El Juez de Entre Ríos, Hugo González Elías, integrante de la Cámara del Contencioso Administrativo de la ciudad de Paraná, de extracto peronista, ex contratado de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, ordenó a la provincia y de Entre Ríos y al Municipio de Paraná, suspender toda habilitación, que se encuentre en cualquier instancia, que autorice la explotación de arenas silíceas en el Delta entrerriano.
La decisión judicial es a partir del planteo realizado por la Fundación "Cauce: Cultura Ambiental-Causa Ecologista", cuya abogada es Valeria Enderle, pro Goyeneche.
Según la nota de Andres Randazzo de Ámbito Financiero (cita: https://www.ambito.com/economia/exportaciones/precios-gasoducto-y-mas-el-deficit-energetico-podria-bajar-la-mitad-2023-n5645699), señala “En tanto, algunos analistas privados pronostican un crecimiento del 30% en las exportaciones para este año, mientras que también se prevé una caída similar en los niveles de importación. En ese sentido, proyectan una reducción del 50% en el déficit de la balanza energética. La caída en las importaciones, además, también repercutiría en un menor de nivel de subsidios a las tarifas energéticas”.
Y a continuación, cita las declaraciones de Roberto Carnicer, Director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, quien sustuvo: “Se debe continuar con el crecimiento de etapas de fractura: en enero cayeron de 1.400 (pico en 2022) a 900 por mes. Preocupa también la importación de insumos químicos para fracking y cementación de pozos para seguir perforando. Y, finalmente la incertidumbre política y el cumplimiento de los compromisos acordados y seguridad legal”.
Esto último, es el dato político jurídico. A los inversores y dirigentes políticos nacionales, quienes impulsan el desarrollo y crecimiento energético argentino, hoy ven con mucha preocupación la falta de cumplimiento de los compromisos acordados, y por eso miran con desconfianza la gestión de la Ministra de Gobierno de la provincia, Rosario Romero. Como así también, las decisiones jurídicas que causan incertidumbre e imprevisibilidad.
Otro punto, es que los Magistrados deberían saber que sus decisiones muchas bases aportan al encarecimiento de los costos de producción, que al final de cuentas, terminan pagando los siempre, los usuarios/consumidores.
La provincia de Entre Ríos tiene la oportunidad de aportar al crecimiento del país con las consecuentes regalías para nuestras rentas generales. Sin embargo, intereses particulares y domésticos, ponen en crisis la participación de Entre Ríos, y como bien nos informó un especialista en el tema: “Entre Ríos no es indispensable, con esto solo lograrán excluirla de la oportunidad”.
Necesariamente, se requiere un debate racional de ponderación de prioridades, donde se pueda ordenar los principios ambientales con la producción e inversión, caso contrario, si las decisiones judiciales solo apuntan a las felicitaciones de los amigos y amigas, o aquella, que mayor tranquilidad de mediática le otorga al magistrado o magistrada, no solo se resquebraja el estado de derecho, sino que espanta inversores, desarrollo productivo que requiere nuestra provincia.
