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POR FALTA DE OBJETIVIDAD

Tras la remisión a juicio, pidieron el apartamiento de los fiscales Yedro y Aramberry de la investigación de la causa contratos

Uno de los abogados defensores en la denominada ‘causa contratos de la Legislatura’ confirmó a RADIO LA VOZ que solicitó la recusación de los dos fiscales que intervienen en la investigación, luego de conocerse la decisión de Patricia Yedro e Ignacio Aramberry de pedir la elevación del expediente a juicio oral y público.

“Después de haber leído el pedido de elevación a juicio, considero que se han violado principios que hacen a las garantías constitucionales de mi defendido, mediante el no cumplimiento de cuales son sus deberes y responsabilidades dentro de un proceso, por lo cual, la solución que cabe es pedir el apartamiento de la causa”, afirmó Emilio Fouces.

“Las razones están más que fundadas, están dadas las condiciones para el apartamiento de los fiscales – prosiguió el letrado – en el caso de mi defendido, existe falta de objetividad en la investigación, básicamente, los fiscales son los responsables de la acción pública y deben obrar en base a objetividad porque representan al Estado, al interés de la comunidad, entonces, si ven que hay elementos para acusar, deben acusar y si ven que hay elementos para exculpar, deben también hacerlo ver, no tienen que obrar como una parte, como un defensor. Ellos tienen que ver cual es la realidad de la causa”, destacó.

“La otra parte que reprocho a la Fiscalía es la falta de profundizar en ciertos aspectos de la investigación que, a través de esa profundización, cambiaría dentro de la hipótesis acusatoria, cambiaría mucho la situación de mis defendidos en cuanto a autoría, participación, incluso, llegado el caso, para escalas penales”, agregó a RADIO LA VOZ.

Emilio Fouces recordó que la modalidad de contratos de obra, “tienen características propias que, de ninguna manera, se condice con lo que argumenta la Fiscalía, por ejemplo, que tendrían que tener un lugar para desarrollar su actividad, un horario, una función determinada. Son contratos donde la discrecionalidad del legislador, le permitía, dentro de un presupuesto previamente asignado, establecer esas pautas, incluso, no todos tenían el mismo horario pactado”.

“Estoy convencido de que deben ser apartados”, reiteró.

“A mi criterio, su accionar dentro del proceso no es acorde a lo que establece la ley, es un cuestionamiento de la forma en la que llevaron adelante la investigación primero y la acusación después, que no se condice con lo que establecen las obligaciones de la ley”, dijo a través de RADIO LA VOZ.

Fuente: RADIO LA VOZ
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