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Justicia Entrerriana

Sobreseen a acusada de un delito que no ocurrió, es funcionaria del Copnaf

Fue acusada por una jueza de Familia de desobedecer la orden que aquella emitió para mantener a un niño en estado de vulnerabilidad en un hogar de menores.

El juez de Garantías opinó que la “redacción de la resolución a los fines de ‘completar’ el tipo penal” no fue “precisa, resulta ambigua, y trae consecuentemente dudas de interpretación…” a los efectos de arribar a una sentencia condenatoria. Fiscalía sostuvo que la orden puso al Copnaf en una “situación delicada” y al “margen de la normativa”.

El juez de Garantías de Federal, Maximiliano Larocca Rees, resolvió “disponer el sobreseimiento de la imputada JMB por el delito que se le atribuía, haciendo saber que el presente proceso no ha afectado su buen nombre y honor del que gozaba con anterioridad a este proceso”. Así, el juez dio por concluido un caso que se caracterizó por el entrecruzamiento de procederes de dos normas que representan dos paradigmas distintos: la derogada Ley de Patronato y la vigente Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Facultades

La imputada fue representada por José Velázquez ante los cargos que le formuló por el delito de Desobediencia judicial la jueza de Familia de Federal, María Soledad Villalonga, quien entendió que la funcionaria desobedeció la orden que emitió en relación a la situación de un menor en estado de vulnerabilidad. El defensor solicitó el sobreseimiento destacando que “el Copnaf tuvo en el evento potestad legal para efectivizar la medida que se cuestiona como realizada en desobediencia; y que en su caso la imputada no puede ser autora porque solo cumple un rol visado y hace efectiva las medidas en el territorio”. Al pedido adhirió el Ministerio Público Fiscal, argumentando que “no existió delito en la especie, toda vez que el Copnaf es el único organismo con facultades de dictar medidas excepcionales, y lo que se hizo en este caso ha sido ello…”.

Fuentes judiciales consultadas indicaron que, en el caso, “la jueza no aplicó el bloque normativo vigente constituido por la Convención Internacional de Derechos del Niño, la Ley Nacional N 26.061, la Ley Provincial N 9861, y el reciente Código Procesal de Familia Ley N 10.668 que fue sancionada el 12 de marzo de 2019 y publicada en el Boletín Oficial el 8 de abril de 2019”, fundando su decisión en un paradigma que fue superado y la norma que lo sostenía, derogada.

Competencias

En su postura, el MPF expuso que “el 10 de agosto de 2020 vencieron los 90 días de vigencia de la Medida de Protección Especial (MPE) dictada el 10 de mayo de 2020, a partir de este momento el niño queda en la Institución sin un plan, que justifique su permanencia en la Residencia Mi Lugar, el 13 de agosto de 2020 la Jueza de Familia dispone no trasladar al niño de la ciudad de Federal y Copnaf queda, a mi entender en una situación delicada, incluso al margen de la normativa, pues no cuenta con un plan vigente, y es competencia exclusiva de dicho organismo dictar el mismo, no es ya competencia de un Juez como lo era en un sistema anterior (patronato de menores), pues la jueza dispone se aplique un plan o MPE que ya había caducado por el paso del tiempo, y conforme la normativa vigente, es facultad exclusiva del Copnaf dictar nuevas MPE o prorrogar las mismas pero no puede hacerlo la Jueza….”.

Sin delito

El juez entendió que la conducta que se le atribuyó a la funcionaria “resulta atípica, no encuadrable en la norma penal bajo análisis”. Añadió que “se advierte que, la redacción de la resolución a los fines de ‘completar’ el tipo penal como norma penal en estudio no resulta precisa, resulta ambigua, y trae consecuentemente dudas de interpretación a tal efecto, y si ello sucede, no puede ser utilizada nada más ni nada menos como para sancionar penalmente a una persona, siempre teniendo en miras las garantías constitucionales que hay que se encuentran en juego cuando hablamos de una norma penal que delimita conductas típicas”.

También coincidió con la defensa en que “se trató de una resolución judicial que no iba dirigida directa y personalmente a la imputada, sino que al organismo de protección, la que además, no disponía concretamente una orden negativa (prohibiendo traslado del menor), en la misma se le solicitaba al Copnaf (no a su coordinadora personalmente reitero) que ‘garantice’ la permanencia del menor, pero no la imposibilidad de su traslado”. Así, consideró que “la conducta que se le atribuye a JMB en este caso, resulta improcedente por dos razones: la primera porque la resolución judicial no le fue directamente destinada, y en segundo término, por no tratarse de una orden precisa y clara”.

Fuente: EL DIARIO DE PARANA
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