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EDUCACIÓN

¿Qué dice el proyecto de nacionalización de UADER?

El debate sobre la nacionalización de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) resurgió con un proyecto de ley de la diputada nacional del Frente de Todos, Blanca Osuna, que propone nombrar a la nueva casa de altos estudios con un homenaje al poeta y escritor entrerriano Juan L. Ortiz. En rigor, la iniciativa promueve el traspaso a la Nación de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, y cosechó el respaldo del gobernador Gustavo Bordet.

Se trata del segundo intento de Blanca Osuna para traspasar la UADER al gobierno nacional. En su período como senadora nacional (2007-2011) impulsó un proyecto similar, pero creando la universidad "Fermín Chávez", en aquella ocasión evocando al periodista e historiador entrerriano. La iniciativa naufragó tras perder el apoyo del entonces gobernador Sergio Urribarri y además quedó perdida en medio del histórico conflicto por la Normalización.

La propuesta de nacionalizar la universidad provincial creada por el gobernador radical Sergio Montiel a comienzos de siglo divide aguas al interior de la UADER, entre quienes consideran que excede las capacidades del Estado provincial y corresponde ser financiada por la Nación para resolver el problema histórico de su sostenimiento, y aquellos que señalan que el traspaso sería una "claudicación" y pérdida de autonomía a manos del gobierno central.

El debate se reavivó esta semana en la provincia y promete ocupar la agenda política durante un buen tiempo. Por lo pronto, este martes se pronunció a favor el gobernador Bordet, quien pidió "no tenerle miedo" a la discusión y afirmó que la cesión "jerarquizaría" a la universidad.

El proyecto

La iniciativa de Osuna crea "la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, la que tendrá su sede central en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, y estará sujeta al régimen jurídico aplicable a las universidades nacionales".

Se constituirá sobre la base de la actual Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER y se faculta al Poder Ejecutivo nacional para "acordar, por intermedio del Ministerio de Educación de la Nación, con el gobierno de Entre Ríos la transferencia a la nueva universidad de todos los servicios educativos de la mencionada Facultad, sus bienes muebles e inmuebles, su personal directivo, docente y no docente, sus alumnos y sus escuelas preuniversitarias con sus niveles y modalidades".

Los acuerdos deberán garantizar:

a) "Que el personal transferido mantenga en todos los casos identidad o equivalencia en la jerarquía, funciones y situación de revista en que se encontrasen a la fecha de la transferencia";

b) "Que su retribución no sea inferior a la que perciben en la actualidad" y "en el supuesto de que, como consecuencia de su nuevo encuadre en el régimen de las universidades nacionales, las remuneraciones de determinado personal docente o no docente resultaren inferiores a las que percibían, los agentes afectados tendrán derecho a un suplemento en las condiciones y modalidades previstas por el decreto 5.592/68";

c) "Que se reconozca su antigüedad en la carrera y en el cargo cualquiera sea el carácter del mismo".

Asimismo, se deberá garantizar la incorporación a la nueva universidad de todos los alumnos de la Facultad, de todos sus niveles y modalidades, reconociéndose su situación académica, "la que resultará acreditada con las constancias de los registros oficiales a la fecha de la efectiva transferencia".

Las autoridades de la actual Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER que hubieran sido elegidas por los claustros y los integrantes de sus cuerpos de gobierno ejercerán funciones de Gobierno en la nueva universidad nacional.

El proyecto propone que el Poder Ejecutivo Nacional designe "un Rector/a Organizador/a" con las atribuciones que otorga la Ley de Educación Superior a los órganos de gobierno en su conjunto "para promover y conducir el proceso de formulación del proyecto institucional y el estatuto provisorio".

Éstos serán elevador al Ministerio de Educación de la Nación para, "en su debida instancia, estructurar académicamente y convocar a la asamblea que sancionará los estatutos definitivos".

El plazo de normalización no podrá superar los dos años, se aclara.

Por otro lado, la flamante Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz quedará facultada para suscribir convenios de cooperación con universidades públicas o privadas de nuestro país y de otras partes del mundo y con organismos públicos y privados de orden local, nacional e internacional.

Finalmente, se ordena que los gastos que demande la implementación de la ley serán atendidos con la partida específica de créditos para las universidades nacionales que determine el Ministerio de Educación, hasta la inclusión de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz en la ley de presupuesto nacional "y con los demás recursos que ingresen por cualquier título".

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