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UN JUEZ DEBE ACTUAR DE ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN

Velazquez: “Mandaron a estudiar a una jueza entrerriana: aplicaba criterios anteriores a 1994”

La magistrada – todavía en funciones – actuó 120 días después de una medida del Copnaf, cuando por ley debe hacerlo a las 24 horas como máximo.

El abogado José Velázquez charló con Radio La Voz sobre la vergonzosa situación en la que quedó una jueza de familia, luego de aplicar criterios de protección de derechos anteriores a 1994, y enojarse – de paso – con la funcionaria del Copnaf que implementó ciertas medidas de protección de derechos, denunciándola penalmente.

Velázquez señaló: “Una jueza de familia, de Federal, María Villalonga, denunció penalmente a una funcionara del Copnaf, por desobediencia judicial. Art. 239 del Código Penal, con una pena de 15 días a un año. Pero en este caso, la joven funcionaria no puede acceder a la resolución del conflicto por otra vía, así que le perjudicaba la carrera política de esta joven”.

“Cuando comenzamos a investigar la causa, la supuesta desobediencia a una resolución de una jueza de familia, radicaba en fundamentos de normativa no vigente”, explicó el letrado.

“Para que se entienda: históricamente, el juez de familia estaba enmarcado en la forma de patronato, donde podía intervenir en situación de vulnerabilidad en relación a chicos, y podía disponer medidas de excepción, de restitución de derechos… todo pasaba por el juez”.

“A partir del año 1994, con la incorporación de los derechos del niño, a la Constitución, se rompe con ese paradigma, y se pasa al de protección integral, para pasar el juez a solo garantizar la legalidad. Del “super juez” de familia, queda solo para garantizar la legalidad. En el resto interviene el Copnaf”, indicó el abogado a Radio La Voz.

“Hay leyes provinciales, incluso del año pasado la más nueva. Pero como al juez no le gusta lo que hace el funcionario… denuncia penal. Con esto está entorpeciendo políticas de estado, sustentada en tratados internacionales. Por suerte, la Fiscal abrió la investigación, y la etapa de producción de pruebas, fue solo acercar normativa. La Fiscal acompañó, y el juez de garantías dictó el sobreseimiento”, puntualizó Velázquez.

El letrado continuó: “Esta funcionaria había encontrado una situación de vulnerabilidad en unos chiquitos. Se tomó una medida por 90 días, y por ley, la jueza tiene que tomar una resolución en 24 días. Esta jueza resolvió 120 días después. Llegó tan tarde a resolver, que ya había cambiado la política de abordaje de la vulnerabilidad. Ella se enojó… y por eso denunció penalmente por desobediencia judicial a la funcionaria”.

“Nos sentimos muy acompañados por el Ministerio Público Fiscal, en este sentido. Y si a la jueza no le gustaba la normativa, debe declarar la inconstitucionalidad, y no manejarse como patrón de estancia”.

En este sentido, Velázquez adelantó que “se presentarán notas al Senado, para que tomen conocimiento de esto, porque no puede ser que tengamos jueces que no apliquen las leyes vigentes. Tan simple y contundente como eso. Y si no le gusta, hay herramientas como la declaración de inconstitucionalidad… y no hacer denuncias penales”.

“Un juez de familia, en el interior, empieza a ordenar a los municipios distintas medidas… por eso lo que necesitamos es que el juez comience a actuar de acuerdo a la Constitución. Son ellos los que primero deben actuar de acuerdo a la ley, y no querer convertirse en legisladores de hecho”, explicó el abogado. “Por eso presentamos una nota de conocimiento al Senado, informando que hay una ley que no se está aplicando, evaluando también la posibilidad de iniciar un jury”, añadió.

velazquez.mp3

Fuente: lavoz
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