Saltar menúes de navegación e información institucional Teclas de acceso rápido
DELITO O ACTO DE GOBIERNO?

Testigos aportarán evidencia sobre si hubo delitos o actos de gobierno

A partir de las 9 se retomó la audiencia en la que se intenta determinar la responsabilidad del ex gobernador Sergio Urribarri y funcionarios de sus gestiones y particulares por la contratación de carteles, la publicación de una solicitada, la difusión de cuatro spots y la instalación de un parador de promoción turística en Mar del Plata.

Para Fiscalía los hechos constituyen delitos cometidos para desviar recursos públicos hacia una campaña proselitista para que el ex gobernador Sergio Urribarri llegara a la Presidencia de la Nación.

La defensa sostiene que el ex mandatario nunca fue formalmente candidato, que se están criminalizando aspiraciones políticas y que los trámites objetados se realizaron dentro de la legalidad.

¿Cartelización?

La hipótesis fiscal afirma que entre 2010 y 2015 Urribarri y quien era entonces ministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez, fueron autores de “una maniobra sistemática” destinada a favorecer con contratos de publicidad a cuatro empresas dedicadas a la cartelería en vía pública.

En aquella versión, dos de aquellas firmas, TEP SRL y Next SRL, son una misma empresa con distintas denominaciones que están inscriptas a través de “prestanombres”. Estos serían los imputados Maximiliano, Sena, Emiliano Giacopuzzi, Luciana y Alejandro Almada. Fiscalía afirma que las empresas, en realidad, pertenecen a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y funcionario del Senado.

Fiscalía también se acusa a Aguilera de mantener “un acuerdo espurio de cartelización” con las otras dos firmas beneficiadas: Montañana Publicidad y Jesús José María Bustamante, cuyos titulares fueron imputados como partícipes secundarios, pero están ausentes en el juicio.

El primero porque está enfermo y el tribunal lo apartó del proceso para juzgarlo más adelante y el segundo, porque optó por resolver su situación en un juicio abreviado. Fiscalía sostiene que parte de los cobros de estas dos empresas eran reembolsados mediante “retornos” a las empresas atribuidas a Aguilera, gestión que adjudican a su “mano derecha”, la contadora Corina Cargnel, imputada como partícipe secundaria.

Según indicó en su alegato de apertura la fiscal Goyeneche, el destino de estos delitos no fue el beneficio económico de las empresas, sino que hubo “una sustracción de dineros públicos” al sustituir la publicidad institucional contratada por otra “con el fin individual” de promocionar la figura de Urribarri.

Los fiscales aseguran que el funcionario Gustavo Tamay, encargado de verificar la realización de la publicidad estática, presentaba “certificaciones falsas”. Habrían llegado a esta conclusión al advertir que en los expedientes constan fotos de los carteles retocadas con Photoshop. Para sostener aquella hipótesis destacaron la foto de una vaca que aparece en distintos expedientes de publicidad. Este dato fue advertido al inicio de la investigación por el fiscal Santiago Brugo y la causa fue bautizada como “la causa de la vaca”.

Acerca de las certificaciones, los letrados explicaron que las fotos retocadas son “ilustrativas e intrascendentes”, dado que Tamay no verificaba esas imágenes, sino que las constataciones válidas eran las que realizaba “in situ”, tal como figura en los expedientes.

Toldo

Las defensas señalaron que la empresa TEP no es una imprenta, sino que se dedica a la publicidad, mientras que Next sí lo es, pero resaltaron que nunca contrató con el Estado entrerriano. Aseguraron que las firmas no son propiedad de Aguilera, sino en un 90 por ciento de Sena y Giacopuzzi. Indicaron que ambos se dedican a la actividad gráfica desde 2003, cuando montaron su primera empresa, denominada Cinco Tipos.

Según los defensores, con esta firma, Sena y Giacopuzzi operaron con monotributo y después como responsables inscriptos y, entre muchos otros trabajos, realizaron un toldo verde para el edificio del Ministerio Público Fiscal (MPF). Luego, en 2009, crearon las empresas TEP y Next.

Respecto de la contadora Cargnel, la defensa planteó que no es contadora de Aguilera, sino que trabajaba en un estudio que tenía como cliente a Cinco Tipos y de allí viene el vínculo laboral con Sena y Giacopuzzi, que se mantiene hasta la actualidad.

Los defensores negaron la acusación de “cartelización”, dado que se contrataban muchas empresas y que las investigadas abarcaban menos de un tercio de la publicidad total. Señalaron también que el vínculo de Aguilera con firmas de publicidad tiene que ver con su rol como secretario administrativo del Partido Justicialista y responsable de campañas políticas en esos años.

Puntualmente, informaron que Tamay viajaba por la provincia en un auto oficial asignado para tal fin, que verificaba en persona la realización de las campañas publicitarias y avisaba si había algún cartel dañado por vandalización, tormenta u otro motivo. Además, mencionaron que muchos carteles pueden verse en Google Maps con el contenido correcto.

Verbos

Fiscalía sindica a Urribarri y Báez como autores del delito de Peculado por disponer en 2014 la publicación de una solicitada en medios gráficos de alcance nacional cuyo contenido, según entienden, era tendiente a que el entonces gobernador se posicionara como precandidato a presidente y no para informar sobre actos de gobierno.

Puntualmente, la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, señaló que el nombre de Urribarri figura en el texto “en letra grande”, que se menciona una sola vez a Entre Ríos y que en una oración se usa un verbo en primera persona del plural.

Así, refirió que en la solicitada se puede leer: “Es necesario que las principales fuerzas políticas y sus candidatos a presidente convengamos defender y sostener las conquistas logradas”. La defensa refutó aquel análisis, lo calificó de “burdo” y ejemplificó que en el texto no aparece ni una vez la palabra “yo” y sí figura “21 veces la palabra democracia”.

Aspiraciones

Las defensas rechazaron la acusación porque consideraron que se trató de la “criminalización de las aspiraciones políticas” y sostuvieron que no constituye ningún delito que un gobernador disponga la publicación de una pieza de esta naturaleza fijando una postura como, en este caso, en contra de los denominados “fondos buitre”.

Spots

Fiscalía señaló como delito la difusión de cuatro spots televisivos en medios de todo el país cuando se realizó en Paraná la Cumbre del Mercosur en diciembre de 2014. Cuestionaron el contenido de estas piezas que, a su entender, no fueron para informar sobre políticas públicas, sino “para promocionar a Urribarri como precandidato a presidente e instalar su imagen a nivel nacional”.

Acusan por este hecho al ex gobernador y al ex ministro Báez como autores y a los entonces funcionarios Hugo Céspedes, quien falleció el domingo 10 de octubre, y Gustavo Tórtul, a cargo de la faz administrativa de la cumbre. Argumentaron que en los audiovisuales no se menciona la reunión de presidentes y que “la paleta de colores y la tipografía” que en ellos aparece es idéntica a la utilizada “para la promoción individual”.

Las defensas consideraron “absurdo traer este hecho a un proceso penal” e indicaron que los organismos de control consideraron que la cumbre era “una oportunidad excepcional para promocionar políticas de Estado”, lo cual entienden que coincide con el contenido de las piezas.

Respecto de las cuestiones de diseño, señalaron que no existía por entonces ninguna campaña por parte de Urribarri a las cuales la letra o los colores pudieran asimilarse. También pusieron el ejemplo del amarillo usado en la cartelería de la ciudad de Buenos Aires, que coincide con el color del partido de gobierno. “Y a nadie se le ocurre decir que hay un desvío de fondos para una campaña electoral de Horacio Rodríguez Larreta”, expusieron.

Diseño

Para la fiscalía, la instalación de un parador en la playa La Perla de Mar del Plata durante enero de 2015 no fue para promocionar el turismo entrerriano sino, una vez más, para “promocionar la imagen de Urribarri con fondos públicos”.

Los fiscales sostiene que en las fotos y los videos del parador se observa un diseño diferente al de los dibujos que constan en el expediente de la contratación y advierten que el logo de la provincia de Entre Ríos fue sustituido por una foto del entonces gobernador. “El diseño del proyecto es íntegramente de campaña y se observa claramente cómo se proyectaba la imagen del señor Urribarri”, aseguró Goyeneche y mencionó nuevamente “la paleta de colores y la tipografía”.

Desde la defensa, se informó que, una vez inaugurado el parador, no había allí ninguna foto de Urribarri y se defendió el objetivo de promover el turismo en una de las ciudades más populares del país, en el mes de mayor afluencia, con comparsas, juegos y números artísticos. También advirtieron que el ex gobernador no fue candidato y, en cambio, sí se incrementaron exponencialmente los índices de ocupación turística gracias a acciones como la del parador.

“Que Urribarri haya expresado públicamente que le gustaría ser presidente no constituye delito. Es como si a un juez le preguntan si quiere ser miembro de la Corte Suprema”, expresó un defensor. Otro acotó: “Todos los intendentes quieren ser gobernadores y todos los gobernadores quieren ser presidentes. Y no por esos sus actos de gobierno van a considerarse como un desvío de recursos”.

Señalaron además que ese verano había instalaciones similares de Buenos Aires, Córdoba y otras provincias turísticas. “Seguramente esos distritos tenían un gobernador que tendría una aspiración política y no por eso está acusado de ningún delito”, indicaron.

Testigos

A partir de las 9 declararán los tres primeros testigos de los 150 citados. Se trata de Teresa Beatriz Pot, que fue citada para ratificar el contenido del acta de allanamiento realizado en el domicilio de calle Racedo Nº 415 de Paraná el 1 de agosto de 2016 y por el hallazgo de un dispositivo de almacenamiento tipo disco externo hallado en el domicilio sito en calle Irigoyen Nº 891 de Paraná.

Pot, según sostuvo Goyeneche en los alegatos, manifestó que, en el procedimiento, Cargnel arrojó un disco rígido por una ventana. El supuesto hecho fue advertido por una vecina que avisó a los efectivos que estaban allí.

También declarará el delegado judicial, Ignacio Fariña, que lo hará respecto del acta de allanamiento realizado en el domicilio de calle Racedo, el acta de entrega del 30 de junio de 2017 del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos.

Finalmente declarará el subinspector de la Policía Federal Argentina, delegación Paraná, Enrique Maximiliano Pepe, sobre el acta de allanamiento y procedimiento realizado el 1 de agosto de 2016, en el domicilio de calle Racedo Nº 415.

Fuente: eldiario.com.ar
DELITO O ACTO DE GOBIERNO?

Teclas de acceso