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OPINIÓN

Enrique “Kike” Ríos:
SOBRE LA USURPACION DE TERRENOS Y LA PROPUESTA DEL PRO EN PARANA

Por Enrique “Kike” Ríos

La acción social en materia de vivienda deberá asegurar a los habitantes la posesión de una vivienda adecuada, higiénica y económica. La vivienda en su condición de propiedad individual tiene una función social que cumplir, y por ello ha de ser considerada bien de familia, garantizando el Estado su condición de tal.

Juan D. Peron

Hay mucha tela para cortar e historias de las más diversas y antiguas con respecto a la usurpación de tierras en nuestro país.

Quizás la más antigua en nuestra historia americana sea precisamente la de la conquista y colonización, el genocidio indígena, para justificar el saqueo, lo que llevo al propio Papa Francisco a pedir disculpas y perdón.

A propósito del colonialismo “…Les digo, con pesar: se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios.

Y al igual que Juan Pablo II, el Pontífice invitó a la Iglesia a que «se postre ante Dios e implore perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos». Y pidió humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la propia Iglesia sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América”...

Y paralelo a ello expreso ”ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho”… “el futuro de la humanidad está, en gran medida, en sus manos, en su capacidad de organizarse y promover alternativas creativas, en la búsqueda cotidiana de «las tres T» (trabajo, techo, tierra)….”

O bien desde los orígenes del conformación del Estado Nacional, con la ley de Enfiteusis (el origen del latifundio y la piedra fundacional de la aristocracia agrícola ganadera, 8.600.000 hectáreas para 538 propietarios privados) , o la masacre del Desierto, llevada adelante por el Ex presidente Julio Argentino Roca, ( con la Ley 947 se beneficiaron 391 personas con 8.547.817 hectáreas, con la ley de premios militares se repartió en 441 personas la cantidad de 4.679.000 hectáreas ) donde se persiguió y aniquilo a los pobladores autóctonos, para extender la frontera agrícola y entregar las tierras más fértiles de la Pampa húmeda a las familias acomodas de la época, que conformaron así su supremacía económica a costa de la sangre de los pueblos originarios.

Nuestra historia tiene múltiples ejemplos del avance y la usurpación de la tierra perteneciente a los pueblos originarios, aun hoy pese a ser un derecho establecido por leyes Nacionales y provinciales, siguen viviendo sin tener acceso a la tierra, que les pertenece por derecho, son obligados a vivir errantes como parias en su propia patria, las comunidades campesinas, sufren las consecuencias de un modelo productivo depredador que los ahoga y expulsa a vivir en forma marginal en la periferia de las grandes urbes.

Me viene a la memoria un relato de monseñor Angelelli, el mártir de los pobres, cuando denunciaba en La Rioja a las familias de terratenientes reconocidas y de mucho poder económico y político, que por las noches mandaban a sus peones a correr los cercos para apropiarse de la tierra de sus vecinos. Practica más tarde perfeccionada ya con el uso de la violencia y grupos de matones armados de los cual pueden dar fe los compañeros del MOCASE y sus 30 años lucha permanente por el derecho al acceso de la tierra para quienes la trabajan. La extranjerización de la tierra en distintas partes del país en mano de particulares o Empresas.

Podemos dar miles de ejemplos más donde precisamente no han sido los sectores más vulnerables los que han acudido en forma sistemática y violenta a la ocupación de tierras para acrecentar sus fortunas y poder.

Pero para ser más claro y concreto, me quiero detener en una Proyecto de Ordenanza presentado ante el HCD de la Ciudad de Paraná, por la concejal del Bloque PRO Desiré Bauza. Lo cual ha encendido una luz de alarma y me motiva a escribir lo que pienso y siento al respecto.

El cual dispone en sus Artículo 1°: Limítese la prestación de Programas de asistencia municipal apersonas y Organizaciones Sociales que participen y/o fomenten usurpaciones de terrenos o propiedades, ya sean dominio privado como públicos, incluyendo terrenos fiscales, en el territorio de la ciudad de Paraná.

Y en el Artículo 2°: La restricción al acceso de asistencia por parte del Estado Municipal en los casos mencionados en el art. 1, tendrá una duración de 2 (DOS) años una vez que la Autoridad de Aplicación tome conocimiento por cualquier medio del hecho en cuestión.

En primer lugar, quiero señalar que desde mi profunda pertenencia peronista, no puedo coincidir con esta norma ya que asumo el legado histórico de la justicia social de la compañera Evita, quien nos decía que “donde hay una necesidad, existe un derecho”.

Evidentemente analizar la cuestión de las usurpaciones exclusivamente de la óptica legal y la propiedad privada, es mirar por la rejilla de la cerradura.

Tenemos que abrir la puerta y el corazón también, generar empatía, salir de la comodidad y el confort de nuestra realidad, para ver en forma solidaria y sensible la del otro, cambiar el dedo acusador por el abrazo solidario, que nos permita mirar con la amplitud necesaria para comprender al menos la problemática en toda su magnitud y después si, aportar desde el lugar que cada uno ocupa, en forma responsable, a la solución del problema.

La ciudad de Paraná tiene un déficit de viviendas del orden de las 20 mil plazas, que se suman a las más de 3 millones en el país, con solo recorrer los barrios otorgados por el Estado, a simple vista veremos que en las casas cuyo destino era una familia hoy conviven 3 0 4 núcleos familiares, cuando observamos por ejemplo la gran cantidad de asentamientos irregulares donde viven miles de vecinos, o si recorremos los causes de los arroyos, nos vamos a encontrar con otros tantos vecinos que han construido allí sus viviendas. Lo cual evidencia la magnitud del problema del acceso a la tierra y con ello a una vivienda digna.

Más aún si observamos el costo de la tierra en la ciudad, cuyos valores para un terreno mínimo superan el millón de pesos, a lo que debemos sumarle las exigencias del sector inmobiliario advertiremos que es inaccesible para la inmensa mayoría de los que no tiene casa propia. Incluso quienes cuentan con trabajos formales públicos o privados, imaginemos cual es la situación de los que no cuentan con ingresos regulares o trabajo formal.

Con esto no quiero justificar ni alentar, la usurpación. Si poner el acento en la problemática y el rol del Estado en sus diferentes niveles para generar políticas públicas para atender esta situación.

Yo me pregunto y les pregunto, como se vive el aislamiento en estas circunstancias? como se construye un proyecto de vida, sin las perspectivas de una vivienda digna, de un lugar donde realizar sus sueños, proyectar su futuro ?. Es muy difícil y complejo, frustrante y doloroso seguramente.

Ahora bien, modestamente entiendo que frente a esta Problemática, la solución no debe ser castigar al vulnerable, estigmatizarlo bajo el rotulo de delincuente, menos aún excluirlos y privarlos de la asistencia del Estado, que es precisamente quien lo tiene que proteger.

Suspender por dos años la ayuda social, ya sea a personas o colectivos de organizaciones sociales, no solo no soluciona absolutamente nada, sino ensancha aún más la brecha de la desigualdad, y genera mayor exclusión, indigencia y marginalidad.

Frente a este problema, repito, entiendo que no hay que miran por la rejilla, en forma fragmentada, simplista y prejuiciosa, para tomar el camino más corto de la acusación y el castigo ejemplar, como ordenador. Debemos ir a la raíz del problema, si lo que buscamos es realmente una solución en serio. Interpretando a la usurpación de terrenos, como una problemática social emergente, no como un delito exclusivamente. Y digo problemática social, porque es la desigualdad social, la que motiva y genera esta situación. Cuya solución no devendrá del castigo o la represión, menos aun de quietarle la asistencia del estado, la cual quizás es la única con la que cuentan para cubrir mínimamente sus necesidades básicas.

Sin lugar a dudas debe ser el Estado en sus diferentes niveles, quien debe desarrollar políticas activas, urgentes y sustentables en el tiempo, para garantizar que el acceso a una vivienda digna sea una realidad para todos.

Por ultimo entiendo que luchar por la inclusión, la igualdad de oportunidades y derechos, debe ser el común denominador en nuestro compromiso ciudadano, más allá de las pertenencias e identidades políticas que cada uno de nosotros en forma particular represente.

Fuente: RADIO LA VOZ. Autor: Enrique “Kike” Ríos
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