores, genera una alteración contra rei para los imputados remitidos a juicio, puesto que en rigor, si la investigación hubiera sido transparente, completa y no sesgada, los que hoy fungen de autores o coautores, serían partícipes necesarios o secundarios, mientras que las mayores responsabilidades recaerían a título de autorías o coautorías, en quienes fungieron en el período investigado, como autoridades de ambas Cámaras, de los bloques partidarios y en sus responsabilidades propias e individuales como legisladores, máxime en el Senado, donde en la gestión del Dr. Eduardo LAURITTO, se dictó el Decreto Nº 123 del 15/01/2008 que establecía y reglamentaba con mucha precisión y claridad las formas de contratación y los niveles de responsabilidad funcional de los legisladores, sean individuales o como autoridades políticas y administrativas de esa Cámara.

En cambio, ahora, después de esta incompleta, sesgada y amañada remisión de la causa a juicio de sólo los eslabones medios y bajo del sistema de exacción ilegal de fondos investigado, que la torna impresentable e imposible de ser considerada con ese designio, se llega al absurdo de que ellos (los imputados) asumen la responsabilidad de quienes no sólo no han sido investigados, sino que jamás resultarían imputados y menos juzgados, de mantenerse este mecanismo criminal de impunidad que- derechamente y sin titubeos- le endilgamos al Procurador General García, como de su autoría e implementación, porque él mismo ha expresado en entrevistas, que la presente se trataría de la primera etapa o capítulo, y que luego se investigarían a eslabones superiores de esta suerte de organización criminal, alocada tesis que se acerca más al Macondo periférico del realismo mágico de García Márquez, que a la esperada racionalidad institucional de un organismo como es la Procuración General.

Supongamos sólo por un momento, haciendo un ejercicio conjetural y meramente hipotético, que la exigencia de investigar a las autoridades políticas y administrativas fuera exigible únicamente para el ámbito de la Cámara de Senadores en función de la existencia del mentado Decreto Nº 123/2008, a título de qué extraviada y arcana teoría el Procurador y su Adjunta la ignoran olímpicamente y en base a ello, deciden que no se investigará a un solo legislador y que solamente serán pesquisados los empleados administrativos y los terceros externos que, sin pertenecer al staff legislativo, tenían una necesaria participación en este mecanismos de saqueo de fondos públicos.- Es exactamente igual, sin decirlo, que extenderle un certificado oficial de CAMPEONES MUNDIALES DE LOS IMBÉCILES a todas y todos les legisladores que ni siquiera se enteraron que alrededor de 5.000.000.000 de pesos (a valores actualizados) fueron a parar a los bolsillos de estos brillantes y sagaces defraudadores profesionales.- O bien, vaya tristeza, que durante diez años poblaron ambas cámaras personas ciegas, sordas y mudas, a quienes el pueblo de Entre Ríos les dio un mandato a través del voto, pero que fueron muy otros quienes ejercieron el poder real y decisional en el ámbito legislativo, lo que desataría una incontenible catarata de sonrisas socarronas, si no fuera por la tragedia institucional que representa este Bill de inmunidad extendido por la Procuración General de Entre Ríos a favor de mujeres y hombres del poder, pero a la par representaría también una fortísima e inmerecida cachetada a todes les habitantes de esta provincia, al pretender el Procurador General y su segunda, tomarnos de ilustres idiotas con inocultable menosprecio al sentido común, execrable actitud propia de quienes se sienten superiores y dueños del destino ajeno (“niemand besitzt niemandes Schicksal”, diría el filósofo existencialista alemán Friedrich Nietzsche, en tesis compartida años después por Hannah Arendt).

En los ámbitos donde rige y se valora la llamada “moral nuclear” o “media” (lo contrario a ella, se habla en filosofía jurídica, ciertamente, de tomar la libertad ajena para servir propósitos no consistentes con la justicia), esta disrupción axiológica o desajuste ético se llama GRAVE DESORDEN DE CONDUCTA, tanto el de la fiscal mentirosa y negadora de una relación comercial con uno de los imputados (lo sabía perfectamente porque en los contratos de alquiler del inmueble obran su firma y la del Cr. Opromolla, en el carácter de locadores, lo que luce glosado en la causa y forma parte del voluminoso legajo de IPP, como la de su jefe directo e inmediato García, que nada dijo ni hizo ante concretos actos funcionales de tamaña gravedad institucional (inconductas o comportamientos impropios e incompatibles con el rol e investidura de ambos funcionarios).

Así, se ha dicho desde antaño, que el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno obliga a los funcionarios a manifestarse y actuar con veracidad y transparencia en la gestión de los asuntos públicos. Exigiéndoseles también que preserven su independencia de criterio (sin caer en arbitrariedad ni desviación o abuso de poder) y eviten verse involucrados en situaciones que pudieran comprometer su imparcialidad y objetividad.

En definitiva, se avisoran en los desempeños de sendos fiscales, la existencia de causales que obstan la prosecución de ambos en dichos cargos y funciones, las que prima facie podrían encuadrar, por asimilación con las exigidas para el Jury de Enjuiciamiento, en conductas públicas o privadas incompatibles con las funciones a su cargo (graves desórdenes de conducta) y mal desempeño de sus funciones, que a tenor del estado que exhibe la causa caratulada: “ BECKMAN FLAVIA Y OTROS S/ASOCIACION ILICITA Y OTROS” (Legajo Nº 87.933), se habrían configurado holgadamente, incluso por dichos del propio Procurador ante medios masivos de comunicación, quien no tuvo empacho en rebelar esta estrafalaria tesis acusatoria que sellaría-de concretarse- un pacto de intolerable y anti republicana impunidad, que haría retroceder a las instituciones locales en cuatro patas.

7.7.- Se han señalado precedentemente dos hechos relevantes que configuran un grave desorden de conducta de la Procuradora Adjunta y un mal desempeño por incumplimiento funcional del Procurador, sin perjuicio de lo cual, además, se sumarán hechos que eventualmente implicarían un comportamiento delictual de éste, al haber pergeñado la escisión de la causa “Contratos Truchos”, haciéndonos creer que en esta primera etapa se juzgará a un grupo de la organización delictiva y en el próximo (que no habrá y el Dr. García bien lo sabe) les tocaría el turno a los legisladores, sobre todo a aquellos que desempeñaron cargos de máxima responsabilidad política y administrativa en el ámbito del Poder Legislativo, durante la década que va del año 2008 al 20/09/ 2018, avalando desde el silencio cómplice, la falta de libros y demás documentación en el ámbito de la Cámara de Diputados en la gestión transcurrida entre Diciembre/2007 – Diciembre 2011, sin abrir sobre nadie en particular ningún juicio de valor, pero sí indicando y advirtiendo, por imperativo ético insoslayable de nuestra parte, la llamativa flexibilidad y labilidad respecto de este período y la falta total de registros instrumentales que permitieran revisarlo e investigarlo como se hizo con los demás ejercicios en ambas Cámaras, a partir de que “existiría un acta o similar que daPartería cuenta de la desaparición de los registros” que, vale recordarlo, son instrumentos públicos y no simples anotaciones informales en la libreta del almacenero del barrio, dicho con sumo respeto por esos vecinos comerciantes.

7.8.- Nadie, absolutamente, en su sano juicio, sin sonrojarse ni sentirse incómodo, podría defender esta medida de “Política Criminal”, prohijada por Jorge García. Ni siquiera él mismo lo haría, aunque en su infinita autoestima con marcados rasgos de perversidad y falta de volumen testicular, como de costumbre, le tirará el fardo a los Fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, a quienes les resultará casi imposible –salvo que en un acto de dignidad se planten y exijan a sus jefes rever la situación - remontar la cuesta y quedarán para siempre, ante los ojos de propios y extraños, como les fiscales de la impunidad en Entre Ríos, lamentando sinceramente los autores de esta nota el anticipado ocaso en su carrera, conocedores también como letrados que trabajamos en el fuero criminal, que en ninguno de los mencionados acusadores públicos faltan valores ni criterio, aunque es seguro que les falte personalidad y coraje para decirle NO a su circunstancial jefe, el que en algún tiempo más estará gozando de su jubilación y los entrerrianos descansando de sus desviaciones de poder, a través de la expedición de certificados de impunidad para algunos (los del poder) y de rigurosos castigos para otros (los de bien abajo y los que ya no representan un peligro para nadie, ni siquiera para ellos mismos).

Autor: Guillermo R. Mulet y Rubén A. Pagliotto
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