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MEGAJUICIO POR CAUSAS ACUMULADAS

Testigos pusieron en jaque las hipótesis de Fiscalía

Tres testigos declararon durante una nueva jornada del juicio que se lleva adelante al ex gobernador Sergio Urribarri; los ex ministros de Comunicación, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó, y otros ex funcionarios y particularidades por supuestas irregularidades en la contratación y aplicación de fondos públicos. Las funcionarias Mariela Teruel y Maricel Brusco detallaron los procedimientos de contratación de publicidad, explicaron por qué se usa la vía directa y negaron favoritismo hacia las empresas sospechadas . También negaron presiones de superiores. Entre ambas testimonió el ex legislador Hugo Berthet.

La acusación fiscal en los cinco legajos de investigación llevados a juicio en estas audiencias se apalanca en la supuesta comisión de dos delitos: peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Para sostener estos cargos, Fiscalía puso la lupa en una serie de presuntos ejes comunes en todos los casos:

- El mecanismo de contratación utilizado, la vía directa.

- El proceso administrativo usado antes, durante y después de la contratación de publicidad.

- El favoritismo a un grupo de empresas (TEP; Next – Formato Urbano; Bustamante y Montañana).

- La injerencia de Urribarri; Báez y Juan Pablo Aguilera (cuñado del ex mandatario) en pro de esas firmas. Incluso el Ministerio Público Fiscal postula que Aguilera es el dueño real de TEP y Next y que quienes figuran como propietarios (Emiliano Giacopuzzi; Luciana y Alejandro Almada y Maximiliano Sena) son en realidad prestanombres.

Estos fueron los puntos principales de la batería de preguntas que los fiscales lanzaron sobre Maricel Brusco, actual Secretaria de Comunicación y Mariela Teruel, quien hoy por hoy se desempeña como subsecretaria de Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos de la Secretaría. Ambas vienen desempeñándose en el área de comunicación (que fue Dirección, luego Ministerio y ahora secretaría) desde 1999 a la fecha, con distintos grados y áreas de responsabilidad.

Con mayor extensión Teruel (declaró casi cuatro horas) y más precisión Brusco fueron explicando y detallando los porqué administrativos y funcionales de los hechos sobre los cuales el Ministerio Público Fiscal sustenta su acusación.

Opciones

Con respecto a la contratación directa por vía de excepción, Teruel y Brusco fueron contestes en señalar que es el mecanismo que se utiliza en el Gobierno de Entre Ríos al menos desde 1999, año en que ambas se incorporaron a la administración pública provincial.

Esto implica que fue el método al que echaron mano las administraciones del radical Sergio Alberto Montiel (1999-2003) y los justicialistas Jorge Busti (2003 – 2007); Sergio Urribarri (2007 – 2015) y Gustavo Border (2015 a la fecha).

Más allá de la transversalidad política en el uso de la contratación directa por vía de excepción, hay una razón práctica y un entorno general que fundan esta decisión, según explicaron.

Citando la ley provincial 5.140, que establece este camino para que el Estado contrate publicidad Brusco sentenció: “Se determinó la imposibilidad de otro mecanismo (distinto) que el de contratación directa por vía de excepción para medios de comunicación, con lo cual coincidimos”.

Más adelante comentó las razones de hacer una licitación pública para contratar espacios en medios de comunicación. “Resulta muy dificultoso hablar de licitaciones en medios de comunicación. Si se define una campaña integral de comunicación, incluirá la mayoría de los canales de la provincia porque cada medio de comunicación es un valor en sí mismo. No tienen la misma audiencia ni la misma impronta ¿Qué tienen en común? Que son canales de TV ¿Cuál sería el criterio, el parámetro por el cual yo puedo licitar entre un canal u otro? ¿El que cobra más barato? ¿El que tiene más audiencia? O los auspicios de programas periodísticos, por ejemplo”, graficó.

Teruel, por su parte, fue consultada varias veces sobre este tópico. En una de las intervenciones, narró que, llegado el caso, una licitación sólo podría ser sobre un plan de medios, un esquema de trabajo que incluye las características de cómo tiene que darse la publicación oficial. Pero que para eso, desde el armado, el sistema llevaría a que se esté direccionando hacia tal o cual medio la publicidad. Y hasta señaló que dejaría fuera de escena a los medios provinciales y locales, dándole preponderancia a las agencias que pueden contratar en diversos espacios, encareciendo de paso el costo para el Estado entre un 25 y un 30 por ciento, dado que esa es la comisión de estilo de estas empresas.

También señaló el factor tiempo. No se puede saber qué ocurrirá en los próximos seis meses, tiempo mínimo que demanda una licitación. Y graficó: “No se puede licitar para el programa de (Marcelo) Tinelli porque en seis meses puede no estar más al aire”. En el mismo sentido remarcó que la prolongación de los pagos y de la contratación pública puede hacer que un espacio ofrecido en la licitación no esté más disponible al momento de la adjudicación.

Tanto Teruel como Brusco recordaron los esfuerzos hechos en conjunto con el ex Secretario General de la Gobernación y actual Senador nacional, Edgardo Kueider, para armar un esquema de licitaciones, algo que resultó infructuoso.

Teruel también comentó que el Estado no contrata con medios que no estén inscriptos en el registro de Comunicación. Este sistema se empezó a implementar en 2009, dándosele un plazo que no recordó a las empresas para que se ajusten a esta disposición. Esto era de particular interés para la Fiscalía, dado que la acusación contra Báez en el legajo “Global Means” se sustenta en la supuesta incongruencia de fechas entre la contratación y la registración de la empresa.

Asimismo, marcó que si el medio emite la publicidad y no cumple con las condiciones que el Estado impuso en la contratación, la Administración Pública no paga.

Un largo camino

Desde la sanción de la 5.140, remarcó Brusco, se fueron dando mejoras en los sistemas de control y de rendición de la publicidad oficial. Y Teruel fue detallando cómo el sistema que hasta 2013 funcionaba sólo con el criterio de quien ocupaba la Dirección de Información Pública saltó (tras pasar a ser Ministerio) a un esquema que incluía la justificación de la contratación, la emisión de un dictamen legal y otro contable, incorporando el apuntalamiento de las formas de certificar las emisiones.

La actual titular del área administrativa y legal de Comunicación fue consultada sobre el rol de Gustavo Tamay, a quien se acusa de mal desempeño en la verificación de los carteles en ruta, debido a que en varios casos se presentaron en expedientes fotos iguales para constatar contrataciones diferentes.

Sobre ese punto, Teruel comentó que existía confianza en que si Tamay iba a verificar, efectivamente lo hacía. “Él viajaba mucho”, recordó, trayendo a colación que también en varias oportunidades el ex funcionario acusado avisó que había carteles rotos y que las empresas debían reemplazarlos.

“¿Como corroboran que el cartel esté en la ubicación?”, insistió la Fiscalía. “Con la certificación de Tamay”, recalcó la testigo, informando al Tribunal que hubo siempre “desprolijidades” en las presentaciones de certificaciones, en particular en vía pública. “Es habitual que los medios manden con las certificaciones. Y que se los hable para subsanarlos”, dijo.

Cuando le mostraron los expedientes de Montañana y Bustamante que justificaban las publicaciones con fotos similares, Teruel apuntó que hubo deslealtad por parte de las empresas. Y puso de relieve que entre una y otra había más de cuatro meses de diferencia, lo que hacía imposible que la persona que visaba los expedientes pudiera darse cuenta de la similitud dado que por año se tramitan unas 12 mil órdenes de publicidad.

“No somos peritos en Comunicación ni podemos retener qué fotos trajo cada uno en meses anteriores”, se quejó mientras miraba las fojas con las imágenes.

Luego, subrayó que aún al día de hoy “no tenemos normativa de cómo tiene que ser la certificación. El medio la manda. En radio y TV no podemos controlar las salidas, se confía en los medios; en redes sociales y medios digitales tenemos gente verificando y en vía pública contamos con la carpeta digital”, una recopilación de imágenes por campaña de todos los carteles contratados en las calles y rutas de la provincia según detalló.

Zona gris

Con respecto al supuesto favoritismo en la contratación de publicidad para con las empresas de publicidad en vía pública TEP; Next; Bustamante y Montañana, y el supuesto rol de Aguilera en las dos primeras, Teruel destacó que a todas las empresas de vía pública que estaban inscriptas “se les daba publicidad” oficial por igual.

Fiscalía indagó entonces sobre si sabía quiénes eran los propietarios de las firmas. “No recuerdo quienes eran los referentes de estas empresas. No sé quienes son los dueños de medios. Tendríamos una persona de contacto para hacerle llegar el material y orden. No puedo asegurar quienes son”, aseveró.

Por otro lado, tanto Teruel como Brusco negaron haber recibido por parte de Aguilera interés en alguna orden, pago o contratación de publicidad.

Otro punto sobre el cual avanzó la Fiscalía fueron los llamados que recibió Teruel de dos teléfonos ligados a la empresa Nelly Enterteiment, propiedad de Jorge “Corcho” Rodríguez. La firma fue contratada para difundir spots sobre las políticas provinciales durante la Cumbre del Mercosur que se concretó en Paraná en 2014.

La funcionaria juró por sus hijas que no había hablado nunca con Rodríguez ni tampoco con otro integrante de Nelly, pese a que los registros de las empresas telefónicas marcaban llamados entre el número de Teruel y los de ambos.

Sí reconoció que pudo haber sido consultada por la empresa sobre cómo registrarse como medio en la provincia para poder hacer el trámite de cobro de la contratación. Tras la intervención de Fiscalía, el abogado defensor de Báez, José Velázquez mostró al Tribunal que el número atribuido “Corcho” era de una flota de empresa y que coincidía con el que tenía registrado como contacto Nelly Entertaiment.

Recuerdos

Entre el testimonio de Teruel y el de Brusco, fue llamado a declarar el ex legislador justicialista Hugo Berthet.

El primer objetivo de la convocatoria de quien fuera diputado y luego senador provincial fue conocer si los empleados que, como testigos, indicaron que habían trabajado a medio tiempo en las imprentas TEP y Next y también como contratados suyos en la Legislatura habían dicho la verdad. Berthet lo ratificó. Dijo que eran gente de General Campos, donde vivió muchos años, y que los conocía de allí. Pero se desligó de cómo se dio el papeleo en Administración y de cómo les pagaban sus contratos.

El segundo motivo estuvo ligado a la exposición que dio en 2016 ante Fiscalía. En esa oportunidad dijo que en 2010 Aguilera, decepcionado de la política por la falta de oportunidades de crecimiento personal, le había comentado que quería poner una imprenta con su señora. Ante el Tribunal dijo que se acordaba de eso, pero que no sabía si lo había concretado o no. Y que un tiempo después el cuñado de Urribarri había logrado llegar a ser secretario de bloque en el Senado, dando a entender que la frustración que lo iba a alejar de lo público y lo llevaba a un emprendimiento particular ya no existía.

Fuente: APFDIGITAL
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