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Reforma judicial

NÉSTOR BELINI:
Lo silenciado en el discurso del gobernador ante la Asamblea Legislativa

Por NÉSTOR BELINI

La única referencia a la cuestión judicial que manifestó el gobernador en su discurso en la inauguración del 142° período de Sesiones Ordinarias, fue destacar la implementación del juicio por jurados. La importante herramienta que democratiza el servicio de justicia era letra muerta en la Constitución provincial y esperó muchos años para ser Ley. Cabe preguntarse qué ocluye del debate público su sanción, en tiempos en que otras situaciones también requieren de la atención de legisladores y operadores judiciales.

La coyuntura impone sin piedad los tiempos de las políticas públicas y de la Política en general. Acierta el gobernador Gustavo Bordet cuando decide que el eje del discurso de inauguración del 142° Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura entrerriana esté determinado por las acciones de gobierno que dieron respuestas a las devastadoras consecuencias que genera la pandemia por el virus Covid-19. Acierta porque los denominados gobiernos populistas deben reconstruir los tejidos sociales y productivos que los gobiernos neoliberales destejen con encomiable voluntad política. Y esto debe saberlo la sociedad. Que no es magia. Que es decisión política en un contexto de doble dificultad: la de la heredada situación económica y la de la pandemia.

Silencio

Como en todos los órdenes de la vida, en Política, lo no dicho, lo silenciado, también habla, también se expresa con “elocuencia”. Un año bastó para que dejara de ser una prioridad mejorar a través de una reforma el sistema de Justicia. La anterior inauguración del período de sesiones ordinarias estuvo signada por graves declaraciones de un vocal del Superior Tribunal de Justicia. Emilio Castrillón, que era presidente del Alto Cuerpo, advirtió sobre la supuesta existencia de una “mafia judicial” que operaría sobre las causas que investigan casos de presunto daño contra los bienes del Estado. En la zona de influencia de Plaza Masilla se leyó que la denuncia por una probable situación de violencia de género que se presentó contra Castrillón por un mensaje de WhatsApp en un grupo, dirigido a ¡una vocal del Alto Cuerpo!, fue la respuesta corporativa a las expresiones del particular magistrado.

El juicio por jurados fue letra muerta en la Constitución de Entre Ríos durante más de 100 años. Su sanción por unanimidad en la Legislatura significó un enorme avance en la democratización del sistema de Justicia. Sobre esto no hay dudas, más allá de algunas observaciones atendibles que manifestaron pocos operadores, por ejemplo sobre el rol que le cabe a la Cámara de Casación en el sistema de jurados. Sobre lo que hay dudas es sobre la oportunidad de la aprobación. Fuentes judiciales y políticas coincidieron en señalar que la aprobación de la Ley de juicio por jurados fue “la cortina” para no abordar otras reformas tan necesarias. En el mismo nivel de prioridades y con igual importancia se encontraban las propuestas de reforma del Código Procesal Penal (CPP) y de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.

Las fuentes entendieron que era muy importante “salvaguardar” los 90 artículos del CPP, o lo que quedó luego de que tres meses después de su aprobación el procurador general de la provincia lo desguazara con su proyecto de reforma, que quitó todo lo referido a nulidades, entre otros puntos. En lo que tenía que ver con el Ministerio Público, especialmente preocupaba “poner un poco de racionalidad al principio absoluto de jerarquía del procurador” y hacer que el mandato y la responsabilidad de llevar adelante la política criminal de la provincia no esté en las manos y la cabeza de una persona que ejerce el cargo de manera vitalicia y casi como “un monarca”.

El Gatopardo

La “apretada síntesis del informe de gestión” que desarrolló el gobernador silenció lo determinante de la cuestión judicial. Claro que enumeró algunas medidas, de las que este cronista opina que no afectan la matriz de la problemática profunda que comprende a gran parte del Poder Judicial. Una especie de gatopardimo, cambiar algo para que nada cambie, impediría abordar una compleja metodología que viene determinada por el accionar de sectores hegemónicos del Poder Judicial. Así, la denuncia contra Castrillón quedó en la nada, al menos hasta ahora, a pesar de las manifestaciones de algunas instituciones que ensayaron agudos grititos de indignación y fingida sorpresa por los dichos del vocal.

Una fuente judicial acotó que “la respuesta a la arbitrariedad que establece la Procuración, el Lawfare, el condicionamiento de la política y la persecución a determinado partido político, no es seguida por todo el espectro judicial y tiene un claro límite en la Sala Penal de STJ”. También destacó que la máxima instancia Penal de la provincia “es la única que viene enfrentando, más algunos jueces de Garantías y algún que otro fallo perdido por ahí en alguna Cámara del interior. El propio Poder Judicial comenzó tímidamente, con algunos jueces de Garantías y del Tribunal de Juicio a marcar la arbitrariedad de la política criminal y la arbitrariedad que se ejerce, que cuando ha llegado a la Sala Penal ésta fue contundente en marcar tales desproporciones”. Este cronista agrega que los superiores “entienden” las dinámicas políticas como pocos y la vital tarea que viene desarrollando la Sala Penal a la hora de poner racionalidad a decisiones de tribunales inferiores, también está condicionada por la coyuntura e intereses que sólo se despliegan en las cuatro paredes de despachos a los que ingresan muy pocas personas.

Herramientas

Bordet destacó, y en esto hay amplio consenso, el diseño de “políticas públicas en materia de género para erradicar las violencias” a partir de la grave coyuntura en la problemática. Así, manifestó que a partir del femicidio de Fátima Acevedo “…respecto de la tarea que corresponde al poder Ejecutivo, asumimos compromisos de revisar las prácticas y las leyes vigentes para generar un nuevo marco normativo que posibilitará el real acceso a la justicia por parte de quienes sufren violencia de género”. Este compromiso cristalizó en el envío a la Legislatura de un “Nuevo Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia por Razones de Género”.

Bordet explicó que “ese Nuevo Régimen propone cambiar el modo en que se aborda la violencia contra las mujeres para proteger a las víctimas, estableciendo procedimientos propios para la provincia, y para contar con una ley que atienda a las particularidades de nuestro territorio”. El esfuerzo es bienvenido, nunca son pocas las herramientas para terminar con los femicidios y las violencias contra las mujeres, no obstante, a la luz de las graves deficiencias judiciales en el abordaje del caso Fátima Acevedo, hubiese alcanzado con que los funcionarios judiciales que tuvieron que ver en el dilatado proceso hubieran hecho lo que sus cargos les exigen.

Goleada

Ya nadie puede desentenderse del condicionamiento que parte del Poder Judicial despliega sobre la Política. Evitar referirse a la necesaria reforma judicial no hace que el “problema” desaparezca, peor aún, le permite desarrollarse con más comodidad. En este sentido, el acertado eje que el gobernador le imprimió a su discurso se desdibujó al eludir abordar la inconclusa reforma judicial prometida el año pasado. El Lawfare condiciona la Política, le pone límites por fuera de las normas de juego republicanas a determinados y puntuales proyectos políticos. Apelando a una metáfora del fútbol, inclina la cancha y tuerce el resultado del partido. Y los que pierden por goleada son siempre los mismos.

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