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Contratos truchos

FEDERICO MALVASIO:
“Los testigos, como los legisladores y funcionarios, se van a autoincriminar”

Por FEDERICO MALVASIO

El textual corresponde a un abogado defensor que advierte que el Ministerio Público Fiscal podría violar una ley en casos de corrupción. Insistió con una idea, que la de la comisión de un delito electoral; y una pregunta irónica: “¿Mena y su familia manejaron la Legislatura durante 10 años?”

El pedido de elevación a juicio de la causa de los “contratos truchos” en el seno de la Legislatura, en el período que va desde 2008 -2018 en el Senado y 2011 -2018 en Diputados, revive una sensación que se vivió hace unos años cuando toda esta historia comenzó a contarse.

El 11 de noviembre de 2018, dos meses después de los primero allanamientos, Página Judicial publicó una nota que tituló: “Contratos truchos: las responsabilidades y el recorte”. La misma tuvo como disparador las declaraciones del ex integrante de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y ex presidente del bloque del en el Senado, Miguel Carlín, al quitarle importancia a la firma de los contratos.

Hoy todo vuelve a eso. Las responsabilidades y el recorte.

El 21 de julio de 2019, este sitio entrevistó a Iván Vernengo, abogado defensor de Alfredo Bilbao, uno de los integrantes de un buffet que administraba los contratos. En esa oportunidad dijo: “Hay muchas pruebas para avanzar con las altas esferas de las cámaras”.

Sin repercusiones en la prensa amiga de la Procuración General, que termina siendo amiga de las autoridades políticas de la Legislatura, las palabras del abogado vuelven a hacer ruido.

Insólito: representantes de imputados pidiendo que se investigue más ante la resistencia de los fiscales. Sobre este punto hay más. El de la resistencia de los fiscales, claro.

José Velázquez representa a Hugo Mena, uno de los principales imputados en su carácter de “tarjetero” y ante la consulta de Página Judicial sostuvo que sus el “comportamiento de sus defendidos se trata de claros comportamientos estereotipados que tenían por finalidad trabajar para el financiamiento de campañas electorales, para financiar la política de todos los partidos”. El abogado ha insistido en llevar la causa a la jurisdicción federal, por entender que lo que se debe investigar es un delito federal/electoral. Raymundo Kisser, tras una experiencia personal, se sumó a esa posibilidad. El ex senador reveló en una columna publicada recientemente haberse reunido en su momento con los fiscales y escuchar de boca de ellos que la plata se la “habían fumado en política”. La semana pasada el fiscal federal Carlos García Escalada rechazó la posibilidad de que se juzgue en esa jurisdicción.

Sin embargo, Velázquez está seguro que los más de mil millones de pesos extraídos ilegalmente de la Legislatura es un modo operandi de la política. “Según la acusación, está claro que no se quiere transparentar una modalidad, como no se quiere hablar de financiamiento de campañas políticas, es más fácil, entonces, crear la idea de que un grupo de bandidos, sumamente astutos, durante 10 años engañaron a las autoridades de la Legislatura. De esto se trata la acusación del Ministerio Público Fiscal. Carece de toda objetividad y es incongruente”, opinó.

Y agregó: “Estamos ante un caso en el que legisladores que firmaban contratos, autentificaban la firma del contratado y tenían el deber de controlar la prestación; ahora por arte de magia, tenemos que creer que fueron engañados durante 10 años. Pregunto: ¿Quién disponía de los recursos de la Legislatura? ¿Mena? ¿O me van a decir que Mena y su familia manejaron la Legislatura durante 10 años?”.

Para Velázquez, “esta falta de objetividad de la acusación, es el resultado de las arbitrariedades y direccionamientos de la investigación, periodos descartados, testigos y posibles imputados excluidos, prejuicios que se convierten en dogma, testigos asistidos por abogados defensores mientras el resto de las defensas no se les notificaba de esas audiencias, y otras cuestiones que ya lo he advertido”.

Contratos II, un invento

Según el abogado, “se requiere que los autores que disponían de recursos de la Legislatura ejerzan su defensa, expliquen sus decisiones. Mena no puede alegar defensas que solo los autores pueden hacer. Si acá se sientan en el banquillo a los autores, se demostraría claramente que se trata de financiamiento de campañas electorales, por eso es que han inventado una causa de contratos II que nunca va existir”, aseguró.

Y agregó: “Otro punto que me preocupa es la posibilidad de que varios imputados acuerden abreviados en esta etapa del proceso. De esta forma se entendería la urgencia de remitir la causa a juicio, porque allí se formaliza la pena y bajo esa amenaza de pedido de pena irracional, el Ministerio Público Fiscal pueda presionar para acordar abreviados de tres años condicional y luego utilizar esos acuerdos para demostrar la existencia de una banda que engañó a las autoridades de la Legislatura durante 10 años. Desde ya adelanto, que si alguien acuerda abreviados los impugnaré”.

Para Velázquez, “la falta de objetividad de la acusación va a traer muchos problemas en el debate, porque el 90 por ciento de los testigos; es decir legisladores, funcionarios públicos, personas que prestaban su nombre o que hacían lo mismo que Mena; al momento de atestiguar se van a autoincriminar. Y aquí, vale destacar, el Ministerio Público no puede aplicar el principio de oportunidad a las causas de corrupción porque se lo prohíbe la Ley 26.097 que aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Es un callejón sin salida y la única manera de sortear esta situación, es con una acusación objetiva y congruente”.

Fuente: PAGINA JUDICIAL Autor: FEDERICO MALVASIO
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