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EL CASO DEL FISCAL SUPLENTE FEDERICO URIBURU

Los últimos son los primeros

Un informe determinó que el 70 por ciento de los fiscales ha sido nombrado a dedo. El caso de Nogoyá mostró la punta de un iceberg del que se desconoce el tamaño. Los poderes del Estado, tibiamente, empiezan a tomar dimensión.

El viernes se desarrolló en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos la entrevista personal, es decir la tercera instancia del proceso evaluador en los concursos 217, 218, 219, 220, 221, 222 y 223.

En todos ellos, el fiscal extorsionador que se desempeña en Nogoyá, Federico Uriburu, quedó en los lugares 19, 17, 18, 19 y 19. Computando el puntaje de todas las instancias quedó último en la general.

De Uriburu se ha contado sólo una parte. La causa por violencia de género contra una abogada y las sospechas cada vez más firmes de una sociedad con el presidente del Colegio de Abogados de esa ciudad, Mariano Navarro, están en conocimiento los tres poderes del Estado. Sólo resta que se haga algo ante un caso institucional que tiene, como primera víctima, a Florencia Alberto, que se quiere ir de Nogoyá. Se está, apenas, ante la punta del icerberg.

El proyecto de comunicación del diputado Gustavo Cusinato en el que insta al cuerpo a analizar el caso que se suscita en su ciudad tuvo recién acogida cuando el mismo legislador pidió a la Banca de la Mujer que intervenga. Una comisión del Senado, por orden de Laura Stratta, dio el primer paso este lunes. Poco se puede hacer en el ámbito parlamentario, porque al tratarse de una iniciativa de comunicación no tiene un tratamiento bicameral. La iniciativa sólo sirvió para mover el avispero. Todo está en manos del procurador general Jorge García, quien ubicó a Uriburu para que se haga cargo de ese interinato que lleva una década. Ese lugar debería ocuparlo Juan Francisco Ramírez Montrull, quien titularizó para la Fiscalía de esa ciudad, pero está cómodo en Paraná.

En una entrevista, Gustavo Bordet hizo referencia al Consejo de la Magistratura y dijo que ante cualquier suplencia se debería elevar una terna para que el Poder Ejecutivo elija uno y luego envíe su pliego al Senado para que se le preste acuerdo. Ante los dichos del Gobernador, en la Asociación de Magistrados de Entre Ríos aseguraron que lo solicitado por el mandatario está establecido en el artículo 207 de la Constitución provincial y se cumple, aunque reconoció que no en todos los casos. Osea, cumplir lo que dice la carta magna a veces.

Este lunes, el sitio APF publicó un informe que se nutre de información que publicó el propio Ministerio Público Fiscal (MPF) y que explicita que 7 de cada 10 fiscales no lograron su cargo por concurso ni cuentan con el aval del Senado. Es decir que el 70 por ciento ha sido nombrado a dedo.

Seis departamentos ni siquiera cuentan con un titular en su territorio y las investigaciones son realizadas por interinos o suplentes. Algo similar, y que merece otro capítulo, sucede con los jueces de garantías. Interinos acumulan antecedentes durante años. La precariedad institucional se profundiza aún más en tiempos de crisis de credibilidad y representación.

El Consejo de la Magistratura fue uno de los avances más importantes en materia judicial que se hicieron en Entre Ríos en los inicios del Siglo XXI. El organismo asesor y evaluador se complementa con el instituto del Jurado de Enjuiciamiento y el Juicio Político, que tienen la atribución de investigar y penalizar a los funcionarios judiciales. El sistema de control y transparencia del Poder Judicial entrerriano es mucho más equilibrado y ajustado que lo que ocurre en Nación. Pero las manipulaciones no las genera el propio sistema, sino las personas.

Fuente: PAGINAPOLITICA
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