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DISCONFORMES CON LA RESPUESTA DEL STJ

Magistrados exigieron que el protocolo de violencia laboral se aplique a todas las personas que se desempeñan en el Poder Judicial

Tras los dichos mediáticos de la titular de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, el Consejo Directivo del organismo se expresó públicamente sobre la respuesta del Superior Tribunal de Justicia de la provincia a la presentación realizada oportunamente luego de los mensajes de Whatsapp que el vocal Emilio Castrillón envió a las magistradas López Arango y Morales.

El documento – en consonancia con las expresiones vertidas por la vocal de la Sala II en lo Civil y Comercial – sostiene que la contestación del Alto Tribunal “no se compadece con el compromiso expresamente asumido por ese mismo Alto Cuerpo al aprobar la ‘Declaración Institucional contra la Violencia Laboral’”.

La AMFJER expresa que “en este trascendente documento el STJER expresó que conforme a la normativa convencional y constitucional vigente, rechaza y repudia todo tipo de violencias y que con la finalidad de prevenirla y de erradicarla en todas sus formas, se encuentra comprometido en efectuar un abordaje integral de esta grave problemática, promover un ámbito de trabajo saludable, elaborar, desarrollar y aplicar medidas de prevención de la violencia laboral, así como detectar situaciones de violencia laboral, abordarlas e implementar procedimientos para su tratamiento a los fines de garantizar el efectivo acceso a Justicia”.

“Igual compromiso fue asumido – por invitación del STJER – por el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, Asociación Judicial de Entre Ríos y esta Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos”.

Para la entidad comandada por María Gabriela López Arango, “el concepto de violencia laboral que se recepta en esa declaración institucional emitida por todos los sectores del Poder Judicial de esa provincia, resulta comprensivo de aquellas acciones de personas que en ocasión del ámbito o relación de trabajo, en el espacio físico y/o virtual, atenten contra la dignidad, la integridad psicológica y/o social de una persona, mediante abuso de poder, ataques, amenazas, intimidación, amedrentamiento, maltrato moral, sindical, psicológico y/o social y toda aquella conducta que, en uno o sucesivos actos, produzca menoscabo en una persona que se desempeñe en el ámbito judicial”.

El comunicada fechado el 6 de abril pasado, manifiesta también que “los distintos sectores que integran la Comisión encargada de la elaboración del proyecto de Protocolo de Violencia Laboral, que el propio STJER ha encomendado en función de esa política institucional, han estado de acuerdo en que ese documento debe regir para todas las personas que se desempeñen en el poder judicial, con independencia de su jerarquía”.

Previamente, en forma mediática, la titular de la entidad sostuvo que “el Protocolo de Violencia Laboral que se está elaborando, con esta respuesta, pareciera que no es para los vocales del Superior Tribunal de Justicia, es sólo para los mortales que estamos abajo”.

El texto de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial “reitera que la respuesta emitida por el Alto Cuerpo frente a una concreta comunicación formal de actos susceptibles de ser atrapados en ese concepto, no condice con el contenido de la política institucional y el compromiso expresamente asumidos y en nuestra respetuosa opinión, tampoco se encuentra en consonancia con el Art. 37 Inc. 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 6902), que entre las atribuciones y deberes asignados al Superior Tribunal de Justicia incluye de modo expreso el contralor sobre la conducta de todos los miembros del Poder Judicial”.

Fuente: RADIO LA VOZ
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