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Juicio por corrupción

Pedirán 5 años de cárcel e inhabilitación perpetua para el exvicegobernador Rossi

El exintendente de Santa Elena y exvicegobernador de Entre Ríos, Domingo Daniel Rossi, está imputado por el supuesto delito de peculado y fraude a la Administración Pública, en una causa en la que se investigó la presunta sobrefacturación en la obra de pavimentación de 20 cuadras en la localidad del norte entrerriano, durante 2014, en el marco del Programa Más Cerca. Casos similares existen en Larroque (departamento Gualeguaychú), donde el imputado es el exintendente y actual diputado provincial Raúl Riganti (PJ); y Seguí (departamento Paraná), donde está bajo la lupa el intendente Cristian Treppo.

La investigación penal estuvo a cargo del fiscal de La Paz, Santiago Alfieri, quien a fines del año pasado pidió la remisión de la causa a juicio. Ahora se supo que tiene fecha la audiencia donde se definirá si las actuaciones son elevadas a debate oral y público. Será el próximo jueves 14 de febrero, ante el juez de Garantías del distrito, Walter Carballo.

En dicha audiencia el acusador público adelantará un pedido de condena para Rossi de 5 años y 6 meses de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

Además de Rossi, el fiscal pide que sean llevados a juicio otras seis personas: el empresario Néstor Juan Szczech; al ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez; el ingeniero y apoderado, respectivamente, de la empresa L&C Construcciones S.A. Carlos Alberto Lescano; María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortíz (responsable técnico del Programa Más Cerca).

La causa se inició por una denuncia formulada por el actual intendente de Santa Elena, Silvio Moreyra, que es concuñado de Rossi. La presentación la realizó con la representación del abogado Guillermo Mulet, conocido por sus denuncias a la corrupción urribarrista. El letrado es también el defensor de Moreyra en una causa en la que el fiscal Alfieri lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente se inició por una denuncia de su enemigo político: Rossi.

Según la investigación de Fiscalía, durante la gestión Rossi, el municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Szcczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de esas 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado es $18 millones y el mínimo, de $14 millones.

El monto del perjuicio al erario público, calcula la fiscalía, tiene un monto máximo superior a los $5 millones y un mínimo de más de $1 millón. La fiscalía considera que para lograr esa operación hubo una connivencia entre los funcionarios públicos y los técnicos en beneficio de la empresa constructora.

Reclamo civil

A la causa penal se le suma una civil. Y es que el abogado del municipio de Santa Elena, Guillermo Mulet, presentó una demanda civil contra el exintendente Rossi en la que se le reclama el pago de 10 millones de pesos en concepto de reparación por los supuestos daños en la obra de pavimentación de 20 cuadras.

Enriquecimiento ilícito

Cabe recordar que el exintendente fue condenado en 2006 por el delito de enriquecimiento ilícito; y 12 años después se le abrió una nueva causa, junto a su esposa y exdiputada Patricia Díaz, por el mismo delito. La investigación está a cargo del fiscal de Paraná Álvaro Piérola, quien busca supuestas cuentas bancarias en Uruguay. Desde que el caso se abrió en 2016, tras una publicación de la revista Análisis, Rossi ha intentado ser sobreseído, pero sólo ha cosechado resoluciones adversas.

El pedido se lo rechazó en primera instancia el juez de Garantías José Eduardo Ruhl y, el pasado 5 de febrero, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Pablo Vírgala, confirmó la decisión del magistrado inferior.

“Es imposible sobreseer a alguien que no ha sido imputado o indagado. Tampoco podría ordenar a los fiscales a que desistan de la investigación penal. No son los jueces quienes deben investigar los hechos, orientar las pesquisas y opinar acerca de cuestiones de política criminal que están exclusivamente en cabeza de la Procurador General. La Procuración puede investigar los hechos en la medida en que no estén prescriptos. Lo que no puede hacer es alongar antojadizamente y sin motivo alguno el proceso con el fin de mantener en la parrilla a un ciudadano. Es decir, no puedo sobreseer ni a Rossi ni a Díaz, pero tampoco puedo ordenar que cese la investigación”, explicó Vírgala en la audiencia de principios de mes.

Fuente: Radio La Voz
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