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OPINIÓN

Ruben Almara:
UN EQUILIBRIO INESTABLE EN LA JUSTICIA ENTRERRIANA.

Por Ruben Almara

La destitución por mal desempeño a la Fiscal Adjunta autoproclamada, Fiscal Anticorrupción, instaló un juego político en la administración de la justicia entrerriana.

“El Poder Judicial de Entre Ríos es independiente, incorruptible y transparente” dijo la Presidenta del STJER, Susana Medina en un contexto de inestabilidad en la justicia entrerriana. Todos los funcionarios y funcionarias del estado están sujeto a la ley y a la interpelación de la sociedad. Y aunque no les guste, los integrantes del Ministerio Publico Fiscal de Entre Ríos también son funcionarios del estado.

El Honorable Jurado de Enjuiciamiento (HJE), no es un tribunal de justicia sino es un proceso de remoción sujeto a la regla del debido proceso, que tiene como fin la separación del cargo al funcionario judicial en pos de la protección de los intereses públicos contra el riesgo u ofensa, derivados del abuso del poder, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo, pero de ninguna manera el castigo. Es por eso, el rol acusador el MPF en un jury no es esencial, tal como lo sostuvo el propio Procurador en los casos de Salem y Rossi. Es decir, el HJE no necesita de la acusación del MPF para destituir a una funcionaria, solo a partir de la racionalidad de los principios (no directrices políticas) se buscó brindar las máximas garantías a la enjuiciada y de salvaguardar cualquier cuestionamiento hacia la idoneidad del órgano acusador y la transparencia institucional. Hipotéticamente hablando, ¿qué objetividad, transparencia habría si un fiscal del MPF no hubiere acusado a la Fiscal Adjunta?

Ese fue el meollo de la cuestión en el caso de la Fiscal Adjunta Cecilia Goyeneche. No se la separó del cargo porque no se excusó, sino porque desempeñó una conducta incompatible con la dignidad del cargo, entorpeció la investigación y abusó de su autoridad. Todo ello la llevó a perder la objetividad y alejarse de la ley. Pero no terminó allí, sino que el MPF bajo las directrices políticas del Procurador General Jorge García se erigió como un órgano extra ley, custodio de valores y soberano absoluto de la verdad (su verdad); con la suficiente tiranía para no respetar las instituciones y politizar a la administración de justicia, al mismo órgano judicial.

¿A qué me refiero cuando hablo de la politización de la administración de la justicia por parte MPF? Se trata del desplazamiento del lenguaje de la racionalidad jurídica hacia el lenguaje de la política donde prima la voluntad de poder que plantó la bandera del “derecho a no ser acusado”. Esto ha causado inestabilidad en la forma de administrar justicia, entre quienes defienden la racionalidad jurídica por un lado, y el discurso político por el otro. Pero no termina ahí la tensión, sino que uno se pregunta ¿cómo percibe la sociedad esa tensión comunicativa? Esa voluntad de poder del MPF acompañado por las firmas de agentes fiscales que dejaron sus funciones habituales, con sus actos solo comunicaron su resistencia a respetar las instituciones a la que ellos mismos se deben. Esas actitudes, ponen en crisis la vigencia de la ley y a su procedimiento como forma de resolver los conflictos. Si los propios funcionarios judiciales desautorizan la ley, ¿Qué se les puede exigir a los ciudadanos y ciudadanas? ¿O solo los funcionarios del MPF están fuera de la ley? ¿Solo ellos pueden desafiar la ley? ¿Se podrá hablar de desobediencia por parte del MPF?

Pero no termina allí, los coletazos de esta inestabilidad de la justicia entrerriana se traslada a las elecciones de las autoridades de la Asociación de Magistrados de la provincia de Entre Ríos donde una de esas agrupaciones lleva el eslogan “para que nunca más ocurra lo que pasó con Cecilia”, como se observa, esta lista desplaza la discusión acerca de la administración de justicia hacia la politización de la misma. No es casualidad, que esa lista sea encabezada por la Vocal Ana Clara Pauletti de extracto radical, hija Edelmiro Pauletti quien fuere vicegobernador en la gestión de Sergio Montiel. Esta Vocal, siempre candidata a la Vocalía del STJER, hoy se convierte en el brazo operador del pretenso candidato a gobernador, Rogelio Frigerio.

Queda por pensar el próximo capítulo, ¿Qué conducta se espera de un funcionario judicial para la dignificación del cargo? Un primer paso lo dió la Presidenta del STJER al convocar al Procurador General para tratar preocupantes cuestiones de naturaleza institucional que involucran al Poder Judicial que integra el MPF.

Fuente: RADIO LA VOZ. Autor: Ruben Almara
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